Barcelona (Cataluña) Reino de España, martes 17 de junio de 2025. La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de León (Castilla y León), María Teresa de la Peña Valverde, ha rechazado la querella presentada por parte del secretario general de la entidad mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, asociación de profesionales de la Guardia Civil Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Ernesto Vilariño Correa, contra los díscolos antimafia en JUCIL, quienes denuncian conductas no éticas e incumplimiento de los Estatutos por partes de la Secretaría general nacional de esta organización de la Benemérita, su acercamiento al Partido Socialista (PSOE) y al Gobierno de España de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a través del ministerio de Interior, titular del socialista Fernando Grande-Marlaska Gómez.
- Lasvocesdelpueblo ha tenidos acceso, además a 30 documentos relacionados con las crisis sin precedentes en JUCIL.
Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso al auto del Juzgado de Instrucción Número 4 de León, con fecha, 12 de junio de 2025. En él, la Fiscalía alega ante la juez instructora, María Teresa de la Peña Valverde, el incumplimiento, supuestamente en consciencia, de los requisitos del denunciante jefe de filas en JUCIL como: «El escrito de querella es manifiestamente infundado y genérico, cuestión que desde luego sobra analizar, puesto que no se va a entrar en el fondo del asunto, al no cumplirse los requisitos legales» o «no consta ese acto de conciliación, requisitos que en modo alguno puede entenderse cumplido por la sola remisión de un burofax para que rectificaran» y lo peor, consciente de que león no tiene jurisdicción en Móstoles (Comunidad de Madrid) al ser el denunciante un guardia civil, presenta una querella con «domicilio que consta claramente acreditado con la documental adjunta, no siendo vinculante León por el solo hecho de ser o estar aquí la sede de JUCIL, puesto que él denuncia a título personal, no en representación de nadie», subraya el Ministerio Fiscal en sus alegaciones ante la magistrada-juez instructora.
Un secretario general de JUCIL que «utiliza el dinero» de los afiliados para llevarlos ante los Tribunales, sin oportunidad alguna de rectificar para poder seguir en la gran familia de la Guardia Civil y pierde la denuncia.
A continuación, totales del auto que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso.
Juzgado de Instrucción Número 4 de León
Auto
Estima Rec.
Reforma Vs Incoación
En León, a doce de junio de dos mil veinticinco.
ANTECEDENTES DE HECHO
Único- Durante la tramitación del presente procedimiento se ha interpuesto por la representación procesal de J. A. G. C., F. J. G. M., J. L B. S., J. A. L. P. S., R. P. E. recurso de reforma contra la resolución de fecha 31 de marzo de 2025 Auto de Incoación, del que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, demás partes personadas con el resultado que obra en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Deben acogerse favorablemente las alegaciones del escrito de recurso, que ponen de manifiesto la necesidad de revocar la resolución impugnada por varios motivos. En primer lugar, se interpone querella por un delito de calumnias entre otros, sin embargo, la misma no se debió admitir al amparo del art 804 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) puesto que, al ser la misma entre particulares, no constan que el denunciante Ernesto Vilariño Correa haya celebrado acto de conciliación con el o los denunciados, o de haberlo intentado sin efecto.
Analizada la documental adjunta a la querella, no consta ese acto de conciliación, requisitos que en modo alguno puede entenderse cumplido por la sola remisión de un burofax para que rectificaran. Rectificar no es conciliar, y la conciliación en todo caso debió ser judicial. Por ese solo defecto formal, la querella ya debió ser inadmitida, requisito que ni tan siquiera desde el mes de mazo ha sido subsanado, aún conociendo su alegación.
En segundo lugar, se alega que el escrito de querella es manifiestamente infundado y genérico, cuestión que desde luego sobra analizar, puesto que no se va a entrar en el fondo del asunto, al no cumplirse los requisitos legales, la querella de pleno se debió inadmitir y al entender además, como ya se ha resuelto en otro recurso, que ni tan siquiera León tiene competencia territorial para el conocimiento de la misma, al tener el querellante su domicilio en Móstoles (Comunidad de Madrid), lugar donde se habría ejecutado el perjuicio por el cual denuncia. Domicilio que consta claramente acreditado con la documental adjunta, no siendo vinculante León por el solo hecho de ser o estar aquí la sede de JUCIL, puesto que él denuncia a título personal, no en representación de nadie.
En su virtud,
PARTE DISPOSITIVA
Se estima el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal de J. A. G. C., F. J G. M., J. L. B. S., J. A. L. P. S., y R. P. E. contra la resolución dictada por este Juzgado el día 31 de marzo de 2025, que revoco y dejo sin efecto. En su lugar procede inadmitir la querella interpuesta por Ernesto Vilariño Correa.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las demás partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Órgano Judicial.
Lo manda y firma doña María Teresa de la Peña Valverde, magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 4 de León.
El magistrada-juez
El/la Letrado/a de la Administración de la Justicia».
Lasvocesdelpueblo ha tenidos acceso, además a 30 documentos relacionados con las crisis sin precedentes en JUCIL.
Este medio digital ha mantenidos varias conversaciones con fuentes cercanas a los «díscolos antimafia» en JUCIL, cuyos principales objetivos son: poner a JUCIL nuevamente al servicio de sus afiliados, volver a la batalla por la equiparación Real, transparencia en las cuentas, crítica al Gobierno, y expulsar de JUCIL a las organizaciones o entidades o personas vinculadas al Partido Socialista (PSOE), fichadas por la actual Secretaría general de JUCIL, entro otros, explican a Lasvocesdelpueblo.
Afiliados exigen «responsabilidades» a JUCIL tras el archivo de la querella
«Seguimos firmes». «Nuestra prioridad es devolver la integridad a JUCIL, exigir responsabilidades y garantizar que la voz de los afiliados vuelva a ser escuchada», han dicho, exigiendo «responsabilidades» a la Secretaría general nacional de JUCIL.
