Redacción – El colectivo español «Galicia Bilingüe» ha tramitado una queja por «vulneración de derechos ante la Defensora del Pueblo». Una joven residente en Orense (Galicia) tiene que matricularse en Guadalajara para estudiar un ciclo formativo en la lengua oficial de su país en su país, el español. Se trata de una joven nacida en Andalucía, pero que reside en Orense desde hace un año, ha acudido a Galicia Bilingüe en busca de asesoramiento ante la imposibilidad de estudiar en español ni en Orense, ni en ningún otro lugar de Galicia, el Ciclo de Grado Superior (…) que necesita para completar su formación. Orense (España), miércoles 27 de julio de 2016. Fotografía: más de cinco mil gallegos reclamando su ‘libertad a elegir’ la lengua de sus niños en centros escolares en Galicia. Archivo de Galicia Bilingüe. lasvocesdelpueblo.
En un comunicado al portal español de noticias Lasvocesdelpueblo este martes 26 de julio de 2016, (GB) asegura que en el instituto de esta ciudad donde se imparte el ciclo a distancia, que es la modalidad en la que ella quiere matricularse para poder compaginar los estudios con su trabajo, le informaron de que la plataforma a través de la que se estudia y se realizan los trabajos, está exclusivamente en gallego.
En cuanto a los exámenes, queda a criterio de los profesores decidir en que lengua habrán de realizarse. Por otra parte, toda la información publicada en la web de la Consejería de Educación sobre ciclos formativos, así como la documentación a cumplimentar para realizar la preinscripción, sólo están disponibles en gallego desde la página web del gobierno autonómico del Partido Popular en Galicia.
Ante los requerimientos de «Galicia Bilingüe» , desde la Junta de Galicia ofrecieron como solución que utilizase un traductor, o que siguiera las indicaciones de alguien de la Consejería para ir realizando la tramitación. En cuanto a la plataforma desde la que se estudia, afirmaron que tenían intención de traducirla al español próximamente, pero sólo el sistema operativo, no los contenidos, que seguirán estando exclusivamente en gallego.
Cabe recordar que tras las denuncias de «Galicia Bilingüe» ante instancias europeas, la Junta de Galicia comenzó a añadir la opción ‘español’ a sus páginas web. Pero todavía quedan restos de monolingüismo como este, además en una plataforma virtual con contenidos para estudiar y realizar trabajos.
Desde «Galicia Bilingüe» se le buscó a la joven un centro donde poder estudiar en español. El centro público más cercano a su lugar de residencia es el IES Brianda de Mendoza en Guadalajara, y ella debería trasladarse hasta allí para realizar las pruebas presenciales. Existe otro en Castilla León, pero se trata de un centro privado que no se puede costear.
La asociación pro libertad de elección de lengua también ha elaborado una queja que ella ha presentado ante la Defensora del Pueblo, ya que esta situación no sólo supone un claro caso de discriminación lingüística, sino también una vulneración del artículo 139.2 de la Constitución Española, que establece que no se podrán adoptar medidas «que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español».
Es evidente que de manera, cuando menos indirecta, se está obstaculizando su libertad de establecimiento en una parte del territorio de nuestro país y, de facto, a la hora de ejercer derechos fundamentales, se le está obligando a recibir información y un servicio público en una lengua que no es razonable suponer que haya tenido la posibilidad de conocer al punto de poder ejercer eficazmente los citados derechos.
Este tipo de políticas excluyentes, que no sólo se aplican en Galicia, sino en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España (CC.AA) con lengua cooficial, no sólo perjudican a ciudadanos concretos y suponen una vulneración de los derechos de los gallegos hispanohablantes o de quienes prefieren ser atendidos en español, sino que pueden disuadir a personas que, como esta joven, se trasladan a nuestra comunidad con la intención de establecerse.
No se promociona el gallego excluyendo el español de una parte sustancial de la enseñanza, ni tratando a personas de nuestro país como extranjeros que necesitan un traductor para consultar información oficial.
Adjuntamos el texto de la queja ante la Defensora del Pueblo
«A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DEFENSORA DEL PUEBLO
Doña _________________, con DNI nº ____________, con domicilio en Ourense, calle __________________, CP _________desea exponer la siguiente QUEJA:
La interesada desea cursar el grado superior (…) en la modalidad a distancia.
La interesada es originaria de Andalucía, donde ha residido hasta hace un año, trasladándose a la ciudad de Ourense por motivos de trabajo pero, tanto en esta ciudad, como en el resto de la Comunidad Autónoma de Galicia, no es posible realizar tales estudios en castellano, lengua materna y de uso habitual de la interesada. Bien al contrario, la situación que se ha encontrado es la siguiente:
a) Deberá estudiar la mitad de las materias en gallego.
b) La plataforma virtual en la que tendría que realizar los trabajos está disponible sólo en gallego.
c) El sitio web de la Junta de Galicia para recibir información sobre Formación Profesional, y desde la que se han de realizar los trámites de preinscripción, está exclusivamente en gallego: http://www.edu.xunta.es/fp/.
Por todo lo anterior, se ve seriamente perjudicada a la hora de ejercer un derecho fundamental como es el de la educación.
Se ha interesado por la posibilidad de recibir las citadas enseñanzas a distancia en centros de fuera de Galicia, y el lugar más cercano que ha encontrado para realizar estos estudios en un centro público está en Guadalajara, pero de elegir esta opción, debería desplazarse para realizar las pruebas presenciales, con los
consiguientes gastos y trastornos de todo tipo.
Considera que esta situación, además de injustificada, no deja de ser una vulneración del artículo 139.2 de la Constitución Española, que establece lo siguiente: «Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español», y es evidente que de manera, cuando menos indirecta, se está obstaculizando su libertad de establecimiento en una parte del territorio nacional y, de facto, a la hora de ejercer derechos fundamentales, se le está obligando a recibir información y un servicio público en una lengua que no tiene el deber de conocer y que no es razonable suponer que haya tenido la posibilidad de conocerla al punto de poder ejercer razonablemente los citados derechos.
Por todo lo expuesto, solicita que desde la Institución que preside, lleve a cabo las gestiones oportunas para que no sean vulnerados sus derechos por parte de los poderes públicos autonómicos y se corrijan las situaciones objeto de su queja.
En Ourense, a 20 de julio de 2016»
