Redacción.- El Grupo Parlamentario de VOX ha presentado este martes en el Parlamento de Cataluña una Propuesta de Resolución en la que exige al Gobierno separatista aprobar de «manera urgente un Plan de Medidas Antifraude» para la gestión de los fondos europeos.
El portavoz del Grupo Parlamentario de esta formación en la cámara catalana, Antonio Gallego Burgos, ha explicado que «queremos asegurarnos que, al menos, esta vez los fondos públicos se destinen a lo que se tienen que destinar: crear empleo, riqueza y ayudar a las empresas que más los pueden aprovechar. No vamos a aceptar que se destinen las ayudas europeas a amiguetes de lazo amarillo en solapa ni a causas separatistas».
«Exigimos que se apruebe con carácter inmediato un Plan Antifraude en Cataluña, de acuerdo con la legislación nacional, como han hecho ya otras comunidades» -añadió- «vamos a fiscalizar cada euro de ayudas europeas».
Para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, la Comisión Europea impulsó un paquete de asistencia económica a los Estados miembro proporcionando ayudas financieras directas.
A tal fin, se creó el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La propuesta presentada por VOX argumenta que los «Estados beneficiarios están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que la utilización de los fondos se ajuste al derecho internacional y nacional en cuanto a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses».
La formación presidida en el Parlamento de Cataluña por Ignacio Garriga Vaz de Concicao considera indispensable que el Gobierno separatista del hispanófobo Pere Aragonés García apruebe, como han hecho otras regiones, un documento y unos protocolos claramente transparentes para combatir el fraude y recuerda que ya en noviembre de 2021, la Oficina Antifrau de Cataluña presentó el documento ««Plan de medidas antifraude» para la gestión de los fondos Next Generation EU» en el que se recogen una serie de importantes recomendaciones para evitar una gestión ilícita de los citados fondos y garantizar que los recursos se destinan a las finalidades previstas.
