Junqueras quiere “llamar al banco” para malgastar y el Tribunal dice que no puede

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El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras (i), a su llegada a la reunión semanal del Gobierno catalán, el mismo día en que expira el plazo dado por el Gobierno a la Generalidad para que justifique los gastos no esenciales. Efe

Redacción – El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha explicado hoy, martes 19 de septiembre de 2017, que da por “suspendida” la intervención de las cuentas de la Generalidad prevista por el Ejecutivo central del presidente Mariano Rajoy y ha anunciado que contactará con las entidades financieras “por vía administrativa y notarial” para transmitir “la máxima normalidad”. Barcelona (España), martes 19 de septiembre de 2017. Fotografía: El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras (i), a su llegada a la reunión semanal del Gobierno catalán, el mismo día en que expira el plazo dado por el Gobierno a la Generalidad para que justifique los gastos no esenciales. Efe

El Gobierno central acordó el pasado viernes asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña, después de que la Generalidad se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum que quiere celebrar el 1 de octubre.

En respuesta a esta medida, el Gobierno catalán presentó ayer, lunes 18 de septiembre de 2017, un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, que incluía una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de España, es decir, de medidas cautelares, pero fuentes del tribunal han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es de diez días, por lo que no se suspende la intervención.

Sin embargo, tras la reunión de hoy del Gobierno catalán, Junqueras ha alegado de forma reiterada que la admisión a trámite del recurso ya tiene “efectos suspensivos” sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalidad seguirá actuando con “normalidad” en relación con la gestión de sus cuentas.

Junqueras ha asegurado que hay “jurisprudencia” del tribunal Supremo que sostiene la tesis del Gobierno catalán, pese a que desde el Tribunal remarcan que la presentación del recurso del Gobierno de la Generalidad de Cataluña no conlleva la suspensión automática del acuerdo recurrido, sino que la ley da 10 días a la Abogacía del Estado para que informe sobre esa petición de suspensión cautelar.

En un pulso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno catalán seguirá actuando como si sus cuentas no estuvieran intervenidas y comunicará por “vía administrativa y notarial” a las entidades financieras que no hay ninguna variación y que deben continuar relacionándose con “normalidad” con la Generalidad de Cataluña.

El Gobierno del Estado, ha advertido Junqueras, “no puede exigir a un tercero que actúe fuera de la ley y deje de cumplir con las funciones que le tocan” para favorecer sus “objetivos políticos”, y así se lo harán saber a las entidades financieras.

“El Gobierno de la Generalidad dispone de todos los recursos para hacer frente a todas y cada una de sus obligaciones”, ha recalcado Junqueras, que ha considerado de que el Ejecutivo central “no puede retener” los recursos de la Generalidad.

“Estos recursos son nuestros, están en cuentas bancarias que son del gobierno de Cataluña. ¿Cómo se pueden apropiar de algo que no es suyo? No hay orden judicial que lo ampare”, ha subrayado.

Junqueras ha dado por hecho que será la Generalidad quien pague este mes la nómina de sus funcionarios: “Por nuestra parte, seguro que recibirán la nómina, con toda la normalidad”.

Según Junqueras, “no hay ninguna ley que ampare” la intervención de las cuentas de la Generalidad, “ni desde el punto de vista legal” ni por “sentido común”.

No hay, ha dicho, “ninguna razón para impedir que la Generalidad funcione con normalidad en sus responsabilidades económicas y financieras”, porque ha reducido “el 85% del déficit de todo el déficit de las administraciones públicas del Estado”.

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