Fiscalía rechaza indultar a Griñán por cometer delitos más graves

"La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho". "En el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley". "Además del control del poder público, la imparcialidad". "Y la corrección en la actuación administrativa", manifiesta la Fiscalía Anticorrupción.

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FOTOGRAFÍA. SEVILLA AÑO 2019. Fiscalía rechaza indultar a Griñán por cometer delitos más graves. El socialista expresidente andaluz José Antonio Griñán Martínez, condenado a 6 años de prisión por el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos que repartieron los Gobiernos autonómicos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) repartieron a amiguetes y gente afín al PSOE en la Comunidad autónoma andaluza. Efe.
FOTOGRAFÍA. SEVILLA AÑO 2019. Fiscalía rechaza indultar a Griñán por cometer delitos más graves. El socialista expresidente andaluz José Antonio Griñán Martínez, condenado a 6 años de prisión por el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos que repartieron los Gobiernos autonómicos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) repartieron a amiguetes y gente afín al PSOE en la Comunidad autónoma andaluza. Efe.

Sevilla (Reino de España), viernes 5 de abril de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La Fiscalía rechaza indultar a Griñán por cometer delitos más graves en el seno de la Administración Pública. El Ministerio Público recuerda al juez que el Tribunal Supremo recoge que la malversación es una forma más de corrupción política.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de indulto del condenado expresidente de la Junta de Andalucía y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Comunidad autónoma de Andalucía, José Antonio Griñán Martínez, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE -falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)-, y de los otros siete ex altos cargos de su régimen, todos miembros del PSOE, condenados por malversación en la misma causa.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la conducta enjuiciada «no puede quedar sin respuesta punitiva» mediante la conmutación parcial de la cárcel, «pretensión que excede del carácter excepcional» del indulto, según un escrito remitido a la Audiencia de Sevilla.

«Los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial», añade.

La Fiscalía considera que no puede reconocerse la «honestidad y honradez de José Antonio Griñán Martínez», que se presenta como mérito en la solicitud, cuando se le ha condenado por los delitos «más graves cometidos en el seno de la Administración Pública». Y en su ejecución se evidencia «un flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública».

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Ha indicado que la malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el «manejo honesto» de los fondos públicos. Y entiende que «no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones».

Tras examinar los argumentos de la petición de indulto, «sustentada en razones de justicia y equidad», la Fiscalía Anticorrupción entiende que no guardan relación con la naturaleza y finalidad del indulto.

Además, ha expuesto que los delitos objetos de condena no requieren un enriquecimiento económico propio. Y que ninguna de las sentencias recoge la presencia de dilaciones en el tiempo atendiendo a la extensión temporal y la complejidad de los hechos.

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Ha recordado que el Tribunal Supremo recoge que la malversación es una forma más de corrupción política. Y señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse desde una concepción democrática del poder público.

«La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho». «En el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley». «Además del control del poder público, la imparcialidad». «Y la corrección en la actuación administrativa», manifiesta la Fiscalía Anticorrupción.