Madrid (España), miércoles 6 de mayo de 2026 (Efe).- Juicio Caso Ábalos | Para la Fiscalía, «no se trata de establecer un número 1, 2 o 3, y ha subrayado el fiscal jefe que ese número uno «no lo era el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye a Aldama».
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, ha subrayado este miércoles que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, «no era» el número 1 de la «organización criminal» en la que sitúa al exministro José Luis Ábalos Meco, como «con notable desahogo» dijo el comisionista y también acusado, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (Víctor de Aldama).
Luzón ha expuesto en el Tribunal Supremo su informe final del juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, en el que ha defendido la prueba de cargo «demoledora» de que los tres formaban una «estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes» en la que de quien dependían las decisiones era del ministro, al que el empresario y «arrepentido» recompensaba con comisiones.
El también exdirigente socialista era, según la Fiscalía, «el denominado jefe por unos y por otros» y, aunque la Guardia Civil consideró que «quien paga manda» y ese es Aldama, Luzón ha precisado que el comisionista no intervino en algunos de los delitos que atribuye a Ábalos y Koldo García -como lo referido al supuesto enchufe de dos mujeres en empresas públicas-. Para esos supuestos delitos, ha dicho, no le necesitaron.
Pero, para la Fiscalía, «no se trata de establecer un número 1, 2 o 3, y ha subrayado Luzón que ese número uno «no lo era el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye a Aldama».
El fiscal ha defendido que «no debe extrañarnos la presencia de un ministro en la cúspide o engranaje esencial» dentro de una organización criminal que entiende acreditada y donde el entonces asesor, de quien ha destacado su «grosera elocuencia», «operaba siempre en nombre y por cuenta del señor Ábalos».
El fiscal mantiene 7 años de cárcel para el corruptor Víctor de Aldama
Koldo García era «el interlocutor natural para hablar con el ministro» y Aldama «fue la persona que aprovechó esa influencia» para conseguir sus propósitos y quien les «entregaba periódicas cantidades de dinero para asegurarse la oportunidad cuando le llegara».
Pacto «cerrado y privilegiado» de Ábalos y Aldama
Luzón ha resaltado además el acuerdo «cerrado y privilegiado» que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tenía con el comisionista Víctor de Aldama para que los contratos de mascarillas en la pandemia fueran adjudicados a Soluciones de Gestión, como propuso el empresario.
El fiscal ha dejado claro que cuando en marzo de 2020 se declaró el estado de alarma, al comisionista «no se le podían escapar los lucrativos contratos de las mascarillas».
Para el fiscal, en todo el proceso de contratación del material sanitario en el Ministerio era «garantizar el máximo beneficio» de Aldama, una persona, que según Luzón, estaba empotrado en Transportes.
Aunque el fiscal ha reconocido los problemas que en el inicio de la pandemia había para el abastecimiento de mascarillas, ha opinado también que eso no puede «evitar analizar y perseguir aquellas conductas que al abrigo de esa situación de emergencia permitió a determinadas personas un beneficio ilícito».
Ve probado el enchufe de la exnovia de Ábalos
El fiscal jefe de Anticorrupción ha considerado también probado que el exministro José Luis Ábalos intervino para que su expareja y otra mujer fuesen contratadas en empresas públicas, y ha destacado el papel que jugó la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
Ha sido una parte del informe en la que el fiscal se ha mostrado especialmente crítico y ha admitido una «cierta desolación» ante la existencia de empresas públicas «casi parasitadas» por el «poder político» donde, por ejemplo, «se coloca a un asesor claramente incompetente en una empresa pública porque es una tradición», en alusión a Koldo García como consejero de Renfe Cercanías.
«Las empresas públicas no pueden ser espacio para la colocación de personal», ha dicho Luzón, que se ha referido a ellas como un «refugio o aparcamiento de políticos», «sustento» de sus familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen «esas eufemísticamente llamadas ‘sobrinas’», como un testigo dijo que Pardo de Vera llamaba a Jéssica Rodríguez.
Tras hablar de «contexto cuasicolonial» en el que «la mera sugerencia del ministro, sus meros deseos se convierten en órdenes ejecutivas», ha señalado que Ábalos llamó a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y desde ahí «se va descendiendo en una cadena de influencias en una corte servil».
Para Luzón, está «plenamente acreditado que Koldo, por cuenta de Ábalos, ejerce presión moral sobre Pardo de Vera» para que Jéssica Rodríguez empiece a trabajar, y ha considerado «curioso» que la expresidenta de Adif declarase que sólo envió su currículum y que eso no significa nada.
Discrepa el fiscal porque si el currículum lo envía la presidenta de Adif «sí tiene mucho significado». Pardo de Vera está investigada por esta contratación, entre otros asuntos, en la Audiencia Nacional.