Efe – El exjefe de Información de los Mossos d’Esquadra, el comisario Manel Castellví, ha explicado que efectivos de la policía catalana visitaron todos los locales de votación los días previos a la consulta, pero no encontraron «dependencias en las que se estuvieran desarrollando actividades que propiciaran el referéndum», por lo que no era posible precintarlos. En opinión de Castellví, la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el 1-O no especificaba cómo debían cerrarse los centros de votación, a diferencia de la instrucción previa de la Fiscalía, que obligaba a precintar los colegios hasta un perímetro de 100 metros alrededor de los mismos. Madrid (España), lunes 11 de marzo de 2019.
El comisario Manel Castellví, exjefe de Información de los Mossos d’Esquadra, ha asegurado este lunes que el plan de actuación de la policía catalana se elaboró sin injerencias de los responsables políticos y sin que ningún miembro del Govern tratara de persuadirles de que lo cambiaran.
A preguntas de Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, Castellví ha defendido la autoría estrictamente policial del plan de los Mossos para impedir el 1-O, después de que la semana pasada revelara que la policía catalana intentó «disuadir» al expresidente catalán Carles Puigdemont de mantener el referéndum ante el riesgo de una «escala de violencia».
El histórico comisario de los Mossos d’Esquadra ha precisado que en esa reunión con Puigdemont ni éste ni ningún otro miembro del Govern intentó persuadirles de que modificaran su plan ni les hicieron ningún reproche en ese sentido.
Por el contrario, ha revelado que en esa reunión eran los mandos de la policía catalana los que se mostraron «molestos por algunas manifestaciones que habían hecho» los representantes políticos.
Castellví ha dejado claro que cuando Forn asumió la Consellería de Interior, dos meses antes del 1-O, no impuso ninguna modificación en la cadena de mandos de la policía catalana, ni relevos en las comisarías generales ni estableció ningún cambio en la manera de proceder o las directrices del cuerpo.
Según ha detallado, el plan de actuación de los Mossos d’Esquadra para impedir el 1-O se incrementó solo en número de efectivos cuando, en las reuniones de coordinación entre los cuerpos policiales, la Fiscalía «puso énfasis en que el dispositivo no era el suficiente».
El comisario ha opinado que, bajo su «criterio», las previsiones de dicho plan de actuación no se vieron «desbordadas» por las circunstancias acaecidas en la jornada del referéndum y ha puntualizado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional sabían que los Mossos iban a enviar a un binomio de agentes a los centros de votación.
Asimismo, Castellví ha resaltado que, de acuerdo con la información de los servicios de inteligencia que compartían los tres cuerpos policiales, el 1-O «no se preveían actos de violencia», sino un «escenario» de colegios ocupados por todo tipo de actividades, con «gente haciendo resistencia pasiva ante la actuación de la policía».
En ese sentido, ha admitido que la previsión de los servicios de inteligencia de Mossos de que grupos radicales pudieran infiltrarse el 1-O para provocar actos violentos «fue errónea».
Según Castellví, esos grupos radicales «no se constituyeron el 1-O como bloque de unidad de acción, de ataque, en contra de lo que pensábamos», pese a que tenían la «capacidad para poder alterar el orden».
Tras recalcar que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional cerraron ningún centro antes del 1-O, el exjefe de Información de los Mossos d’Esquadra ha explicado que efectivos de la policía catalana visitaron todos los locales de votación los días previos a la consulta, pero no encontraron «dependencias en las que se estuvieran desarrollando actividades que propiciaran el referéndum», por lo que no era posible precintarlos.
En opinión de Castellví, la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el 1-O no especificaba cómo debían cerrarse los centros de votación, a diferencia de la instrucción previa de la Fiscalía, que obligaba a precintar los colegios hasta un perímetro de 100 metros alrededor de los mismos.
