Efe – Además de esa labor de recaudación, de la investigación a la trama Púnica se desprende también que Granados abusó «del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos» a favor de empresarios que le abonaban «importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones». Madrid (España), lunes 13 de marzo de 2017. Fotografía: El juez Eloy Velasco interroga este lunes por segunda vez al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez en la pieza del caso Púnica en la que investiga una supuesta financiación ilegal del PP madrileño. Archivo Efe.
El juez Eloy Velasco interroga este lunes por segunda vez al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez en la pieza del caso Púnica en la que investiga una supuesta financiación ilegal del PP madrileño mediante el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de contratos públicos.
Documentos con apuntes contables hallados en el registro de su domicilio hace un año han reactivado esta semana estas pesquisas en forma de requerimientos de documentación en Consejerías y organismos dependientes de la Comunidad Madrid para investigar si el PP se financió a través de la adjudicación de contratos de publicidad por el 1 % del total de las obras.
Bajo la lupa contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre de presidenta desde las consejerías de Sanidad, de Transportes e Infraestructuras o de la empresa pública Nuevo Arpegio, a la que Velasco investiga aparte en otra pieza separada.
En esta nueva fase de la investigación, que permanece bajo secreto, han comparecido estos últimos días como investigados cuatro empresarios que se negaron a declarar, así como José Ignacio Echevarría -exconsejero de Transportes, expresidente de la Asamblea y extesorero del PP madrileño- y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
A este último le preguntaron por una donación de 70.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y por la adjudicación de la restauración de la Asamblea de Madrid, que la Fiscalía sospecha se hizo de forma irregular.
El pasado año, la Guardia Civil detuvo unas horas a Beltrán Gutiérrez y al empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir- mientras se registraban sus domicilios y el despacho del exgerente en la calle de Génova.
El pasado junio, Velasco ya alertó en un auto de la existencia de «potentes indicios» de que el exconsejero madrileño Francisco Granados, único de los imputados en Púnica en prisión preventiva desde hace dos años, recaudaba dinero «para posible financiación del Partido Popular», motivo en el que se basó para oponerse de nuevo a su puesta en libertad.
Se cree que Granados recaudaba esas comisiones para entregárselas a Beltrán Gutiérrez, con el que coincidió cuando el exconsejero madrileño ocupó el cargo de Secretario General del Partido Popular en Madrid entre 2004 y 2011.
Además de esa labor de recaudación, de la investigación a la trama Púnica se desprende también que Granados abusó «del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos» a favor de empresarios que le abonaban «importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones».
