La defensa del exconsejero de los ERE falsos del PSOE pide su absolución

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SEVILLA (ESPAÑA), 21.11.2018. La abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, en la sala de la Audiencia de Sevilla, donde continúa exponiendo el informe final de su defendido, hoy en el juicio de la pieza política de los ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El exconsejero de Innovación del Gobierno de Andalucía de los ERE falsos del PSOE, Francisco Vallejo, afronta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. La letrada Encarnación Molino ha aclarado que su cliente no lo conoció pues llegó a su Consejería en agosto del 2005, cuando estaba de vacaciones, por el mero hecho de que en ese momento IDEA estaba adscrita a Innovación en vez de a Empleo, pero no se le dio cuenta por ser de un ejercicio anterior a la existencia de esta consejería y no indicar nada de su competencia. Sevilla (España), jueves 22 de noviembre de 2018. Fotografía: SEVILLA (ESPAÑA), 21.11.2018. La abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, en la sala de la Audiencia de Sevilla, donde continúa exponiendo el informe final de su defendido, hoy en el juicio de la pieza política de los ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Efe.

La defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo ha apelado a las «relaciones muy distantes y tensas» entre su defendido y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández para alejarse de la gestión que éste y el delegado de Trabajo hicieron de las ayudas de los ERE.

«¿Que prueba se ha puesto de manifiesto sobre connivencia entre Antonio Fernández y Francisco Vallejo para un plan delictivo cuando lo que existía era cuanto menos un alejamiento?», ha cuestionado la abogada Encarnación Molino durante su informe final para pedir la absolución del exconsejero de Innovación, que afronta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La letrada se ha centrado en excluir a los responsables de Innovación, y de paso a los de IDEA, de toda capacidad de decisión sobre el destino de los fondos públicos que la Consejería de Empleo destinó al pago de las ayudas, cómo los consignaba en su presupuesto y cómo decidió pagarlas a través de un ente instrumental a quien «jamás» la Intervención le indicó sospecha de ilegalidad ni que dejara de abonarlas.

Aunque Vallejo coincidió en el mismo Gobierno con Fernández durante casi todo el periodo investigado -ambos con diversas responsabilidades-, Molino ha señalado que su defendido «no tuvo ninguna relación con el director general de Trabajo ni con el consejero de Empleo», a quien según él mismo declaró en el juicio no le sentó nada bien que cuando en el 2004 se creó la Consejería de Innovación liderada por él, asumiera la mayoría de sus competencias.

Y junto a Empleo, Molino ha puesto el foco en los distintos interventores porque en el control financiero permanente a IDEA «nunca» dijeron que dejara de pagar las ayudas de Empleo y en la Consejería de Empleo al fiscalizar las transferencias de financiación que ésta hacía a IDEA para pagar las ayudas «si las hubiera reparado, muchos dolores de cabeza se hubieran evitado».

Con todo, la letrada ha subrayado que los informes del interventor hablaban de un procedimiento «inadecuado», que «no equivale a ilegal, arbitrario, fraudulento y contrario a derecho», y los «reproches y recomendaciones» se dirigían a quien daba las ayudas, la Consejería de Empleo.

Ha ironizado en especial con el informe adicional sobre el ejercicio del 2003, al calificarlo de «manzana envenenada de la que todo el mundo sale huyendo», por cuanto las acusaciones se basan en él para imputar a quienes lo conocieron.

Por si acaso, ha aclarado que su cliente no lo conoció pues llegó a su Consejería en agosto del 2005, cuando estaba de vacaciones, por el mero hecho de que en ese momento IDEA estaba adscrita a Innovación en vez de a Empleo, pero no se le dio cuenta por ser de un ejercicio anterior a la existencia de esta consejería y no indicar nada de su competencia.

«Una cosa es que fueran remitidas a la consejería y otra que pasaran a su mesa», ha añadido.

Tras analizar «20 expedientes de ayudas de un total de 144» extrae «de uno» que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido», y a partir de ese único expediente indica que «existen dudas sobre la correcta tramitación del resto».

«¿De ahí todo lo que se ha hecho después es prevaricador?», ha criticado.

Tampoco los auditores de IDEA hicieron reproches a lo que los peritos de la Intervención estatal y las acusaciones denominan «gastos ficticios o falsos» más que «salvedades» por «deficiencias contables» que no generaron déficit porque nunca se pagó más de lo que se recibió.

Ni a los convenios que se suscribían para pagar las ayudas y que pasaban por el Consejo Rector de IDEA, del que Vallejo era presidente «sin funciones ejecutivas» y un miembro más de un órgano integrado por «personalidades de reconocido prestigio».

Un Consejo Rector al que los convenios llegaban tras pasara «por muchas manos» como los servicios jurídicos y la secretaría de IDEA, lo que le ha llevado a cuestionar «cómo se puede hablar de opacidad» e ironizar con que se pueda «prevaricar con luz y taquígrafos».

Ha incidido en que no era IDEA quien concedía las ayudas ni contraía obligaciones de gasto de la Junta con terceros y los expedientes de concesión de las ayudas «nunca» estuvieron en su poder, por lo que ni dictó resolución administrativa alguna para prevaricar ni tuvo a su cargo los fondos públicos presuntamente malversados.