Madrid, jueves 29 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha propinado este jueves un contundente varapalo al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón al incoar un nuevo expediente sancionador contra el presidente del Gobierno por quebrantar el deber de neutralidad institucional que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El órgano arbitral ha estimado la denuncia presentada por el Partido Popular y ha ordenado la inmediata retirada de un vídeo institucional de cariz electoralista grabado por Sánchez en el Museo Reina Sofía ante el Guernica de Pablo Picasso. Paralelamente, la JEC ha expedientado a la ministra portavoz, Elma Saiz, por instrumentalizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para atacar a la oposición, profundizando en un patrón sistemático de uso partidista de la maquinaria del Estado en plena antesala de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 (29N).
El máximo órgano de arbitraje electoral en España ha vuelto a poner al descubierto las maniobras de la izquierda socialista para saquear la neutralidad de los espacios públicos y la institucionalidad en beneficio propio. La resolución aprobada este jueves exige la retirada inmediata del metraje difundido en los perfiles oficiales de Presidencia el pasado 24 de octubre con motivo del Día de las Naciones Unidas, en el que Sánchez recorre en solitario las instalaciones cerradas del museo para proyectar un balance propagandístico de su gestión internacional. La JEC ha remitido además un serio apercibimiento tanto a la Presidencia del Gobierno como a la dirección de la pinacoteca, recordando la prohibición taxativa de emplear medios, bienes e instalaciones públicas para actos de autobombo de clara orientación electoral.
A pesar de que el gabinete de Moncloa intentó justificarse alegando que la grabación no conllevó gastos extraordinarios por realizarse durante la jornada semanal de cierre al público, la resolución es tajante. La JEC determina con claridad que el jefe del Ejecutivo se aprovechó de los medios puestos a su alcance «por razón del cargo que desempeña» para realizar una proclama partidista cuyas manifestaciones «exceden de la exposición de principios generales de política internacional».
La portavocía del Gobierno convertida en un altavoz de embestida electoralista
La quiebra del principio de neutralidad garantizado por el artículo 50.2 de la LOREG no se ha circunscrito a la figura del presidente. El órgano regulador ha incoado un segundo expediente sancionador a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La sanción deriva de sus descalificaciones vertidas desde la mesa del Consejo de Ministros la pasada semana contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de ser un «especialista» en generar «agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social». La JEC ha dictaminado que la representante socialista empleó la tribuna oficial del Palacio de la Moncloa con la clara intención de realizar un «contraste partidista» vedado por la ley.
Por otra parte, la Junta Electoral ha acordado desestimar el expediente solicitado por la formación patriótica Vox respecto a la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al no apreciar infracción en la comunicación sobre las partidas destinadas a residencias universitarias.
Un patrón acreditable de reincidencia y condenas por la LOREG
Las resoluciones adoptadas este jueves confirman el comportamiento reiterado del sanchismo en el abuso de los recursos del Estado durante los periodos de contienda electoral. Con esta nueva incoación, Sánchez acumula ya un total de seis expedientes sancionadores abiertos por la JEC a lo largo de sus mandatos, habiendo sido sancionado formalmente en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo con multas coercitivas tras utilizar la sala de prensa de la Moncloa y las entrevistas institucionales en citas electorales precedentes.
Entre los antecedentes inmediatos figura la sanción ratificada en 2024 por instrumentalizar un acto oficial en favor del candidato del PSC, Salvador Illa, durante la campaña de las autonómicas catalanas, así como el expediente abierto durante los comicios regionales de Extremadura por arremeter contra los pactos entre la alternativa patriótica y el centro-derecha. Este expediente atestigua una estrategia continuada de desprecio hacia la neutralidad que debe regir en las administraciones públicas cuando la ciudadanía está convocada a las urnas.
Las encuestas del 29N afianzan el cambio frente a la desesperación de Moncloa
El incremento de la presión del Ejecutivo sobre los resortes del Estado coincide temporalmente con un escenario demoscópico adverso para el bloque gobernante en las proyecciones de cara al 29N. Los últimos promedios de sondeos publicados otorgan una ventaja holgada a las fuerzas de la alternativa patriótica y de la oposición. El Partido Popular se situaría en torno al 31,5 % – 31,9 % de las estimaciones de voto (aproximadamente 133 escaños), mientras que Vox consolida un crecimiento sostenido alzándose hasta el 18,8 % – 19,1 % de las papeletas (alrededor de 66 diputados). Esta progresión permitiría al bloque patriótico y de centroderecha superar holgadamente el umbral de la mayoría absoluta con una horquilla conjunta que roza los 199 escaños.
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Por el contrario, el Partido Socialista de Pedro Sánchez acusaría un severo desgaste electoral, descendiendo hasta el 26,6 % – 26,7 % de los sufragios (107 diputados), perdiendo más de una docena de representantes respecto a las anteriores legislativas. La atomización del espacio de la izquierda radical —dividido entre la plataforma Frente Amplio (7 %) y la candidatura de Podemos (2,5 %)— deja al bloque de investidura sanchista en unos 149 escaños, imposibilitando la reedición del frente de gobierno y explicando, según los analistas, la intensificación de las maniobras al límite de la legalidad electoral por parte de Moncloa.