Jusapol pone fin a 30 años de injusticia, el Congreso tramita su (ILP) para Equiparación Real

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MADRID (ESPAÑA), 13.11.2018. Vista d ela votación de la iniciativa legislativa popular (ILP) de plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) hoy en el Congreso de los Diputados, para una equiparación real de sueldos entre las FCSE y restos de Policías locales y autonómicas, Mozos y Ertzaintza. Lasvocesdelpueblo

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Según fuentes policiales durante una conversación con Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo, el Congreso de los Diputados ha tramitado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la plataforma ‘Justicia Salarial Policial’ (Jusapol) esta noches, con tan solo 22 votos en contra. Incluso Convergencia PDECAT ha apoyado finalmente la lucha de los guardias civiles y policías nacionales para una equiparación de pensiones, salarios, asistencias a los juicios y horas extraordinarias entre la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y restos de Policías locales y autonómicas: Mozos de Escuadra y Ertzaintza. El diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes ha apoyado también la tramitación de la propuesta -que mirará con “lupa”-, a pesar de que no le gusta quien la presenta, Jusapol, que “no genera desde hace semanas simpatía porque han unido sus reivindicaciones a otras cosas que no deberían ser mezcladas”, en alusión a sus manifestaciones en Barcelona. Madrid (España), martes 13 de noviembre de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 13.11.2018.  Vista d ela votación de la iniciativa legislativa popular (ILP) de plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) hoy en el Congreso de los Diputados, para una equiparación real de sueldos entre las FCSE y restos de Policías locales y autonómicas, Mozos y Ertzaintza. Lasvocesdelpueblo

Así también recoge Efe. El Congreso tramitará la iniciativa legislativa popular que, suscrita por 550.000 personas, pretende regular por ley la equiparación de los sueldos de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los de los cuerpos autonómicos.

A falta de la votación, que tendrá lugar a última hora de la tarde, los grupos ya han avanzado su posición, que ha sido a favor en el caso de PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCAT, por lo que su toma en consideración está más que asegurada.

Mientras se debatía en el hemiciclo, a las puertas del Congreso alrededor de medio millar de agentes convocados por la asociación Jusapol seguían concentrados en una acción reivindicativa que se inició a las 23.00 horas de ayer y que pretende finalizar a la misma hora de hoy.

En la tribuna han presenciado el debate agentes de ambos cuerpos, que han recibido un largo aplauso de la bancada de Ciudadanos nada más acabar su intervención el líder del partido, Albert Rivera, con esta frase: “Vivimos mejor y somos mejores porque hay un policía y un guardia civil defendiendo nuestra democracia”.

La iniciativa, presentada como proposición de ley, será tramitada, pero con toda probabilidad sufrirá en el camino cambios sustanciales, toda vez que, como han señalado algunos grupos, será necesario superar los “escollos” legales que presenta al “confrontar” con normas como la Constitución o el Estatuto del Empleado Público, entre otras.

Ha sido el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, el encargado de defenderla en primer lugar. “Venimos a hablar de policías y guardias civiles, no de Villarejo, ni de cloacas, ni de Billy el Niño ni de esa minoría que no les representan, sino de la mayoría, de gente honrada, trabajadora y profesional; de dignidad laboral”, ha dicho.

Delgado ha reconocido que el acuerdo de equiparación suscrito con el Gobierno del PP por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles, y desarrollado por el Ejecutivo socialista, es bueno, pero es necesario implementarlo e, incluso, “blindarlo”.

El diputado de Podemos, guardia civil, ha reclamado “dignidad laboral” tras muchos años de “engaños y mentiras”, y ha instado a los grupos a que se “mojen” porque era ahí había que “demostrar el patriotismo”.

Mientras, Albert Rivera ha defendido la iniciativa que, a su juicio, tiene un único objetivo: “mismo esfuerzo y mismo trabajo, misma recompensa”.

“Son servidores públicos -ha añadido- que se juegan la vida por los españoles. Qué menos que pagar lo mismo a los que hacen lo mismo” y “compensar a quienes han luchado contra el terrorismo”.

Rivera ha aprovechado para arremeter contra quienes se manifiestan a favor de los agresores, en alusión al caso de Alsasua; y para recordar algunas declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, contra las fuerzas de seguridad.

Pero también para asegurar que la mayoría de los catalanes quieren a los policías nacionales y a los guardias civiles.

Desde el PSOE, David Serrada ha criticado a quienes usan a las fuerzas de seguridad como elemento de confrontación política -un “error”, ha dicho-, y ha detallado algunos de los problemas legales que presenta la propuesta, aunque la ha apoyado por el amplio respaldo ciudadano que la avala.

Aún así, ha explicado que el texto pasa por alto los estatutos de autonomía y pretende que sea el Estado quien se supedite a las decisiones de las comunidades con policías y a los entes locales a la hora de fijar los complementos específicos o de otra índole en los salarios de los agentes.

José Alberto Martín-Toledano, del PP, ha querido poner en valor el acuerdo de equiparación suscrito por el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha censurado al actual Gobierno por no haber puesto en marcha una de sus cláusulas: la presentación de una ley de retribuciones para las fuerzas de seguridad.

El diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes ha apoyado también la tramitación de la propuesta -que mirará con “lupa”-, a pesar de que no le gusta quien la presenta, Jusapol, que “no genera desde hace semanas simpatía porque han unido sus reivindicaciones a otras cosas que no deberían ser mezcladas”, en alusión a sus manifestaciones en Barcelona.

Al que menos le ha gustado es al PNV, que no apoyará la propuesta en la votación, según su diputado Mikel Legarda, sorprendido porque sea el Parlamento quien interfiera en la competencia del Gobierno para dirigir la administración de sus policías.

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