Efe.- Madrid (España), viernes 19 de agosto de 2021. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido procesar a los 13 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en 2019 en Cataluña que presuntamente preparaban sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales por un delito de pertenencia a organización terrorista.
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público reclama procesarles a todos por terrorismo y suma los delitos de tenencia y de fabricación de explosivos para nueve de ellos.
Según la Fiscalía, los CDR son grupos «compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada».
Los 13 miembros de los CDR estaban agrupados bajo el autodenominado Equipo Táctico de Resistencia (ERT) -cuyo iniciador fue Ferrán Jolís Guardiola en 2018- y fueron detenidos en 2019 por supuestamente planear acciones violentas en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.
Todos ellos, añade, «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios».
La Fiscalía define al ERT como «una célula integrada por los investigados» que «evidencian una gran radicalidad» y que forman «un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza que se muestran totalmente entregados a «la causa», habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles».
En su opinión, su objetivo final como organización era «conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión», forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder la separación de Cataluña del resto de España.
Los miembros del ERT han tenido una «participación activa» en los cortes de carretera, vertido de aceite en la carretera para impedir los traslados de los presos del «procés» y levantamiento de las barreras de los peajes.
Además, por orden de un «CNI catalán» planeaban «ocupar el Parlamento de Cataluña, y defenderlo posteriormente» estableciendo bases de «intendencia», para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, con un presupuesto estimado en 6.000 euros.
De entre los investigados, la Fiscalía destaca el papel de Eduardo Garzón Bravo, que «dentro de la organización terrorista ejercía un papel fundamental de dirección, coordinación, dinamización y planificación de las actividades del grupo».
Él fue uno de los asistentes a una reunión celebrada el 10 de julio de 2019, entre fuertes medidas de seguridad, en Montcada Reixach (Barcelona), a la que asistieron varios de los investigados y que «fue concebida como el punto de encuentro de diferentes células que estarían llevando a cabo actividades de fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias»
La misma -continúa la Fiscalía- «fue concertada con el objetivo de coordinar esas actividades además de la logística necesaria para llevarlas a cabo, así como la obtención de la financiación».
