Efe – «No existe constancia, por no haber sido así, de ser el entonces conseller Forn quien modulara o atemperara la concreta ejecución de esos planes notificados a la coordinación de fuerzas», apunta. Madrid (España), viernes 12 de enero de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), jueves 31 de agosto de 2017. El consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn (i), junto al mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero (d), durante la rueda de prensa. Efe.
El exconseller de Interior Joaquim Forn ha pedido al Tribunal Supremo que lo deje en libertad porque, pese a que los atestados policiales le han «satanizado» para darle un «perfil criminal desatado», nunca puso a los Mossos d’Esquadra «al servicio del proyecto independentista del Govern».
Así lo sostiene Forn en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que pide su libertad provisional al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ante quien ayer ya se desvinculó del dispositivo policial de los Mossos d’Esquadra con motivo del referéndum del 1-O y durante el acoso a la comitiva judicial en el registro a la consellería de Economía del pasado 20 de septiembre.
Forn, que en su escrito insiste en que no repetirá de conseller de Interior, remarca que ante Llarena ya expresó ayer «sin ambigüedades, reservas o ambivalencias semánticas» que su «convicción y voluntad firme» se sitúan en «desplegar su actividad política en relación a los fines de consecución de un Estado propio para Cataluña con sujeción al marco y cauces normativos que la Constitución de 1978 y el Estatut de 2006 contemplan».
Además, niega que los Mossos fueran pasivos el 1-O y el 20 de septiembre y se desvincula de los operativos policiales de esas dos jornadas, que se llevaron a cabo siguiendo criterios «estrictamente policiales», sin que exista «remotamente» ningún «principio de prueba» de que intentara «alterar la naturaleza» de la policía catalana como cuerpo judicial y su sujeción a la Ley.
«Nunca, y de ningún modo, puso (Forn) los Mossos d’Esquadra al servicio del proyecto independentista del Govern del que formaba parte. Sin duda, una tal conducta habría sido extraordinariamente grave, pero el conseller supo disociar su compromiso con los impulsos políticos del Govern y las específicas obligaciones como conseller de Interior», sostiene el escrito.
Según el escrito, se deben analizar «separadamente» los planos de «desoír» las resoluciones del Tribunal Constitucional y su encaje en el delito de desobediencia «respecto de el mando de los Mossos d’Esquadra que permanecieron fieles a los mandatos normativos y judiciales sin incitación a lo contrario por quien fuera conseller de Interior».
Respecto al 1-O, Forn asegura que no puede sostenerse que hubiera «pasividad» en los Mossos d’Esquadra ya que los diferentes planes de actuación y elaborados para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales se presentaron a la Guardia Civil y la Policía Nacional, al Director del Gabinete de Coordinación, Diego Pérez de los Cobos, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sin que nadie los enmendara.
«No existe constancia, por no haber sido así, de ser el entonces conseller Forn quien modulara o atemperara la concreta ejecución de esos planes notificados a la coordinación de fuerzas», apunta.
Además, también niega la «pasividad» de los Mossos durante el acoso a la comitiva judicial del 20 de septiembre, ya que las decisiones operativas se tomaron el relación al orden público «por razones estrictamente policiales vinculadas a los principios de proporcionalidad y ponderación de menor lesividad».
«No existe, ni remotamente, atisbo de intoxicación y/o incitación desviada desde el poder político del conseller Forn, que permita afirmar ejerció dominio funcional del curso causal en el discurrir del operativo policial (del 20 de septiembre). Los mandos policiales declarantes han asumido, lealmente, como propias y sin incidencia extraña del poder político, las medidas tomadas, su clase y su intensidad», alega.
El escrito destaca que Forn es un «servidor público de larga trayectoria», en que ha destacado por su «capacidad gestora» y por su «afable flexibilidad en la búsqueda de soluciones de encuentro y diálogo», por lo que lamenta que los atestados policiales han «distorsionado y satanizado» su imagen con una «selectiva y unidireccional mención a pasajes distorsionados» de sus declaraciones para atribuirle una suerte de «perfil criminal desatado».
Como ejemplo, apunta que en los atestados se le atribuye que aseguró en una entrevista que «si se acepta la nueva realidad política no habrá colisión entre policías», si bien en el contenido íntegro de la noticia se infiere que únicamente contemplaba como eventual posibilidad «un conflicto de competencias entre cuerpos», sin que aparezca, ni «en un plano de hipótesis», una confrontación armada entre ellos.
