Lasvocesdelpueblo y Agencias – El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y socio de Pablo Iglesias en la alianza ‘morada’ (Unidos Podemos), Alberto Garzón, asegura que no existe ningún delito de «rebelión» en la Causa del ‘Procés’ y es hora que el presidente de Gobierno actúe desde la Abogacía del Estado para pedir el archivo del caso. Garzón: El Gobierno debe opinar sobre el proceso judicial que afecta a los líderes independentistas, pues no se trata de un proceso aislado y afecta de forma directa a la convivencia en Cataluña y una anomalía que distorsiona de forma sorprendente a una democracia. No hay delito de rebelión, ha mantenido Garzón, quien cree, desde su posición de no independentista que si el Gobierno comparte este criterio debería de dar instrucciones a la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno, para que no se imputaran esos dos delitos a los líderes independentistas, ha dicho Garzón. Santa Cruz de Tenerife (España), viernes 26 de octubre de 2018. Fotografía: SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 26.10.2018. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa que ofreció hoy en la sede de su partido en Santa Cruz de Tenerife. Efe.
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha pedido hoy a los partidos independentistas que no exijan al Gobierno determinadas actuaciones en materia judicial a cambio de aprobar los presupuestos de 2019.
En rueda de prensa, Garzón ha admitido que le gustaría que los partidos independentistas no pongan como condición para apoyar las cuentas públicas demandas que, «siendo legítimas por su parte», corresponden a «otro ámbito de actuación».
«Es un error por parte de los partidos independentistas exigir al Gobierno determinadas actuaciones en materia judicial a cambio de aprobar los presupuestos que mejoran la vida de las familias trabajadoras también en Cataluña, y eso es independiente de cómo se gestione el proceso catalán», ha manifestado.
El coordinador de IU ha criticado asimismo que se trata de un error táctico exigir demandas en materia independentista que puede recaer sobre las familias trabajadoras y se ha posicionado a favor de normalizar relaciones y de canalizar políticamente lo que es un conflicto que no se va a poder resolver ni por jueces ni policías.
También se ha mostrado partidario de que el Gobierno opine sobre el proceso judicial que afecta a los líderes independentistas, pues «no se trata de un proceso aislado» y afecta de forma directa a la convivencia en Cataluña y una anomalía que distorsiona de forma sorprendente a una democracia.
A su juicio, el Ejecutivo tiene que opinar si hay rebelión, lo cual no tiene que ver con que el Tribunal Supremo mantenga el delito.
No hay delito de rebelión, ha mantenido Garzón, quien cree, desde su posición de «no independentista» que si el Gobierno comparte este criterio debería de dar instrucciones a la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno, para que no se imputaran esos dos delitos a los líderes independentistas.
El delito de rebelión fue modificado en el Congreso de los Diputados a propuesta de Izquierda Unida para que la violencia fuera un requisito imprescindible para que se tuviera que ser acusado, ha recordado Garzón, quien no ve violencia en los actos de los líderes independentistas que se encuentran en la cárcel.
Aunque el Gobierno «no debe meterse» en las cuestiones del poder judicial, el coordinador federal de IU ha insistido en que el Gobierno «debería opinar» de la misma forma que el poder judicial no debería de entrometerse «en las cosas» de la política mas allá de sus ámbitos.
«La cuestión política en Cataluña afecta de forma directa a la convivencia en Cataluña como afecta que lleven más de un año los lideres independentistas en prisión provisional», ha aseverado Garzón.
Respecto a los presupuestos, ha precisado que todavía han de ser elaborados por el Gobierno de España, aunque ya tiene un punto de anclaje y es el acuerdo al que se ha llegado con Izquierda Unida y Podemos.
Se trata, ha continuado, de un muy buen acuerdo para empezar y un primer paso para revertir las políticas económicas y los recortes que se iniciaron durante los gobiernos del PP.
«Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo lo antes posible que cristalice esta serie de medidas y propuestas de cambio de política económica», ha manifestado Garzón, quien ha destacado que subir el salario mínimo a 900 euros es una palanca de transformación social muy importante.
La mejor manera de garantizar los servicios públicos y luchar contra la pobreza es una política de estimulo económico e inversión en lo publico y un sistema fiscal progresivo, ha añadido, al tiempo que ha lamentado que el PP se haya mostrado claramente en contra del acuerdo con el PSOE en el ámbito fiscal.
