.Madrid, viernes 6 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Fiscalía Europea ha abierto diligencias de investigación por presunto fraude y malversación en los contratos de mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el devastador accidente de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre de 2026, en el que colisionaron dos trenes dejando un luctuoso balance de 69 personas fallecidas. La intervención judicial sitúa de nuevo bajo la lupa la deficiente gestión del Gobierno socialcomunista y la sospecha sobre el desvío de recursos comunitarios destinados a la seguridad ferroviaria nacional.
Registros de la UCO y sospechas de corrupción
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplegado por orden judicial en las sedes centrales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y del Tribunal de Cuentas. El objetivo prioritario de las fuerzas y cuerpos de seguridad es incautarse de los expedientes de contratación e informes de mantenimiento vinculados a la red de alta velocidad que hayan contado con financiación de fondos europeos.
Fuentes jurídicas confirman que la investigación penal trata de determinar si se han producido delitos de «desviación de recursos europeos, fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos», entre otras posibles infracciones. Estas pesquisas por presunta corrupción en las infraestructuras se abren tras constatarse que el deterioro de la red ferroviaria no solo afecta al servicio público, sino que podría ocultar una red de irregularidades financieras con dinero público internacional.
Similitudes directas con el desastre de Adamuz
Esta actuación de la Fiscalía Europea sigue una pauta idéntica a las diligencias incoadas el pasado 18 de enero tras el siniestro registrado en Adamuz (Córdoba), también en la arterial línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en el que descarrilaron y colisionaron dos convoyes provocando la muerte de 46 personas. En menos de diez meses, la misma infraestructura bajo gestión estatal ha sido escenario de dos catástrofes de proporciones históricas, acumulando un cómputo global de 115 víctimas mortales.
El trágico accidente de Urda, originado por una concatenación de fallos en el sistema de seguridad y la caída de la señalización, afectó de lleno a convoyes de las compañías Renfe e Iryo que cubrían la ruta entre Madrid y Andalucía. A día de hoy, el balance oficial arroja 69 fallecidos y centenares de heridos, de los cuales 95 de los 110 ingresados en centros hospitalarios de Castilla-La Mancha ya han recibido el alta, mientras concluyen los complejos trabajos de identificación forense.
Filtraciones para inculpar a los trabajadores y la caída de Óscar Puente
La gestión de la crisis por parte del Ministerio de Transportes ha desatado una indignación generalizada. En los días posteriores a la tragedia, la filtración interesada de los audios de las últimas conversaciones entre los maquinistas y el puesto de mando de Adif en Atocha puso de manifiesto un presunto intento del Ejecutivo por desviar la atención y arrojar la responsabilidad de la catástrofes sobre los propios trabajadores. Los empleados de Adif y los sindicatos del sector han denunciado la obsolescencia del sistema de seguridad LZB y el estado crítico de la línea, acusando a la cúpula política de «destrozar la vida» de los profesionales para tapar las deficiencias de la infraestructura.
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Acorralado por la presión social, el escándalo de las grabaciones y la evidencia de una quiebra absoluta en la seguridad del sistema ferroviario, el ministro socialista Óscar Puente Santiago se vio forzado a presentar su dimisión días después del siniestro. Aunque inicialmente se aferró al cargo negando deficiencias de gestión y tildando los fallos de «normalidad», la dimensión del desastre e investigaciones como la que abandera la Fiscalía Europea han terminado por desmoronar al titular de Transportes.