Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía ha dado un plazo de 8 días a las empresas contratadas por la Generalidad para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre las adjudicaciones y se les advierte que de negarse pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos. Madrid (España), lunes 3 de abril de 2017. Fotografía: Una empresa proseparatismo en Cataluña ‘Petróleos Independientes’ del empresario separatista catalán Jordi Russet. Archivo Lasvocesdelpueblo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga en secreto desde marzo del año pasado a las entidades y empresas que están colaborando con la Generalidad de Cataluña para poner en marcha las estructuras del Estado separatista como los servicios de inteligencia y la Agencia Tributaria.
En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalidad en relación a la puesta en marcha de esas estructuras, según informa hoy, lunes 3 de abril de 201, el diario ‘El País’.
Fuentes jurídicas han confirmado a la agencia española de noticias ‘Efe’ ese requerimiento y han señalado que no es el primero de este tipo que se hace en el marco de esta investigación abierta en los años en que Consuelo Madrigal estaba al frente de la Fiscalía General del Estado y Javier Zaragoza en la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ahora con esos cargos renovados tras los nombramientos de José Manuel Maza y Jesús Alonso, respectivamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a dar un nuevo empuje a estas diligencias.
La Fiscalía ha dado un plazo de 8 días a las empresas contratadas por la Generalitat para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre las adjudicaciones y se les advierte que de negarse pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado en declaraciones a los periodistas en un acto público que este asunto «está en curso», pero ha añadido que no puede dar más explicaciones al respecto.
Tras la declaración separatista del 9 de noviembre de 2015 aprobada por el Parlamento catalán, la Audiencia Nacional abrió una serie de diligencias por rebelión y sedición contra varios ayuntamientos catalanes por haber aprobado mociones de apoyo a la resolución, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Hoy mismo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha eximido al concejal ultraviolento de CUP en Vic (Barcelona), Joan Coma, de haber cometido el delito de rebelión y sedición del que le acusaba el fiscal, y se inhibe de las actuaciones en un juzgado de instrucción por si los hechos pudieran considerarse desobediencia o prevaricación.
Joan Coma, que llegó a ser detenido por los Mossos d’Esquadra el pasado diciembre al negarse a comparecer ante el juez, está siendo investigado por hacer un llamamiento en un pleno de Vic (Barcelona) a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el proceso separatista, entre otras, con estas palabras: «Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos».
