Efe – El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha recordado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el símbolo de los lazos amarillos «no es compartido por la totalidad de los catalanes», por lo que «no es neutral» y debe ser suprimido en período electoral. Barcelona (España), lunes 18 de noviembre de 2019.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha celebrado este lunes el juicio por desobediencia a Torra, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta dos años, acusado de desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en el periodo electoral de las generales del pasado 28 de abril.
En sus informes finales, el fiscal ha apuntado además el «desprecio» del presidente catalán hacia la JEC, que fue «intensificando» con el paso de los días, con una falta de «respeto institucional» que, «coloquialmente», hizo que se «viniera arriba».
Bañeres ha constatado el «comportamiento» del presidente catalán con su «nula disposición a acatar» la orden de la JEC, expresando de esta manera su «falta de consideración» hacia este órgano.
El fiscal ha recordado que el 21 de marzo Torra sustituyó la pancarta con el lazo amarillo por otra con uno de color blanco, en una «ostentación de su intención de desobedecer» a la JEC.
En este sentido, ha subrayado que el presidente catalán, para incumplir la orden de la JEC, hizo de «paladín» de la libertad de expresión con «gesticulaciones» y «aspavientos» en sus declaraciones públicas o en las notas de prensa de la Generalitat, con un «comportamiento renuente» en el que se presentaba como «único defensor» de este derecho.
Ha argumentado que, como «autoridad superior», las decisiones de la JEC son «perentorias» y de obligado cumplimiento, no solo para Torra, también para el presidente del Gobierno y para todos los poderes públicos en general.
Además, ha recordado que en Cataluña la JEC es el único órgano «competente», puesto que es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia, de manera que las elecciones en esta comunidad tienen como base la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
Desde la acusación popular, ejercida por VOX, el abogado Juan Cremades ha advertido de que incumplir resoluciones judiciales o administrativas no queda «amparado» en el derecho a la libertad de expresión, y ha concluido que Torra no solo incumplió la resolución de la JEC, sino que se «regodeó» ante la opinión pública de su incumplimiento.
Cremades ha denunciado que, para intentar dilatar el cumplimiento de los acuerdos de la JEC, Torra pidió unos informes al Síndic de Greuges -a quien en una ocasión se ha referido como «Síndico de Agravios»-, que se mostró partidario de que se retiraran los símbolos.
Según VOX, Torra actuó con conocimiento del deber de acatamiento al dictamen de la JEC, siendo consciente de las consecuencias penales y administrativas que podían comportarle sus actos y vulnerando de forma «manifiesta y a conciencia» la obligación de los poderes públicos de mantener la «neutralidad política» durante los periodos electorales, ya que optó por mantener «su habitual pulso al Estado de derecho».
«Que un gobernante incumpla la ley le quita toda la autoridad de su cargo. No solo gobierna para una parte de los catalanes, sino para toda la ciudadanía», ha remarcado
