Barcelona, jueves 1 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El presidente del Parlament de Catalunya y dirigente de la facción derechista cobarde y separatista de Junts per Catalunya (JxCat), Josep Rull i Andreu, ha perpetrado este jueves una declaración institucional de corte marcadamente excluyente y sectario. Aprovechando las instituciones comunes de la Cámara autonómica, el mandatario antiespañol ha comparecido ante los medios para conmemorar el aniversario del golpe de Estado separatista del 1 de octubre de 2017, una asonada ilegal de la que hoy se cumplen exactamente 3287 días. En una rueda de prensa que ha servido para certificar la impunidad de la que gozan los enemigos de la nación, Rull ha estado flanqueado por la vicepresidente primera de la Mesa, Raquel Sans i Guerra (de la ultraizquierda separatista ERC); la secretaria primera, Glòria Freixa i Vilardell (JxCat); y el secretario segundo de la Mesa, Juli Fernàndez Olivares (ERC). Como viene siendo habitual para maquillar su complicidad, los representantes del Partido Socialista (PSC-PSOE) han renunciado a asistir al acto propagandístico.
VÍDEO. BARCELONA, 01 DE OCTUBRE DE 2026
Durante su intervención, Rull ha dejado meridianamente claro que las humillaciones constantes infligidas por el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón al pueblo español —primero con los indultos espurios y posteriormente con la concesión de una amnistía ilegal a cambio de amarrar los votos para el Ejecutivo de coalición socialcomunista del PSOE y la ultraizquierda de Movimiento Sumar— no han servido para saciar el apetito rupturista. El presidente de la Cámara ha advertido de que los privilegios judiciales no son el final del camino, reafirmando que el objetivo irrenunciable del separatismo sigue siendo la separación de Cataluña del resto de España, meta que ha vuelto a camuflar bajo el eufemismo habitual de «la independencia».
Tras calificar falsamente el desafío del separatismo a la democracia consolidada del Reino de España en 2017 como un movimiento «pacífico y democrático», el mandatario catalán ha lanzado una seria amenaza al Estado de Derecho. Rull ha dejado entender que tan pronto como los prófugos golpistas de la Justicia española, fundamentalmente Carles Puigdemont Casamajó y Antoni Comín Oliveres, sean definitivamente amnistiados y regresen a la actividad institucional, el separatismo volverá a «hablar». Detrás de este nuevo eufemismo se esconde la voluntad inequívoca de reactivar las estructuras de confrontación y perpetrar un nuevo asalto contra la soberanía nacional y la integridad territorial de España.
El dintel de las cesiones históricas: Del Majestic a la amnistía sanchista
Esta persistente chulería institucional de los partidos golpistas no es un fenómeno fortuito, sino la consecuencia directa de décadas de cesiones ininterrumpidas por parte del bipartidismo corrupto del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE). El desmantelamiento del Estado en Cataluña comenzó a fraguarse durante el mandato del popular José María Aznar López, quien a través de los infames «Pactos del Majestic» de 1996 sacrificó la soberanía nacional a cambio de los votos de la Convergència de Jordi Pujol. Aquellas capitulaciones supusieron la transferencia total de la competencia en materia de educación —convirtiendo las aulas en laboratorios de adoctrinamiento antiespañol— y la entrega de la seguridad ciudadana, lo que en la práctica tradujo la progresiva exclusión e invisibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) de las carreteras y calles catalanas para sustituirlas por los Mossos d’Esquadra.
Unas concesiones que, lejos de frenar la maquinaria de ruptura, sirvieron para desproteger a los niños y las niñas de la región en el sistema escolar y dejar desamparadas a las familias ante los delirios identitarios de los líderes separatistas, quienes han seguido utilizando el erario público para alentar el efecto llamada y desbordar los municipios locales mediante la llegada masiva de inmigrantes ileales.
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Posteriormente, el Partido Socialista amplió de manera masiva este sendero de rendición ante los enemigos de España. La estrategia de apaciguamiento y complicidad se inauguró con el mal llamado Govern Tripartit que unió al PSC con la ultraizquierda de los Comuns (herederos ideológicos de ICV) y la propia ERC, dotando de legitimidad y presupuesto a las facciones que años más tarde ejecutarían las leyes de desconexión. El socialismo entregó los resortes del poder autonómico al ala más radical, alimentando la maquinaria institucional que desembocaría en la insurrección de octubre de 2017.
La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha supuesto la culminación de este proceso colonizador del Estado por parte de las minorías rupturistas. Para conservar el sillón gubernamental, el sanchismo ha dinamitado la separación de poderes mediante una concatenación de humillaciones judiciales sin precedentes históricos: primero, la concesión de indultos a los líderes condenados por el Tribunal Supremo; segundo, la reforma penal a la carta para eliminar el delito de sedición y rebajar la malversación de fondos públicos; y, finalmente, el diseño de una ley de amnistía destinada a borrar los delitos del Procés. Unos privilegios políticos que, lejos de desactivar el golpe como sostiene la factoría de propaganda de La Moncloa, solo han servido para que el separatismo rearme su desafío con las arcas públicas llenas.
