Efe.- Barcelona (España), miércoles 1 de marzo de 2023. La Fiscalía ha negado hoy un uso «ilegal» de la justicia para inhabilitar a la presidente suspendida del Parlamento de Cataluña y líder de JxCat, Laura Borràs Castanyer, a la que ha acusado de adjudicar de forma «totalmente arbitraria» contratos a un amigo, «menospreciando» la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Así lo ha sostenido la fiscal Teresa Duerto en sus conclusiones en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que ha mantenido su petición de seis años de cárcel para Borràs y la ha rebajado a dos años para su amigo Isaías H., beneficiario de los contratos que presuntamente la líder de Junts le adjudicó a dedo entre 2013 y 2017, cuando presidía la Institución de les Letras Catalanas (ILC).
Borràs denunció el pasado lunes en su declaración ante el tribunal que era víctima de una «persecución política», argumento que ha rebatido la fiscal, al remarcar que las pruebas que la incriminan son «contundentes» e irrebatibles», mientras ha negado un uso «abusivo e ilegal» de las instancias judiciales para inhabilitar a la dirigente de JxCAT o para provocar su «repudio popular». «Nada más lejos de la realidad», ha replicado.
Y es que, según el ministerio público, las pruebas de este caso no dejan lugar a dudas de que Borràs fragmentó en 18 contratos menores el proyecto de la web de la ILC, por un valor total de 335.700 euros, para adjudicarlos de manera «totalmente arbitraria» a su amigo Isaías H., sabiendo que cometía una irregularidad.
Con esta actuación, Borràs, de acuerdo con su amigo, «menospreció» la confianza de los ciudadanos en las instituciones, al actuar al margen de la normativa administrativa y vulnerar los principios básicos de transparencia y publicidad en la adjudicación de contratos en el sector público, según la fiscal.
Duerto ha rechazado la versión «exculpatoria» que el pasado lunes ofreció Borràs ante el tribunal, cuando descargó responsabilidades en los dos administradores de la ILC que la incriminaron, y ha asegurado que tanto sus subalternos como la Intervención General le advirtieron de las irregularidades, que en su opinión no denunciaron en su momento porque no se sentían «protegidos».
Según la fiscal, era Borràs, y no sus subordinados, a los que ha dado la máxima credibilidad, la encargada de decidir el adjudicatario, justificar el trabajo y ordenar el pago, pero se saltó las normas internas optando por fragmentar un proyecto de tanta «envergadura» mediante contratos menores y no por un concurso público o negociado.
VÍDEO. 01.03.2023.
En su duro informe, Duerto ha recriminado a Borràs que dejara «en manos de un particular» la web institucional de la ILC, de forma que cuando Isaías H. tuvo problemas con las drogas y dejó de pagar al servidor el portal se apagó.
«Más de 300.000 euros públicos que sirvieron de poco, ya que el portal ya no existe y la web no se mantuvo en el tiempo», ha incidido la fiscal, que entiende que Borràs, que ha sido muy crítica en este proceso con la investigación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, tendría que haber pedido explicaciones por el apagón del portal, «pero no a la Guardia Civil ni a los Mossos d’Esquadra».
En este sentido, ha elogiado la labor de los cuerpos de seguridad que investigaron estas supuestas irregularidades y ha cargado contra el informe pericial que la defensa de Borràs encargó a un ultraderechista condenado por un asesinato durante la Transición, ya que cuestionó de forma «torticera» que se mantuviera la cadena de custodia de las pruebas que incriminan a la política de JxCAT, por lo que ve «completamente desacreditado» su informe.
De hecho, la fiscal ha recordado parte de los correos electrónicos que Borràs intercambió con Isaías H., y que la defensa pide anular, en los que daba instrucciones sobre cómo presentar los presupuestos, le insistía que «la cuestión es fraccionar», le confirmaba que ya tenía el dinero reservado y se ofrecía a modificar algunos conceptos: «si conviene ya lo haré yo…tenemos que hacer tres presupuestos por factura».
También ha negado la versión exculpatoria de Borràs de que la Intervención, tras advertirla de que no podía fraccionar los contratos de la web, aceptó sus alegaciones.
En este sentido, ha desvelado que la acusada justificó por escrito ante la Intervención que había adjudicado los proyectos a profesionales distintos, expertos en diferentes áreas informáticas, ocultando que detrás de todos los presupuestos «comparsa» -como los definen tanto la Fiscalía como Isaías H.- se encontraba su amigo.
Mientras Duerto exponía su informe, el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha llamado la atención a uno de los abogados de Borràs, Gonzalo Boye, por seguir la exposición «encarado» a la fiscal, que estaba sentada a su lado, a lo que el abogado ha respondido: «no sabía que no se podía mirar a quien habla. Miraré hacia adelante, como en la mili».
Borràs ha estado arropada hoy en la vista, la última antes de que el caso quede visto para sentencia, por el inhabilitado expresidente de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla (Quim Torra); y por los dirigentes de JxCAT, el delincuente golpista indultado del Procés y secretario general de JxCat, Jordi Turull Negre; y el portavoz parlamentario en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet Canadell.
