Efe – Ésta es la respuesta de la Abogacía del Estado al juez Pablo Llarena, al que pide también que envíe al Parlamento Europeo la sentencia del Procés traducida al francés y al inglés para dejar claro que no existió «motivación política» en el enjuiciamiento de esos hechos. Para mantener las órdenes de detención y entrega dictadas contra Puigdemont y Comín, apunta, «resulta indispensable una decisión del Parlamento Europeo» sobre el levantamiento o la suspensión de su inmunidad como eurodiputados, por lo que en el escrito se apuesta por pedir el suplicatorio «a la mayor brevedad». Madrid (España), viernes 3 de enero de 2020.
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que se suspenda la tramitación de las euroórdenes contra Carles Puigdemont y Toni Comín mientras el Parlamento Europeo no les levante su inmunidad como eurodiputados, lo que hay que solicitar «a la mayor brevedad».
Para actuar contra ellos en el caso de que estuvieran en España, según los servicios jurídicos del Estado, no sería necesario pedir ese suplicatorio, ya que se aplicaría la normativa nacional y la autorización legislativa no es exigible cuando la persona está previamente procesada, como ocurre en ambos casos.
Ésta es la respuesta de la Abogacía del Estado al juez Pablo Llarena, al que pide también que envíe al Parlamento Europeo la sentencia del «procés» traducida al francés y al inglés para dejar claro que no existió «motivación política» en el enjuiciamiento de esos hechos.
Llarena, instructor de la causa, pidió a las partes que se pronunciaran sobre la situación del expresidente de la Generalitat y del exconseller Comín después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) reconociera la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.
Aunque ayer la defensa de Puigdemont anunció que la justicia belga ya había suspendido la tramitación de las euroórdenes, los servicios jurídicos del Estado señalan que no ha habido notificación formal de esa resolución.
La Abogacía considera que la doctrina fijada por el TJUE en el caso de Junqueras es aplicable a Puigdemont y Comín porque las resoluciones de ese órgano son «de obligado cumplimiento para todos aquellos que se encuentren en situaciones similares».
Los tres fueron proclamados eurodiputados por la Junta Electoral Central, pero, al no cumplir los trámites exigidos por la ley electoral -acatar la Constitución ante la propia junta- no fueron incluidos en las listas que se enviaron al Parlamento Europeo.
La Abogacía se centra en la inmunidad que cubre a Puigdemont y Comín fuera de España, que es donde se encuentra. Si en el futuro estuvieran en territorio nacional, explica, el Tribunal Supremo ya determinó en un auto dictado el 14 de mayo que no sería de aplicación esa inmunidad procesal.
De acuerdo con las reglas aplicables a los miembros del Parlamento Español, apunta, «la necesidad de recabar la autorización de la cámara legislativa sólo rige para las fases anteriores al auto de procesamiento». Puigdemont y Comín están procesados en firme desde marzo de 2018 y no fueron proclamados eurodiputados hasta junio de 2019.
«En consecuencia, para tal hipótesis futura, la única consecuencia consistiría en comunicar al Parlamento Europeo que sus miembros Sres. Puigdemont y Comín han sido procesados con carácter previo a su elección», señala.
Como se encuentran en Bélgica, la Abogacía subraya que se impone el derecho comunitario y la observancia del «principio de cooperación leal», que establece que la Unión y los Estados miembros deben respetarse y asistirse en el cumplimiento de los tratados.
Para mantener las órdenes de detención y entrega dictadas contra Puigdemont y Comín, apunta, «resulta indispensable una decisión del Parlamento Europeo» sobre el levantamiento o la suspensión de su inmunidad como eurodiputados, por lo que en el escrito se apuesta por pedir el suplicatorio «a la mayor brevedad».
Como no consta formalmente que la justicia belga haya paralizado la tramitación de las euroórdenes y el Estado emisor debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales, la Abogacía considera que hay que comunicar al tribunal bruselense encargado del asunto la suspensión de la tramitación de las peticiones españolas mientras no haya resolución de la Eurocámara sobre la citada inmunidad.
