Madrid, jueves 1 de octubre de 2026 (EFE).- Junts per Catalunya ha convocado este jueves por la noche una reunión de urgencia de su dirección ejecutiva para decidir el sentido de su voto sobre los dos decretos de vivienda que se debatirán este viernes en el Congreso. Según han informado a EFE fuentes de la dirección, el secretario general de Junts ha convocado la reunión a las 21:00 horas y se celebrará de forma telemática.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró este miércoles que su formación está «decepcionada y preocupada» por los dos decretos, aprobados por el Consejo de Ministros a raíz del caso Maricarmen y de la movilización social que desencadenó, aunque evitó adelantar si su grupo votará a favor de su convalidación.
El primero de los decretos es fruto de la negociación que el Ministerio de Vivienda ha mantenido durante meses con los grupos parlamentarios y recoge medidas que todos ellos, excepto el PP y Vox, han defendido en algún momento o han trasladado al Gobierno.
Entre las medidas figuran la protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la aplicación de un IVA del 10 % a los pisos turísticos, deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los pequeños propietarios.
El decreto incluye también una rebaja del IVA al 4 % para la vivienda protegida, préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a interés del 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. En concreto, la actualización será del 0 % cuando la renta supere el máximo del índice de referencia y del 2 % cuando no lo supere.
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El segundo decreto, cuya aprobación se perfila más complicada, consta de un único artículo y establece la renovación automática de los contratos de alquiler. Esto supone que los arrendadores deberán acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, en caso de no hacerlo, deberán indemnizar al arrendatario.