Bormujos, 27 septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El secretario general de Vox denuncia la doble vara de medir de la izquierda y recuerda el reciente suicidio de una desahuciada en Hospitalet ocultado por el sanchismo; Ignacio Garriga desenmascara el «rédito político» del Partido Socialista (PSOE) con el caso Maricarmen.
El secretario general de Vox y presidente del Grupo Parlamentario en Cataluña, Ignacio Garriga Vaz de Conceiçao, ha respondido con extrema dureza al presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, tras el anuncio en tromba de este último sobre la aprobación de un inminente Real Decreto Ley sobre Vivienda. Garriga ha utilizado la red social X para destapar la que considera «la verdad oculta» tras la sobreexposición del caso de María del Carmen Abascal (Maricarmen), la anciana de 70 años desahuciada en Madrid, acusando directamente al líder del PSOE de instrumentalizar las desgracias sociales en busca de beneficio partidista.
El número dos de Vox recordó que España registró más de 20.000 desahucios el año pasado sin que el Ejecutivo manifestara preocupación similar, sugiriendo que la atención a Maricarmen responde a un cálculo de rédito político. Asimismo, registró el silencio de la izquierda ante otros casos como el suicidio de una mujer de 52 años desahuciada en Hospitalet bajo administraciones socialistas, concluyendo que el sanchismo utiliza estos episodios con fines puramente partidistas.
El mitin de Sánchez: Promesas rotas y parches tras ocho años en el poder
La reacción de Vox se produjo después de que Pedro Sánchez anunciara en Getafe medidas urgentes en materia de vivienda y criticara a la oposición. Desde Vox se señala que tras ocho años de gobierno socialista, los problemas de acceso a la vivienda persisten y las soluciones ofrecidas, como la creación de la «Entidad Estatal de Vivienda y Suelo CASA47», resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis habitacional. El proyecto público de Sánchez, que apenas debutó en el boletín estatal con 800 inmuebles disponibles, es visto por la formación patriota como una maniobra propagandística para camuflar el fracaso del intervencionismo de precios que tanto el PSOE como el ala radical del Ejecutivo, Movimiento Sumar, defienden.
La burda instrumentalización y el engaño de los Zurdos
Desde las filas patriotas se insiste en que el caso de Maricarmen es el ejemplo perfecto de la burda instrumentalización, manipulación y engaño sistemático que realizan los Zurdos en España. El aparato político y mediático de la izquierda se ha volcado de forma hipócrita en esta dolorosa historia únicamente porque han detectado una oportunidad de oro para desgastar a los gobiernos de corte conservador de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Para la extrema izquierda, las personas vulnerables no son ciudadanos a los que proteger, sino meros peones y escudos humanos utilizables en sus mítines ideológicos con el único fin de encubrir su absoluta ineptitud de gestión.
Este sectarismo de los Zurdos queda retratado al comprobar cómo silencian de forma canallesca los miles de desahucios diarios que ocurren en regiones gobernadas por el bloque socialista. Detrás de sus falsas consignas de «humanidad» y «justicia social» se esconde una maquiavélica estrategia: no les interesa solucionar estructuralmente el problema habitacional, prefieren cronificar la precariedad de las familias para mantenerlas dependientes de las subvenciones del Estado y controladas bajo su red clientelar, convirtiendo cada drama humano en un negocio electoral de usar y tirar.
La puntilla del PSOE: La destructiva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994
Al rastrear el origen legal que desprotegió a miles de familias, la investigación conduce de forma directa a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, aprobada bajo el mandato socialista de Felipe González Márquez. En la Exposición de Motivos de aquella ley, el PSOE defendió abiertamente la necesidad de «liberalizar» el mercado del alquiler y suprimir los equilibrios tradicionales en favor del arrendatario. El socialismo alegó entonces que la legislación histórica era «anacrónica» y que se requería un vuelco legal para atraer la inversión privada, sentando paradójicamente las bases para que los grandes fondos internacionales desembarcaran años después en el mercado inmobiliario español.
La gran trampa de la LAU de 1994 —que ha terminado por sentenciar el desalojo de Maricarmen— fue la introducción de la Disposición Transitoria Segunda. El texto redactado por el Gobierno del PSOE fijó una fecha de caducidad implacable a las históricas prórrogas forzosas de los contratos de renta antigua anteriores a 1985. El redactado socialista determinó de forma taxativa que, tras el fallecimiento del inquilino original, los hijos solo podrían subrogarse en el alquiler por un periodo máximo y excepcional de dos años, eliminando el blindaje familiar vitalicio.
Bajo el falso pretexto de buscar un «equilibrio contractual», el PSOE de Felipe González destruyó la seguridad jurídica de los inquilinos más vulnerables. Con la aplicación progresiva de los plazos de extinción dictados en esa ley de 1994, miles de ancianos e inquilinos de larga duración se han visto abocados en las últimas décadas a la pérdida de sus hogares históricos, desenmascarando el hecho de que el socialismo legisló activamente para desmantelar la protección social que amparaba a la clase trabajadora.
El contraste histórico: El bienestar habitacional decretado por Francisco Franco
En contraposición al desarraigo provocado por las normativas socialistas, el análisis de la historia demuestra que las políticas de vivienda decretadas por el general Francisco Franco Bahamonde fueron las que verdaderamente cimentaron el bienestar de las clases medias y populares en España. El régimen franquista, a través de la pionera Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946 y su posterior reforma de 1964, impuso un estricto blindaje social mediante la congelación de las rentas y el establecimiento de la prórroga forzosa indefinida de los contratos de alquiler. Aquella legislación supeditaba el derecho de propiedad a su estricta función social, impidiendo por ley que los propietarios o grandes tenedores pudieran rescindir unilateralmente los contratos o inflar los precios de forma desorbitada.
Paralelamente, el marco normativo de Francisco Franco priorizó la creación de un gigantesco parque de protección oficial, facilitando que millones de obreros y familias humildes accedieran a la propiedad de sus hogares en plazos razonables de entre 8 y 10 años, una realidad inimaginable en la España actual. Las leyes de protección a la vivienda de renta reducida y los sucesivos planes nacionales de vivienda permitieron que el número de viviendas familiares en el país se duplicara entre 1960 y 1980. El sistema garantizaba que un sueldo modesto bastara para cubrir un techo digno y seguro, proporcionando una estabilidad social sin precedentes en la historia contemporánea de la nación.
Resulta una paradoja histórica que el socialismo y la extrema izquierda traten constantemente de señalar a Franco como el demonio en sus campañas de memoria histórica, cuando fueron precisamente las estructuras de protección social del franquismo las que garantizaron el bienestar y la paz residencial de ciudadanas como Maricarmen durante siete décadas. Ha sido la irrupción del PSOE y de sus satélites extremistas en las instituciones lo que, a golpe de decretos liberalizadores primero e inacción regulatoria después, ha destruido el escudo legal de los inquilinos tradicionales, dejando los barrios a merced de la especulación y convirtiendo el derecho constitucional a la vivienda en una quimera inalcanzable para las nuevas generaciones.