Efe – La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que el Estado defenderá «hasta las últimas consecuencias» a la jurisdicción española y a Llarena en la demanda presentada contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsellers fugados, y ha hecho hincapié en que no ha habido ningún cambio en el Gobierno, sino solo un estudio de cada una de las acciones para realizarlas «bien». Madrid (España), lunes 27 de agosto de 2018. fotografía: ESPAÑA, AÑO 2017. El juez que instruye la causa abierta por el golpe de estado fascista en Cataluña conocido como ‘Caso Procés’, Pablo Llarena, ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión. Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado «con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», aquel procesado que ostente un cargo público quedará «automáticamente suspendido» en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento. Efe
La mayoría de las asociaciones judiciales celebran el «necesario» cambio de postura del Gobierno en relación a la contratación de un bufete belga para defender la soberanía jurisdiccional española en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Una actuación que, a ojos de la mayoría de las asociaciones, supone una «rectificación» de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del «procés» pero «en ningún caso» por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.
Tras un fin de semana en el que distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como varios partidos políticos, hayan instado al Gobierno a asumir la defensa de Llarena, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, celebra que «se haya impuesto la sensatez y el interés de España».
Y recuerda que la Abogacía del Estado ya defendió en varios informes la personación al entender que la demanda está sustentada en hechos relacionados con el ejercicio del cargo como juez y no en cuestiones privadas de Llarena.
Almenar subraya a Efe que la personación del Estado es un acto «obligado, necesario y urgente» y advierte de «los graves riesgos» que entrañaría no hacerlo.
Según el portavoz, el Estado solo puede alegar ante el tribunal belga que la demanda afecta a «la integridad e inmunidad de la jurisdicción española» y no al juez a título personal antes de la vista del 4 de septiembre, a la que Llarena no está obligado a asistir personalmente; de ahí «la necesidad de que la personación fuese antes de ese día».
También celebran el «evidente» cambio de postura del Gobierno los portavoces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI), que lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura.
Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, subraya a Efe la unidad de la mayoría de las asociaciones en este asunto, que se manifestaron a favor de la defensa de Llarena, mientras que Concepción Rodríguez (FJI) insiste en que «no se trata de asuntos particulares» del juez, sino que es algo que afecta al Estado en su conjunto.
La única que difiere de las demás es Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera que no ha habido un cambio de estrategia porque el Estado se iba a personar «en todo momento», si bien precisa que el Gobierno lo tenía que haber dicho «de manera muy clara» desde el principio.
En este punto, su portavoz, Ignacio González Vega, critica la ambigüedad con la que el Ministerio de Justicia hizo esa distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional.
