La juez investiga al golpista jefe de la «Oficina de Puigdemont» por malversación

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FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), AÑO 2019. Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont (d). Efe 

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La juez que investiga al separatista Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del golpista prófugo de la Justicia expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, por su viaje al referéndum de Nueva Caledonia pagado por la Generalidad de Cataluña, ha fijado para el próximo 15 de julio la nueva fecha para su declaración, que se suspendió por el estado de alarma. Barcelona (España), viernes 10 de julio de 2020.

Alay ya fue citado a declarar el pasado mes de abril en esa investigación por malversación, que deriva de una querella de la Fiscalía, pero el interrogatorio se suspendió por el estado de alarma, por lo que el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha señalado una nueva fecha para la comparecencia.

En un comunicado, la Oficina del presidente Puigdemont ha atribuido a cuestiones «políticas» la investigación, que deriva de una querella de la Fiscalía, y acusa al ministerio público de gastar en esta causa más dinero público del que Alay habría supuestamente malversado.

Por ese motivo, la Oficina anuncia que emprenderá los trámites legales necesarios para «pedir explicaciones por este tipo de investigaciones, que van a cargo de todos los ciudadanos».

En su querella, la Fiscalía acusa a Alay y a la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, de los delitos de malversación y prevaricación por los 4.580 euros que la Generalitat pagó por un viaje del jefe de la Oficina de Puigdemont al archipiélago de Nueva Caledonia para asistir como observador al referéndum de independencia celebrado en 2018, en el que los votantes rechazaron independizarse de Francia.

Josep Lluís Alay es una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando el expresidente fue detenido en Alemania, en marzo de 2018, hechos por los que también fue investigado por la Audiencia Nacional, que acabó archivando la causa contra él.

Actualmente, el historiador dirige la oficina de Carles Puigdemont, figura prevista por una ley catalana de 2003 que regula el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat.