Efe – En su denuncia, la Fiscalía solicitaba al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio». Madrid (España), miércoles 10 de mayo de 2017. Fotografía: La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (i), junto a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Archivo Efe.
Un Juzgado ha incoado diligencias previas para investigar por delito societario a 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña Ignacio González.
Dancausa ha dicho estar «absolutamente tranquila» y ha manifestado su preocupación porque la Justicia, «a veces», esté «haciendo política».
En un auto, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid da traslado a estos 16 consejeros de Mercamadrid de la denuncia contra ellos de la Fiscalía, les advierte de que figuran como investigados (antiguamente imputados) y, además, ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
«No es cierto que se me haya imputado», ha defendido Dancausa, precisando que «lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid», y por lo tanto ella es «investigada» porque el juez no le está «imputando ningún delito».
En un comunicado remitido a Efe, la delegada de Gobierno ha tachado de «infundada» la denuncia de la Fiscalía, que está «convencida» de que se archivará, y entonces ella analizará «el ejercicio de todas las acciones legales» que le asisten «para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme».
Explica que hoy mismo ha presentado un escrito de alegaciones «al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales».
En su denuncia, la Fiscalía solicitaba al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».
Fue el Ayuntamiento de Madrid el que, en enero de 2016, llevó a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año.
El equipo de Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha mostrado su orgullo por «los frutos» de aquella «actuación responsable y honesta».
Sin embargo, la portavoz municipal, Rita Maestre, ha evitado hasta en tres ocasiones solicitar explícitamente la dimisión de la delegada, alegando que la Junta de Gobierno no se ha reunido y no ha abordado esa cuestión.
La portavoz del PSOE-M en el Consistorio, Purificación Causapié, sí ha exigido la dimisión de la delegada, cuyas «graves» y «lamentables» declaraciones ha calificado como un ataque hacia la actuación de la Justicia
El diputado regional de Podemos Jacinto Morano se ha unido a esta petición y ha asegurado que un delito societario «que se hace con una empresa pública, con dinero público y para fines poco claros» está «muy, muy cerca» de ser corrupción.
A su vez, la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha reclamado que se constituya una comisión de investigación en el Ayuntamiento.
Por otro lado, Ciudadanos y Podemos han solicitado la comparecencia de Dancausa en el Congreso de los Diputados, una petición a la que se une el PSOE, que también ha requerido que comparezca la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha aprovechado para contraponer la voluntad de colaboración del Ayuntamiento con una Comunidad de Madrid «infestada de corrupción e infestada de mafia».
Además de Dancausa y Pablo González, entre los investigados figuran el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; el exdirector general y la exvicepresidenta segunda de Mercamadrid José Manuel Torrecilla y María Dolores Flores, respectivamente.
