Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha acordado «reactivar todos los procedimientos» para preparar las elecciones catalanas del próximo domingo, 14 de febrero de 2021 (14F), aunque ha alertado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los «riesgos» sanitarios que implica celebrarlas en esa fecha. Barcelona (España), martes 19 de enero de 2021.
Tras la reunión semanal del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, han comparecido en rueda de prensa para reaccionar a la decisión del TSJC de suspender cautelarmente el decreto de la Generalidad de Cataluña que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo (30M).
Anuncia alegaciones, que serán las mismas: sanitarias
Budó ha subrayado que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña «no comparte» la decisión del TSJC porque el aplazamiento responde a unos criterios «sanitarios y epidemiológicos» que «continúan plenamente vigentes», y ha anunciado que este jueves, antes de que expire el plazo a las 10.00 horas, se presentarán «alegaciones» ante el tribunal.
El decreto que aprobó el Gobierno de la Generalidad de Cataluña el viernes, ha asegurado Budó, tiene una «sólida base jurídica» y justifica el aplazamiento porque «las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso electoral».
Tanto Budó como Solé han reclamado al TSJC la «máxima celeridad» para resolver los recursos presentados contra el aplazamiento, para no alargar la «inseguridad jurídica» provocada a su entender por su decisión de suspender cautelarmente el decreto del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
Budó ha hecho hincapié en que el TSJC aún no ha entrado a valorar «el fondo de este decreto», por lo que antes de tomar una decisión definitiva espera que lea «todos los informes» que acompañan al decreto impugnado y no ignore los «criterios epidemiológicos».
Solé, de quien depende el área encargada de procesos electorales, ha destacado que votar en unas condiciones epidemiológicas como las previstas para mediados de febrero puede «poner en riesgo la salud» de los electores, mientras que Budó ha alertado de que ese «riesgo no ha cambiado» desde el viernes.
Cuando se firmó el decreto, ha razonado Budó, los informes y proyecciones epidemiológicas indicaban que la celebración de las elecciones el 14 de febrero «no era recomendable», porque «no está garantizado el derecho a la participación ciudadana», hay «muchas medidas restrictivas» y ese día puede haber «entre 150.000 y 200.000 personas en cuarentena», por ser positivos o contactos de positivo.
Mientras el TSJC sigue analizando los recursos, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha vuelto a poner en marcha todos los preparativos y trámites electorales para poder votar el 14F.
Desde la consejería que dirige Solé ya se ha dado orden de «reactivar todo el dispositivo electoral, a la espera de que el TSJC resuelva de manera definitiva» los recursos contra el aplazamiento.
Así, los ayuntamientos ya pueden continuar con la elección de los miembros de las mesas electorales, ha explicado el consejero.
Por otra parte, las solicitudes de voto por correo que se hayan hecho hasta ahora -unas 35.000 hasta el 12 de enero, según fuentes de la Generalidad de Cataluña- siguen siendo válidas.
Pese a las dudas iniciales jurídicas suscitadas por el decreto ilegal de aplazamiento de las elecciones catalanas del 14F, que abre la puerta a que el vicepresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, firme un decreto de convocatoria de elecciones para el 30 de mayo pese a que el marco legal vigente no contempla esa competencia para un sustituto del presidente, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó (JxCAT) ha avalado la legitimidad del aplazamiento ilegal.
Aragonès «en estos momentos tiene las competencias y las funciones de presidente», ha dicho Budó, que ha defendido la base jurídica del decreto y ha evitado responder a su compañero en JxCat y vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, que ha sugerido alguna «dimisión» tras la decisión del TSJC.
Además, Budó ha manipulado, como siempre, que el aplazamiento ilegal del 14F generó «unanimidad» política —obviando claramente que el PSC se opuso votando en contra y anunciando impugnación, después de considerarlo «ilegal»— y ha descartado que el TSJC pueda mover «aleatoriamente» la fecha electoral: «Si se posponen, 30 de mayo. Si no se posponen, 14 de febrero».
