Ceuta, miércoles 7 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- El Gobierno de Ceuta remitirá a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la certificación notarial de las comunicaciones realizadas por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas Lara, con La Moncloa en los días previos a la invasión marroquí de Ceuta registrada el 30 y 31 de julio, según han confirmado fuentes del Ejecutivo ceutí. La decisión se produce después de que la magistrada, que investiga presuntos delitos relacionados con la invasión de Ceuta este verano, haya requerido a la representación procesal de la ciudad autónoma que aporte, «a la mayor urgencia», la lista de llamadas efectuadas por Vivas al presidente del Gobierno de coalición socialcomunista, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.
La petición figura en una providencia a la que ha tenido acceso en exclusivo la Agencia EFE y se produce después de la declaración de Vivas como testigo ante la Audiencia Nacional la pasada semana. El Ejecutivo ceutí ha señalado que remitirá la certificación notarial de las comunicaciones realizadas desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la Presidencia de Ceuta durante los días previos a los sucesos. La documentación recoge tanto las llamadas y mensajes efectuados como los intentos de contacto con distintos responsables de la Administración General del Estado. A esta información se suman las comunicaciones mantenidas con varios ministerios, entre ellos Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Política Territorial, que también han sido certificadas para su incorporación al expediente judicial.
Según fuentes del Gobierno ceutí, la existencia de estos contactos ya fue expuesta por Vivas durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional. Posteriormente, el presidente de Ceuta también hizo referencia, en distintas comparecencias ante los medios de comunicación, a las gestiones y comunicaciones mantenidas por la ciudad autónoma durante los días anteriores a las entradas masivas del 30 y 31 de julio. El Gobierno de Ceuta ha precisado, además, que la certificación notarial de estas comunicaciones ya se realizó el pasado viernes, al considerar que se trataba de una documentación cuya solicitud ya preveía el Ejecutivo de Vivas.
Cronología de la invasión silenciada: Toque de queda vecinal y manipulación oficial
La agresión fronteriza estalló la madrugada del 30 de julio de 2026 bajo un absoluto clima de desprotección institucional. Durante el primer día del asalto masivo por tierra y mar, la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno llegó a publicar de urgencia una alerta oficial informando sobre la entrada descontrolada de 40.000 inmigrantes ilegales en las primeras 24 horas. Sin embargo, en una flagrante maniobra de ocultación dirigida desde las altas esferas de La Moncloa, el Gobierno de España forzó la eliminación inmediata de dicha noticia alarmante de su portal y fulminó con un cese preventivo a la funcionaria responsable de comunicación del organismo con el fin de maquillar la gravedad de la crisis.
Pese al apagón informativo estatal, el transcurso de las semanas obligó a las administraciones y al Ministerio del Interior a constatar la realidad del desastre ante el triaje sanitario: la marea humana se consolidó inicialmente sobrepasando las 70.000 entradas hasta confirmarse un balance real superior a los 80.000 invasores marroquíes, una cifra pavorosa que igualó por completo el total de la población autóctona de la ciudad autónoma. El impacto de ver duplicada la población de la ciudad en 48 horas desató el pánico y el desamparo de los ceutíes que, desprovistos de directrices públicas por parte de la Delegación del Gobierno, procedieron de forma unilateral a autoimponerse un toque de queda civil a partir de las siete de la tarde y a levantar vallados perimetrales en barriadas completas como El Puerto y Los Rosales para defender sus propias calles.
Durante el mes de agosto de 2026, el calvario de los vecinos se tornó insostenible debido al estallido de la delincuencia callejera, la ocupación de espacios residenciales y barriadas desmanteladas, y un dramático repunte en las denuncias por agresiones sexuales y abusos contra mujeres y menores ceutíes cometidos presuntamente por grupos de asaltantes ilegales. En el plano de la seguridad nacional, las investigaciones antiterroristas de la Comisaría General de Información detectaron e intervinieron perfiles de alta peligrosidad radical e indicios de propaganda yihadista infiltrados de forma clandestina aprovechando el colapso absoluto de las fronteras físicas.
Alerta por fuertes tormentas, chubascos y granizo en gran parte de España
Los servicios esenciales de la ciudad sufrieron una asfixia operativa sin precedentes históricos. El sistema sanitario ceutí y el hospital universitario colapsaron por completo debido a la masiva demanda de triajes y atenciones médicas a los asaltantes, lo que obligó al Ministerio del Interior a desplegar un contingente de refuerzo masivo de más de 3.500 agentes movilizados permanentemente entre la Policía Nacional y la Guardia Civil para contener los disturbios y el clima de hostilidad. A nivel macroeconómico, la factura de la ocupación ha disparado un gasto extraordinario acumulado de más de 45 millones de euros destinados a la asistencia humanitaria de emergencia y la seguridad, mientras las mafias de la zona siguen lucrándose fletando pateras diarias hacia la costa peninsular.
A fecha de hoy, la crisis se mantiene viva en los tribunales y el Parlamento Europeo, que ya ha calificado formalmente los sucesos como una «invasión» en toda regla instrumentalizada por Marruecos como una estrategia de guerra híbrida contra la soberanía nacional de España. La remisión urgente de las agendas, mensajes y llamadas notariales del teléfono de la Presidencia de Ceuta solicitada por la juez María Tardón resulta un paso judicial clave para determinar si Pedro Sánchez cometió un delito penal al ignorar deliberadamente las llamadas de auxilio de Vivas con tal de salvaguardar sus acuerdos diplomáticos y personales con el régimen alauí de Rabat.