Lasvocesdelpueblo y Agencias – La golpista exconsejera de la Generalidad separatista Catalana de 2017, Meritxell Serret (ERC), huida de la Justicia en Bélgica durante más de tres años, ha reconocido que pese a que recibió las advertencias del Tribunal Constitucional decidió seguir adelante con el golpe de esta separatista (Procés) por ser «un mandato popular», si bien ha defendido que su departamento no destinó ningún pago para organizar el ataque contra la democracia española desde la Comunidad autónoma de Cataluña el 1 de octubre de 2017 (1-O). Madrid (España), viernes 30 de abril de 2021.
La golpista Serret ha declarado este viernes en el Tribunal Supremo ante el instructor del «Procés» Pablo Llarena que le ha comunicado su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia tras ponerse a disposición del alto tribunal el pasado 11 de marzo.
En declaraciones a los medios, la exconsejera de Agricultura ha calificado su declaración como un «paso consecuente» tras su comparecencia del pasado marzo y tras ser informada de los delitos que le imputan ha expuesto cual fue su papel en los hechos admitiendo la desobediencia pero negando la «malversación» que conlleva la pena de prisión, que finalmente pagará.
«He reconocido haber recibido los requerimientos del Tribunal Constitucional y he asumido los acuerdos de Gobierno que realizamos siguiendo el mandato popular de esa mayoría parlamentaria de impulsar el referéndum», ha señalado la golpista en referencia a los acuerdos declarados todos niños por el Tribunal Constitucional, si bien desde su departamento «nunca se incurrió en ningún gasto que pudiera ser considerado delito», afirma.
Ya en clave política, Serret ha dicho que como diputada de la actual cámara catalana de la XIII Legislatura, continuará trabajando «por una solución política para este conflicto político» que, según ella, ha derivado en un «causa general contra el independentismo».
Como es costumbre entre las filas independentistas, Serret ha estado arropada por una delegación de líderes del supremacismo amarillo en Cataluña encabezada por el presidente en funciones de la Generalidad separatista, Pere Aragonés; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; la diputada de Junts Pilar Calvo y el de CUP Albert Botrán, que han reclamado una ley de amnistía como «solución democrática» en Cataluña.
Serret es una de los cinco miembros del Gobierno golpista de fugados de la Justicia Carles Puigdemont Casamance que huyó de España tras la Declaración Unilateral de la independencia (DUI) del 27 de octubre del 2017 junto al propio Puigdemont y los exconsejeroa Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, estos últimos delincuentes reclamados hasta la fecha por la Justicia española, que el Parlamento Europeo ya ha suspendido la inmunidad parlamentaria de los tres.
No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del «procés» dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.
Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Consejería de Serret.
La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
Por el momento el juez mantiene su imputación por ambos delitos.
