Lasvocesdelpueblo y Agencias – La defensa del presidente del Gobierno de coalición nacionalsocialista de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla, alias Quim Torra, ha mantenido que su decisión de desoír a la Junta Electoral fue un «acto político» amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario y ha pedido que reciba el «mismo trato» que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Madrid (España), jueves 17 de septiembre de 2020.
En una intervención de cerca de 20 minutos, el letrado Gonzalo Boye ha expuesto ante la sala los principales argumentos del recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por desobediencia, al negarse a retirar pancartas de apoyo a los políticos presos en período electoral.
Boye ha recalcado que la condena de Torra supone una vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de expresión o participación política, no solo de él, sino de todos aquellos que se presentaron a las elecciones generales en que se le obligó a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos, incluida la oposición.
Para el letrado, el lema de las pancartas que la Junta Electoral Central obligó a retirar constituye una «exacta expresión literal» de las manifestaciones de apoyo a los presos que Torra ha pronunciado reiteradamente en el Parlament y en su discurso de investidura.
Por ese motivo, ha añadido, mantener los símbolos de apoyo a los presos y los lazos amarillos suponía «una crítica por la vía de la pancarta» al encarcelamiento de los líderes independentistas.
«Las tres palabras siempre las dijo, están en su discurso de investidura, y después las traslada en una pancarta que es tanto como trasladarla a un símbolo en la chaqueta», ha abundado Boye, que cree que, al inhabilitarlo, el propio TSJC está asumiendo que la conducta de Torra era «una actividad política».
Considera la defensa que Torra estaba amparado por la inviolabilidad parlamentaria como diputado de la cámara catalana, por lo que ha pedido que se le dé «el mismo trato» que el que recibió la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, a quien «no le ha pasado nada» por sus «feroces críticas» al vincular al padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias con el terrorismo.
La defensa ha mantenido además que la Junta Electoral Central no es un órgano superior al presidente de la Generalitat ni competente para dictarle órdenes a Torra en unas elecciones generales, y ha denunciado que ha recibido un trato más severo que otros políticos sancionados por el árbitro electoral -como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- por pertenecer a una «minoría nacional».
Boye ha arremetido contra los jueces de la sala del TSJC que condenó a Torra y contra el vocal de la Junta Electoral Central Andrés Betancor, asesor de Ciudadanos: «se ha hecho público que por la mañana trabajaba para la junta y por la tarde a sueldo de uno de los partidos denunciantes», ha apuntado.
En ese sentido, ha reivindicado que la decisión de la Junta era «una actuación política ante otra actuación política», la de Torra al mantener los símbolos de apoyo a los presos.
Asimismo, la defensa ha vuelto a pedir al Supremo que eleve al Tribunal de Justicia de Luxemburgo las cuestiones prejudiciales sobre el caso, que el TSJC desestimó en su día, para que en Europa se garantice «libre circulación, no solo de personas, sino también de resoluciones judiciales».
«Esta sala debe hacer ese planteamiento prejudicial, entre otras cosas porque es sano, el derecho de la Unión es nuestro derecho y no podemos vivir de espaldas», ha sostenido el abogado.
En la recta final de su intervención, Boye ha deslizado una alusión a la reciente intrusión en su bufete profesional y ha afirmado que lo que le preocupa no es solo desplazarse «de casa al trabajo» y que entren en su despacho, sino que muchos entornos den por sentado que el Supremo ya tiene decidido confirmar la condena a Torra.
