El golpista Jordi al juez: Soy un hombre de “paz”

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Jordi Sànchez, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de JxCat. Archivo Efe.

Efe – Tras reiterar que nunca ha defendido la unilateralidad, sino que siempre ha apostado por la “vía pacífica y democrática”, el imputado pide a Llarena que la única forma de acreditar que acata la Constitución es poder ejercer su función de diputado. “Lo contrario dejaría como única opción la renuncia al cargo”, añade. Madrid (España), viernes 12 de enero de 2018. Fotografía: Jordi Sànchez, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de JxCat. Archivo Efe.

Jordi Sànchez, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana y diputado de JxCat, ha pedido al Supremo que lo deje en libertad, dado que “la situación se está normalizando” en Cataluña tras unas elecciones celebradas en “plena paz social”, y ha insistido en que su renuncia a la vía unilateral no es “oportunista”.

Jordi Pina, abogado de Sànchez, ha presentado hoy un escrito ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que le investiga por rebelión, en que le pide que se le ponga en libertad provisional, tras recordar que ya ha presentado un escrito en el Parlament de “juramento o promesa” de acatar la Constitución y el Estatut.

Como ya hiciera en su declaración de ayer ante el instructor, Sànchez insiste en su escrito, a que ha tenido acceso Efe, que acepta “el vigente marco constitucional” y que si su grupo parlamentario “alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia, no seguirá ninguna decisión en ese sentido”.

Según el exlíder de la ANC, su desmarque de la vía unilateral “no debe considerarse oportunista ni mendaz”, sino que supone “la verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista”.

Jordi Sànchez alega además que, cuando abandonó la presidencia de la ANC perdió “aquella capacidad de movilización ciudadana” en que el juez basó su decisión de encarcelarlo y recuerda que, desde que se convocaron las elecciones, “no se ha producido absolutamente ninguna alteración de la paz pública”, como lo demuestra que el Ministerio haya retirado a las fuerzas de seguridad desplegadas en Cataluña.

Ello es un “evidente indicio”, según sostiene Sànchez en su escrito, de que “paulatinamente la situación se está normalizando” en Cataluña.

Tras reiterar que nunca ha defendido la unilateralidad, sino que siempre ha apostado por la “vía pacífica y democrática”, el imputado pide a Llarena que la única forma de acreditar que acata la Constitución es poder ejercer su función de diputado. “Lo contrario dejaría como única opción la renuncia al cargo”, añade.

La defensa de Sànchez considera que, una vez éste ha sido elegido diputado del Parlament, su situación procesal debería ser la misma que la de otros investigados que están en libertad provisional, “siendo idénticas tales circunstancias”.

El escrito recalca que la ANC “jamás ha convocado, organizado ni financiado” el referéndum del 1 de octubre, sino que se limitó a animar a los ciudadanos a participar de forma pacífica en él, y que Sànchez no ha recibido “personalmente” ningún requerimiento judicial de abstenerse en sus comportamientos.

Para la defensa de Sànchez, los hechos que se le atribuyen se enmarcan “en un legítimo contexto reivindicativo que, de no ser por su innegable connotación política y por su condición de presidente de la ANC difícilmente habrían motivado una actuación penal, y menos aún por un delito tan grave como la sedición”.

En ese sentido, la defensa argumenta que, pese a las “incontables” manifestaciones convocadas en los últimos años para impedir desahucios ordenados judicialmente, “nadie se ha planteado jamás imputar a los responsables de tales hechos delitos tan sumamente graves como la sedición”.

Jordi Sànchez mantiene que la manifestación del pasado 20 de septiembre ante la consellería de Economía, donde se practicaba un registro ordenado por el juez, transcurrió de forma “festiva”, sin que la “comisión puntual de excesos” por parte de algunos de los concentrados la convierta en un “alzamiento público o tumultuario”.

“Es injusto que toda una labor reivindicativa y pacífica durante años de la entidad que presidía mi mandante pueda quedar empañada por una concreta actuación de unos cuantos exaltados, no representativos del resto de manifestantes”, lamenta.

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