Lasvocesdelpueblo y Agencias – Y es que no cabe ninguna duda que por parte de la Acusación Popular, que ejerce el servicio jurídico del partido político VOX mantenga el delito de rebelión. Cuando algunos se frotaban ya las manos, Universidades de 26 países del mundo han reconocido hoy «restricciones sistemáticas» del uso del español en Cataluña, violaciones de los derechos civiles de las familias españolas en Cataluña y agresiones a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Pero, lo más grande llegó hoy con el reconocimiento oficial e internacional de la «violencia» y golpe de estado institucional en el Procés con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el huido Carles Puigdemont Casamajò y, su entones gobierno y el resto del independentismo, quienes en una querella conjunta, llevaron a España y su pueblo ante este tribunal europeo. Madrid (España), martes 28 de mayo de 2019.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Ministerio Fiscal lo hará invocando la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que este martes ha rechazado la demanda presentada por Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
La Fiscalía mantendrá previsiblemente su acusación por rebelión contra los líderes independentistas del «procés» que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo al considerar que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por ellos.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Ministerio Fiscal lo hará invocando la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que este martes ha rechazado la demanda presentada por Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
ACUSACIÓN POPULAR
Los letrados de Vox han pedido las máximas penas para cada uno de los delitos que hubieran cometido cada uno de los acusados del Procés.
Se trata de penas de cárcel que van de 50 años de prisión hasta 74 años de prisión. VOX no se plantea rebajar nada en su escrito inicial.
Mientras la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno de España del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya dijo desde su escrito inicial, ante el Tribunal del Procés, que no había rebelión en Cataluña.
La Fiscalía del Supremo ya respaldó en varias ocasiones al magistrado, instructor del Caso Procés, Pablo Llarena. El magistrado procesó a los delincuentes del Procés por los mismos delitos por los que están siendo juzgados.
