Efe.- Madrid (España), miércoles 27 de mayo de 2020. El informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo por el que supuestamente ha sido destituido el jefe de la Comandancia en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, concluye que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación o concentración en Madrid.
El informe remitido a la juez que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, incurrió en prevaricación al no prohibir la manifestación con motivo del Día de la Mujer sostiene e que los responsables sanitarios tenían un «profundo conocimiento» de los riesgos de transmisión de la COVID-19 en los días anteriores al 8M.
Dicho documento indica que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción y otras 35 fueron desconvocadas.
De ellas, la Guardia Civil tomó declaración a 20 convocantes y concluyó que en varios de esos casos hubo llamadas desde la Delegación del Gobierno animando a esa desconvocatoria, pero esas comunicaciones no constan en ningún registro.
El ejemplo más paradigmático para los investigadores tiene que ver con un congreso evangelista en Madrid (IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios: Unlimited 2020), previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de entre 5.500 personas.
Dicho evento, asegura el informe, fue «cancelado por motivos sanitarios» el 6 de marzo «tras haberse celebrado reuniones con responsables de Sanidad que habrían desaconsejado la celebración».
Para los investigadores llama la atención que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manifestara un día después que «se puede ir sin peligro al acto central del 8M y, sin embargo, prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista». Unos hechos que la Guardia Civil consideró «importantes», por lo que tomó declaración como testigos a los organizadores y representantes del evento religioso.
En esa declaración, según consta en el informe, los evangélicos mencionaron una reunión el 5 de marzo en Sanidad con el ministro Salvador Illa y Simón, entre otros, en la que trataron casos de contagios en iglesias evangélicas, tras lo cual los religiosos expusieron que iban a celebrar en próximos días un congreso.
Según su relato, Illa y Simón respondieron que «deberían suspenderlo» e incluso el ministro llegó a hacer un gesto negativo con la cabeza cuando dejó claro que «no, eso no se pude hacer». Se emplazaron a verse al día siguiente, ya con el organizador.
Ese día Simón, según las testificales, les dijo que «ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios, siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública», como así corroboraron el resto de expertos sanitarios, añade.
Los investigadores destacan que Simón expuso a los representantes religiosos que la situación actual era de «un escenario grave de pandemia», solicitó la suspensión de reuniones de pastores evangélicos dado que ya había 22 contagios en España y, ante la preocupación que esto despertaba, se les llego a proponer el cierre de las iglesias.
Los religiosos, continúa el informe, se negaron a cancelar el evento sin tener un documento oficial de Sanidad, aunque les indicaron también que «una recomendación de Sanidad en los términos en que se le habían hecho tenía un carácter imperativo pudiendo tenerse en cuenta como equivalentes a una prohibición».
Finalmente, según el testimonio que recabó la Guardia Civil, acataron cuando Simón se comprometió a enviar un documento, que llegó el día 7, firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, en «el que consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios».
En sus conclusiones, los investigadores dicen que las testificales y la documentación aportada por los evangelistas «da razón de un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios» y de como evidenciaron que «no se podía celebrar».
Añaden que «las recomendaciones imperativas» a los evangelistas y «el nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indica sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia».
Y consideran que este «hecho confronta con la celebración de otra serie de eventos multitudinarios» en días posteriores -cuando los contagios iban creciendo- que iban a congregar más personas que el congreso evangelista, como el 8M, que «tenia prevista la participación de un millón de personas» frente a las 5.500 del congreso.
Al respecto, el informe señala que el 8M comportaba un elevado numero de desplazamientos y accesos, y eso implicaba reuniones de responsables de EMT, RENFE o Metro para ampliar la movilidad ante un número tan elevado de personas.
En base a ello, sentencia: «A partir del 5 de marzo no se deberían haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final termino ocurriendo».
Junto al 8M, otro de los focos mediáticos más polémicos por posibles contagios fue el partido Valencia-Atalanta, que motivó el viaje de muchos aficionados el 9 de marzo.
Tras constatar Sanidad en días anteriores que cuatro regiones italianas eran zonas de riesgo, los investigadores dicen que «se permitió que hinchas italianos viajaran a Valencia en plena crisis en Italia», sin tomarles la temperatura ni ninguna otra medida a pesar de venir de la región de Lombardía, «la más afectada».
Y aunque el partido fue a puerta cerrada, «los aficionados deambularon por bares y establecimientos sin control alguno».
