Fiscalía: Los (MENAS) que fuguen de los centros en España caen en manos de mafias

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 07.08.2019. El Fiscal Coordinador de Menores, José Javier Huete, durante la entrevista. Efe.

Efe – Pregunta: ¿Tiene la Fiscalía datos sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) que incurren en delitos? Respuesta: No podemos saber el porcentaje, no lo permite la recogida de datos informáticos, algunas fiscalías lo han hecho de forma manual. No es excesivamente preocupante a la vista del número total, pero es más la impresión que se obtiene por la repercusión mediática que tienen determinadas acciones. El Fiscal Coordinador de Menores, José Javier Huete, alerta, en una entrevista con Efe, de que están detectando casos de menores extranjeros que viajan solos que caen en redes, que aprovechan su desprotección y vulnerabilidad en España para extorsionar a sus familias. Madrid (España), miércoles 7 de agosto de 2019. 

Los menores extranjeros que llegan solos a España son, ante todo, víctimas de falta de oportunidades en su país, de un viaje terrible hasta llegar a Europa y de los déficit de un sistema colapsado que no puede impedir que se fuguen de los centros y caigan en algunos casos en manos de esas mafias, explica Huete.

Dirige una fiscalía especializada dedicada a proteger a esos niños, conocidos como menas, que no tienen un adulto de referencia y que deben cumplimentar un itinerario legal, que a muchos les permitirá tener una segunda oportunidad. Defiende que en nueve meses como máximo debe completarse su documentación y su permiso de residencia.

PREGUNTA: Cuesta mucho que la gente vea a los menas como niños y como víctimas, incluso se habla de que el término mena cosifica a estos menores.

RESPUESTA: Está claro que es una víctima. Es una persona desprotegida, que es objeto de presiones durante todo el viaje. Cuando llegan a un territorio que ellos creen que es Europa y que han conseguido su deseo se encuentran con que se les va a exigir una serie de condiciones, documentarlo, intentar buscar a su familia o intentar repatriarlo, porque se considera que la mejor situación para el menor es su familia.

Llegan a un territorio en el que las administraciones tienen que intervenir: la Fiscalía determinando su edad, la Policía identificando, la tutela de la administración y con unos recursos que son los que son. Y mientras tanto el menor va a estar en centros que solo si no están saturados pueden atender sus necesidades, pero cuando hay saturación las dificultades son inevitables porque no se les puede atender individualizadamente.

P: Pero en muchas comunidades los centros están saturados y se ve a los menores durmiendo en parques o en la vía pública.

R: A veces el hacinamiento, las incomprensiones culturales o el hecho de que sean centros abiertos hacen que estén fuera y ahí entran en los grupos, pero esto no solo ocurre con los menores extranjeros también con los menores nacionales. Entonces están más expuestos a conductas delictivas y a consumos de sustancias, como esnifar pegamento.

Cuando abandonan el centro por esas circunstancias, ese entorno va a crear un foco de marginalidad, se generan conductas contrarias y en ocasiones son las que ven los ciudadanos, pero no es siempre así, hay chicos que están en los centros y siguen un tratamiento educacional.

P: Esas conductas delictivas, que son las que trascienden en los medios de comunicación, ¿preocupan a la Fiscalía?

R: No es una conducta delictiva generalizada (entre los menas), las hay y cuando las hay, tienen mucha repercusión, pero no hay que olvidar que son víctimas cuando salen, en el viaje, cuando llegan y cuando están aquí. Algunos menores que están en los centros pueden ser objeto de extorsiones por grupos criminales, que van a extorsionar a las familias en los países de origen.

Hay momentos puntales en los que determinadas conductas de menas generan una alarma importante; por un lado está la obligación de informar pero por otro se magnifica la información.

Los fiscales me dicen que la situación es muy dispar; hay determinados territorios, en grandes ciudades, en los que se están generando bolsas de exclusión y de marginalidad, en las que esa percepción social tiene un punto de anclaje; pero hay otras regiones en las que no se está produciendo eso y hacer una afirmación general no es válido.

P: ¿Tiene la Fiscalía datos sobre menas que incurren en delitos?

R: No podemos saber el porcentaje, no lo permite la recogida de datos informáticos, algunas fiscalías lo han hecho de forma manual. No es excesivamente preocupante a la vista del número total, pero es más la impresión que se obtiene por la repercusión mediática que tienen determinadas acciones.

Por ejemplo, respecto a la «Manada de Manresa», solo con ese dato de que son magrebíes se ha generado esa sensación de que son los magrebíes instalados en Manresa los causantes y no es tal. La degradación de la zona no viene exclusivamente por la presencia de menas, sino por otros factores, y el hecho de que aparezca un dato de esa naturaleza magnifica la sensación, no tanto la realidad.

P: ¿Por qué es tan complicado saber cuántos menas hay en España y dónde están?

R: Todo mena que llega por patera, por salto o cruce de fronteras va a ser sometido a identificación. Sí sabemos los que han entrado, sabemos que inicialmente fueron a un centro de acogida de una comunidad autónoma, pero los menores se van, hay muchas fugas y hay mucha movilidad. No sabemos los que han dado el salto fuera de España, porque hay menores que atendimos en comunidades y han aparecido en Francia, Alemania o Bélgica. La situación real, la cifra absoluta es imposible de conocer.

P: Los gobiernos autonómicos, que tienen la competencia en menores, ¿están garantizando su protección?

R: En el momento en que un recurso está saturado no garantiza la protección de un menor que sería procedente. El diseño teórico de la ley es un diseño válido y bien pensado, pero sobre la base de recursos que han quedado insuficientes por el aumento tan elevado de menas que han llegado en los últimos dos años.

P: ¿Y cuál es la solución?

R: España tiene que hacer lo que está haciendo dentro de la medida de sus posibilidades, pero es necesario establecer un mecanismo de cooperación internacional, porque un país solo no puede hacer frente a este problema, tiene que ser una acción concertada de la UE.

El foco hay que ponerlo en los países de origen, en su desarrollo, es la única opción posible, que en sus países haya oportunidades para que estos chicos no tengan que estar iniciando un viaje tan peligroso. Mientas tanto tenemos que mejorar la coordinación entre las distintas entidades públicas.

P: ¿Qué se debe mejorar respecto a ese proceso administrativo?

R: Cada cierto tiempo los fiscales visitan los centros y preguntan cómo está la situación documental de cada menor, que tiene que ser identificado, ver su nacionalidad, ver cuáles son sus padres y si pueden estar con ellos. La documentación del menor es indispensable en todos los ámbitos de su vida, tiene que tener una identidad y hay unos plazos que contempla la ley de Extranjería. Cuando la ley habla a los nueve meses es un plazo a término, el menor debe estar identificado antes de ese plazo.