Barcelona, jueves 1 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Se cumplen exactamente 3.287 días (8 años) del golpe de Estado institucional perpetrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 (1-O). Aquella asonada ilegal, que intentó quebrar de forma unilateral la indisoluble unidad de la nación española, no fue un hito aislado, sino la consecuencia de una estrategia planificada al milímetro por la mayoría secesionista que entonces controlaba la Cámara autonómica. El andamiaje pseudo-jurídico del golpe se sustentó sobre las mal llamadas «Leyes de desconexión» aprobadas en las tumultuosas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017: la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Unos textos subversivos que pretendían abolir de un plumazo la monarquía constitucional, suplantar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un órgano judicial supremo regional controlado por el Ejecutivo y proclamar de forma unilateral la República Catalana.
La verdadera antesala de este asalto institucional se remonta al ataque separatista del 9 de noviembre de 2014, un simulacro de votación participativa que fue plenamente consentido y permitido por el Gobierno del Partido Popular (PP) liderado por el gallego Mariano Rajoy Brey. En aquel año crítico, la dirección nacional del PP prefirió no importunar a su socio institucional preferente en Cataluña, Convergència i Unió (CiU) —liderada sucesivamente por los herederos políticos del pujolismo, Jordi Pujol Soley y Artur Mas Gavarró—, cuya franquicia separatista derivaría posteriormente en la marca Junts per Catalunya (JxCat). El propio prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont Casamajó, ejercía en esas fechas como alcalde de Gerona mientras el Ejecutivo central aparcaba la aplicación de la legalidad vigente, permitiendo que la propaganda antiespañola colonizara la totalidad de los resortes de la administración autonómica e institucionalizara la quiebra del orden constitucional.
El asedio a la Consejería de Economía: El caso de los «Jordis»
La maquinaria insurreccional del Procés demostró su capacidad de coacción física el 20 de septiembre de 2017, durante los sucesos de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda del Govern separatista, departamento dirigido por el líder de la extrema izquierda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras Vies. En aquella jornada, los entonces presidente de las dos principales asociaciones civiles del golpe, Jordi Cuixart Navarro (Òmnium Cultural) y Jordi Sànchez Picanyol (Assemblea Nacional Catalana, ANC), actuaron como individuos extremistas al movilizar a una masa enfervorizada de al menos 40.000 separatistas con el fin explícito de impedir de forma tumultuaria el desarrollo de una operación judicial ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Aquella concentración masiva cercó por completo el inmueble institucional de la Rambla de Cataluña. Los manifestantes causaron destrozos severos a tres vehículos oficiales Nissan Patrol de la Guardia Civil y cuatro coches camuflados, destrozando sus carrocerías y utilizándolos como improvisados púlpitos de agitación. La violencia ambiental y la total pasividad de la cúpula de los Mossos d’Esquadra impidieron que los agentes de la comisión judicial introdujeran en el edificio a los detenidos para presenciar el registro, obligando a la secretaria de la Administración de Justicia a huir de madrugada descolgándose por la azotea del edificio colindante e infiltrándose entre los espectadores que salían de un teatro vecino. Los agentes de la Guardia Civil permanecieron atrapados en el interior de la Consejería, pudiendo evacuar el lugar en dos turnos diferenciados a las 4:00 y las 7:00 horas de la mañana del día siguiente.
La humillante gestión del Gobierno del PP: Policías encerrados en barcos
La respuesta desplegada por el Gobierno central del PP durante la jornada del 1-O constituyó un exercise de humillación y desamparo institucional para la Cataluña no separatista. El Ejecutivo de Mariano Rajoy instrumentalizó políticamente la tensión del golpe, asumiendo de forma calculada que la crispación en las calles obligaría a los españoles a cerrar filas en torno a sus siglas, camuflando así el sistemático arrinconamiento de la totalidad de sus promesas electorales de corte conservador.
El Ministerio del Interior movilizó a miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero en lugar de desplegarlos estratégicamente en las capitales catalanas, los encerró en barcos mercantes en el Puerto de Barcelona y en acuartelamientos periféricos. Los propios agentes sufrieron condiciones indignas de alojamiento, denunciando públicamente en foros profesionales la lamentable calidad de la comida racionada que recibían en los buques.
La parálisis decisoria del PP provocó que, en la madrugada del 1 de octubre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permanecieran acuarteladas en lugar de confiscar de noche las urnas plásticas y el material del ataque. El Gobierno no permitió la salida de las dotaciones policiales hasta pasadas las 9:00 horas de la mañana, momento exacto en el que los centros de votación ya se encontraban blindados y masivamente ocupados por cordones humanos de activistas separatistas.
Esta incomprensible demora logística multiplicó exponencialmente el riesgo físico y dificultó gravemente la labor de los profesionales del orden, quienes tuvieron que abrirse paso a la fuerza entre masas hostiles para intentar dar cumplimiento de forma individual a los mandatos expresos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Sentencia 459/2019 del Supremo y el infierno de Vía Layetana
La respuesta judicial de las instituciones del Estado culminó con la histórica Sentencia número 459/2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada el 14 de octubre de 2019 bajo la ponencia del magistrado Manuel Marchena Gómez. El Alto Tribunal condenó de forma inapelable a los principales líderes de la asonada: Oriol Junqueras i Vies fue sentenciado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta; Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda y Dolors Bassa i Coll a 12 años; Carme Forcadell i Lluís a 11 años y seis meses; y Joaquim Forn i Chiariello junto a Josep Rull i Andreu a 10 años y miles de euros de sanción pecuniaria por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Por su parte, los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de cárcel. El relato de hechos probados de la resolución judicial describió minuciosamente cómo los acusados desplegaron una cobertura normativa fraudulenta para engañar a los ciudadanos y movilizar masas con la finalidad de neutralizar la potestad del Estado.
En cuanto al coste económico de la organización del 1-O, las investigaciones fiscalizadas e instruidas en los archivos contables del Tribunal de Cuentas cifraron de forma definitiva la malversación del Procés en 3,4 millones de euros, fondos públicos desviados del erario de la Generalitat para financiar la logística e infraestructura ilegal de la consulta.
La publicación del fallo judicial desató una cruenta ola de violencia delincuencial por las calles de Cataluña. Mientras los líderes separatistas escenificaban manifestaciones pacíficas regadas con lágrimas de cocodrilo exigiendo la libertad de los golpistas encarcelados en Madrid, hordas radicales de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic desataron el terror urbano.
Josep Rull avisa a Sánchez en el aniversario del 1-O: «La amnistía no es suficiente»
El epicentro de la kale borroka se situó en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Vía Layetana de Barcelona, donde centenares de vándalos asediaron el edificio gubernamental cada tarde y noche, hiriendo de gravedad a decenas de policías nacionales mediante el lanzamiento masivo de ladrillos, adoquines, cojinetes de acero y botellas con ácido, provocando lesiones irreversibles a varios profesionales que defendían la soberanía de la patria en primera línea de fuego.
La rendición del sanchismo: Traslados, indultos y la Ley de Amnistía
El desmantelamiento de las conquistas judiciales del Estado de derecho comenzó con el traslado inmediato de los presos golpistas desde los centros penitenciarios de Madrid hacia cárceles bajo competencia de la Generalitat de Cataluña, marcando el inicio de un proceso sistemático de cesiones a cambio de la supervivencia parlamentaria. Tras fugarse en los maleteros de los vehículos hacia Waterloo (Bélgica) el cabecilla Carles Puigdemont y varios de sus consejos de Gobierno, el Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón inició un camino de capitulaciones sin precedentes históricos.
El sanchismo aprobó primero la concesión de los indultos en junio de 2021, reformó posteriormente el Código Penal a la carta de los delincuentes para eliminar de forma íntegra el delito de sedición y rebajar la malversación, y colonizó de forma indisimulada el Tribunal Constitucional colocando en la presidencia a un magistrado de su estricta confianza de partido, Cándido Conde-Pumpido Tourón, con el único propósito de allanar técnicamente el borrado de los delitos penales.
Este sendero de rendición institucional se ha consumado mediante la promulgación parlamentaria de la mal llamada ley de amnistía, cuyo nombre jurídico exacto es Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El sanchismo diseñó este texto legislativo con el único fin de comprar los votos de las facciones separatistas de Junts y ERC necesarios para retener el sillón del palacio de La Moncloa.
La norma busca anular de forma retroactiva las responsabilidades penales, administrativas y contables de toda la década de insurrección independentista, dinamitando el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles y consagrando que los políticos separatistas gozan de inmunidad penal respecto al resto de la ciudadanía.
A pesar de las presiones coordinadas por los fontaneros de La Moncloa, la ley ha encallado en sus principales objetivos debido al rigor técnico de la judicatura. Figuras clave de la asonada golpista como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de fecha de hoy continúan figurando como no amnistiables, dado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictaminado de forma unánime que el delito de malversación de caudales públicos que arrastran ambos cabecillas perseguía un beneficio patrimonial personal al desviar dinero de los contribuyentes para sus fines particulares, un supuesto que queda estrictamente excluido del dintel protector de la norma. Ambos dirigentes separatistas permanecen en un limbo procesal, a la espera de que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, cumpla con los compromisos políticos del Gobierno socialista y proceda a tumbar de forma torticera el auto firme del Tribunal Supremo para blindar la impunidad del bloque gubernamental.
El heroísmo de la disidencia: Pablo Llarena y los Quita Lazos
Frente a la claudicación institucional de los gobiernos madrileños, el periodo del Procés ha dejado grabadas páginas imborrables de heroísmo personal y colectivo. En el plano judicial, destaca de forma sobresaliente la figura del magistrado instructor de la causa penal en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena Conde.
El juez Llarena resistió con entereza un brutal entorno de acoso mafioso orquestado por el separatismo institucional y las brigadas radicales en las calles catalanas. Sufrió escraches masivos en su segunda residencia de la localidad de Das (Gerona), amenazas de muerte directas a través de las redes sociales y la aparición sistemática de pintadas intimidatorias con las siglas de las organizaciones extremistas en su propio domicilio familiar de Cataluña, obligando a la Fiscalía Superior de Cataluña y al Ministerio del Interior a decretar un estricto protocolo de escolta y protección personal permanente para salvaguardar su integridad física y la de su esposa ante el señalamiento del separatismo catalán.
A nivel civil, el auténtico bastión de la soberanía nacional fue protagonizado por la Cataluña silenciosa que decidió levantarse en los barrios y municipios dominados por el separatismo institucional. Miles de catalanes patriotas asumieron graves riesgos laborales, familiares y personales al significarse públicamente contra la dictadura lazi en entornos plenamente hostiles; muchos perdieron sus puestos de trabajo, sufrieron campañas de boicot comercial en sus pequeños negocios, se vieron obligados a cambiar a los niños de colegio ante el acoso escolar sistemático o tuvieron que abandonar definitivamente sus localidades ante las campañas vecinales de hostigamiento.
Organizados de forma clandestina durante las noches, estas agrupaciones ciudadanas —conformadas en una vanguardia mayoritaria por mujeres valientes— se unificaron bajo el sello de «los Quita Lazos», saliendo a las calles provistos de cúteres y escaleras para limpiar los espacios públicos y el mobiliario urbano de la basura separatista, retirando los lazos amarillos, pancartas subversivas y esteladas ilegales que tapizaban las fachadas de los ayuntamientos.
En un inicio de extrema cobardía política, tanto el Partido Popular como la formación hoy prácticamente desaparecida en las instituciones, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), rechazaron públicamente prestar cualquier tipo de apoyo jurídico, económico o institucional a las brigadas de los Quita Lazos, desamparando a los patriotas en las calles a pesar de que estos constituían el grueso de sus bases electorales en la región.
Fue en este escenario de total abandono de la disidencia española donde la formación patriota Vox, que en aquellas fechas carecía por completo de representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en el Parlament y en los ayuntamientos locales, comenzó a ganarse de forma indeleble el corazón y la confianza del pueblo catalán.
Al personarse en solitario como acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo contra los golpistas y bajar directamente al barro de los barrios para proteger físicamente y dar cobertura legal a los Quita Lazos frente a las denuncias instrumentales de la Consejería de Interior, Vox se afianzó ante la ciudadanía española como una opción política e institucional imprescindible para la defensa de la unidad de España y el combate frontal al régimen separatista.