Madrid, miércoles 7 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La intensa lluvia caída durante la tarde de este martes en Madrid, acompañada de fuertes rachas de viento, ha provocado daños en toldos y tiendas de la acampada ilegal de los colectivos zurdos de Plaza de la Puerta del Sol, cuyos integrantes ultras tenían previsto celebrar varias «asambleas» para decidir sobre la «huelga general» y la continuidad de su presión en favor de la okupación e inquiokupación.
Según recoge la Agencia EFE, desde primeras horas de la tarde, los ocupantes ilegales de puerta del Sol han tenido que achicar con cubos y botellas el agua acumulada en los techos de las tiendas y las lonas instaladas en la plaza. El suelo ocupado por las tiendas y los puestos de la acampada ilegal se ha convertido durante horas en riadas de agua, mientras que el viento ha levantado algunas de las sujeciones de las lonas, que han salido despedidas. La situación ha obligado a modificar los «planes previstos para la tarde». Entre las «asambleas» programadas figuraban los colectivos ultraizquierdistas Sindicato de Estudiantes y Sindicato de Inquilinas, convocados para «concretar sus posiciones ante la huelga general».
Sobre las 17:30 horas, la cuenta oficial en redes sociales de «Acampada26s» ya advertía de que las asambleas podían sufrir modificaciones y apelaba a la presencia de personas en el lugar para «mantener la acampada seca y segura». Por parte del Sindicato de Estudiantes, el portavoz de la organización de extrema izquierda Izquierda Revolucionaria en Madrid, Juan Díaz, explicó que están planteando constituir «un grupo motor» en Puerta del Sol para «extender» la huelga general a los barrios y reforzar la conexión entre las movilizaciones y la acampada ilegal.
«Lo que estamos planteando es empezar a constituir un grupo motor aquí para extender la huelga general a los barrios, que se retroalimenten también con la acampada de Puerta del Sol y que este sea un punto de unión y de lucha», señaló. Díaz también advirtió de que los participantes están preparados para resistir ante un posible desalojo de la acampada. «Saben que se intenta desalojar Sol, pero vamos a resistir y que si se produce además ese desalojo, las acampadas venideras y las movilizaciones venideras van a ser mucho mayores», afirmó. El portavoz ultra consideró además un «triunfo» de la protesta que la convocatoria de la huelga general sea ya «inminente», pese a las dificultades provocadas este martes por el temporal.
La burda instrumentalización ultraizquierdista frente a su propio colapso
Estas movilizaciones callejeras de los colectivos comunistas y de la ultraizquierda radical representan una burda maniobra de distracción e instrumentalización ideológica. El objetivo real de agitar las calles y promover la insurrección inmobiliaria responde estrictamente a la necesidad de camuflar el absoluto y estrepitoso fracaso de las políticas del Gobierno central desde el año 2019. Bajo el paraguas del autoproclamado Ejecutivo «progresista» —un eufemismo técnico utilizado para encubrir la coalición del Partido Socialista con comunistas de Unidas Podemos en una primera etapa, y posteriormente refundados bajo las siglas del Movimiento Sumar—, la vivienda se ha encarecido a niveles históricos intolerables para las clases trabajadoras.
La contradicción resulta flagrante: la extrema izquierda gubernamental ostenta las carteras del Estado, diseña las normativas y, simultáneamente, se manifiesta en las plazas contra sus propias estructuras de gestión. El detonante mediático utilizado por estas terminales de agitación comunista ha sido el denominado Caso Maricarmen, el desahucio civil de María del Carmen Abascal, una exfuncionaria del Estado de 87 años con una discapacidad que fue desalojada de un piso residencial en el barrio del Retiro de Madrid. La izquierda radical utilizó de inmediato este caso con un enfoque demagógico para criminalizar a los propietarios particulares y forzar un cambio legislativo que legalice la impunidad de los impagos de los alquileres.
Sin embargo, los archivos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmontan por completo el relato de la ultraizquierda. La aplicación de la legalidad que puso fin al arrendamiento de renta antigua de Maricarmen no se fundamenta en una acción de fondos extranjeros, sino en el cumplimiento estricto de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, redactada, tramitada y aprobada bajo el mandato gubernamental socialista de Felipe González Márquez. Dicha ley, que vino a reformar sustancialmente la antigua legislación franquista de prórroga forzosa, limitó tajantemente a un máximo de dos las subrogaciones de los alquileres de renta antigua nacidos bajo la normativa anterior, abocando el contrato a su obligatoria extinción legal tras el fallecimiento de los titulares originarios.
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A pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez Pérez-Castejón lleva cerca de ocho años gobernando ininterrumpidamente España, ha mantenido intacta dicha legislación socialista de 1994. En paralelo, los archivos y estadísticas del CGPJ confirman que durante la etapa del sanchismo y el comunismo de Sumar y Podemos, se han ejecutado decenas de miles de lanzamientos en todo el territorio nacional, situando la media en aproximadamente 45 desahucios al día en España, de los cuales el 75 % corresponden directamente a impagos de alquileres en el mercado libre de arrendamientos. Tan solo en el año 2025 los tribunales tramitaron un total de 24.540 lanzamientos judiciales, lo que echa por tierra el mito propagandístico del «escudo social» publicitado por el Gobierno socialcomunista.
El absoluto fracaso legislativo del bloque socialista y comunista en materia de vivienda quedó evidenciado tras la vergonzosa e histórica derogación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de dos reales decretos leyes sobre alquileres y vivienda. Dichos decretos gubernamentales, redactados de forma chapucera para intervenir los precios y amparar la inquiokupación, fueron tumbados democráticamente por la mayoría de la Cámara Baja al constatar que provocaban una total inseguridad jurídica, destruyendo las garantías de los propietarios.
Con las acampadas ilegales de la Puerta del Sol, la ultraizquierda intenta movilizar a sus milicias juveniles para culpar al libre mercado y eludir la responsabilidad directa de sus propias políticas restrictivas que han colapsado el mercado inmobiliario nacional.