Impugnada la Comisión separata de ataque a la Guardia Civil y Policía por impedir el 1-O

Lasvocesdelpueblo
BARCELONA (ESPAÑA), 12.10.2017. Monumento Rafael Casanova. Un catalán muestra su apoyo a la Guardia Civil por su excelente actuación junto a la Policía Nacional durante el golpe de estado del Gobierno de la Generalidad de Cataluña el 1-O. Lasvocesdelpueblo.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno d ela Nación española ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del gobierno de la Generalidad de Cataluña contra la excelente actuación policial para parar su golpe de estado del pasado uno de octubre en Cataluña, con la complicidad de la gestapo catalana, Mozos de Escuadra, (1-O). Barcelona (España), viernes 20 de octubre de 2017. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 12.10.2017. Monumento Rafael Casanova. Un catalán muestra su apoyo a la Guardia Civil por su excelente actuación junto a la Policía Nacional durante el golpe de estado del Gobierno de la Generalidad de Cataluña el 1-O. Lasvocesdelpueblo.

Se trata de una creación, según el separatismo en Cataluña, de la “Comisión sobre violación de derechos fundamentales por las cargas policiales durante la jornada del referéndum del 1-O”, cuando la Generalidad y sus entidades ANC y Ómnium llamaron a niños, jóvenes y ancianos separatas a ocupar los centros de votación la madrugada del día d ela votación ilegal para hacer de escudos humanos.

Según el Gobierno, la comisión separatista busca las omisiones y vulneraciones de derechos fundamentales por parte del Estado, la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de Seguridad, y “produce una serie de situaciones de inconstitucionalidad” que vulneran las competencias de el Estado sobre administración de justicia y legislación procesal, además violar la presunción de inocencia y la garantía del derecho al honor.

Según Méndez de Vigo, la impugnación también se basa en el hecho de que la comisión no prevea trasladar sus resultados a los órganos judiciales, y pretendía atribuir a la Generalidad un poder para investigar sin “tener en cuenta el Poder Judicial”.

Según Méndez de Vigo, la comisión sobre la violación de los derechos fundamentales “pretendía difundir las violaciones de derechos fundamentales” con motivo del 1-O, pero “sólo las imputables a instituciones y órganos del Estado”.

“Es evidente que la constitución de esta comisión produce una serie de situaciones de inconstitucionalidad”, dijo, porque “vulnera las competencias del Estado”.

El pasado 2 de octubre el gobierno separatista acordó la “creación de una comisión especial de investigación sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña” por “recogeremos toda la información, ingente y de todo tipo, desde las denuncias de ciudadanos hasta el material informativo que acredita las violaciones de derechos.

Además anunció que el Gobierno separatista en Cataluña se personaría como acusación particular en todos los casos y daría toda la cobertura que sea necesario a las víctimas.

El acuerdo provocó la reacción de los estamentos judiciales.

El presidente el Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, pidió al Ejecutivo español que adoptara acciones legales contra la creación de la comisión por lo que considera “un desprecio” y “una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial”.

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