Imputados racistas altos cargos de la Generalidad hoy ante el juez del 1-O

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BARCELONA (ESPAÑA), 11.02.2018. El exjefe de Gabinete de la conselleria de Gobernación Jordi Cabrafiga, acude a los juzgados de la Ciudad de la Justicia para ser interrogado por el juez que investiga al Govern por los `reparativos del 1-O. Efe.

Efe – Los dos imputados que ya han declarado han respondido tanto a las preguntas de sus representantes legales como a las que les ha formulado el fiscal con el objetivo de aclarar su participación en la web utilizada para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Barcelona (España), domingo 11 de febrero de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 11.02.2018. El exjefe de Gabinete de la conselleria de Gobernación Jordi Cabrafiga, acude a los juzgados de la Ciudad de la Justicia para ser interrogado por el juez que investiga al Govern por los `reparativos del 1-O. Efe.

El exjefe de gabinete de la conselleria de Gobernación Jordi Cabrafiga y el director de área de TIC del CTTI, Lluis Domingo Anaya, han abandonado antes de las 18.00 horas la Ciudad de la Justicia de Barcelona tras responder ante el juez a las preguntas de sus abogados y de la fiscalía, según fuentes judiciales.

Cabrafiga y Anaya son dos de las cinco personas que habían sido citadas hoy a declarar por el juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O y han sido los primeros en declarar y en abandonar la Ciudad de la Justicia, sin hacer declaraciones a los medios.

También han sido citados a declarar el director corporativo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat, Valentín Arroyo, y otros dos empleados del centro que habrían tenido un papel importante en la activación de la web referendum.cat con vistas a la celebración del 1-O.

Los dos imputados que ya han declarado han respondido tanto a las preguntas de sus representantes legales como a las que les ha formulado el fiscal con el objetivo de aclarar su participación en la web utilizada para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.