La Justicia avala que el juez investigue al entorno de Carles Puigdemont por colaboración con la célula terrorista desarticulada por la Guardia Civil: ‘Sunami Democrátic’

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FOTOGRAFÍA. LA JUNQUERA (FRONTERA ESPAÑA Y FRANCIA), 11.11.2019. Subvertir el orden constitucional y desestabilizar España. La autopista que enlaza España y Francia en el paso de La Jonquera, la vía principal de conexión entre ambos países por carretera, ha sido cortada sobre las 9:00 horas por un grupillo de miembros de la organización terrorista separatista que exige la independencia de Cataluña y la libertad de su presos golpistas del Procés, y, desde el pasado lunes 14 de octubre de 2019,organizan barricadas, atacan a los agentes de la Policía Nacional y Mozos constitucionalistas, queman Cataluña, etc. en protesta por la sentencia condenatoria del juicio procés, investigada por la Audiencia Nacional como "organización terrorista" y se hace llamar «Tsunami Democràtic», ha montado un escenario de concierto musical en medio de la autopista ante la pasividad los mozos del presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), miércoles 29 de septiembre de 2021. La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez del caso ‘Volhov’ de enviar a la Audiencia Nacional a miembros del entorno del expresidente golpista de la Generalidad de Cataluña, huido de la Justicia, Carles Puigdemont Casamajò, y del «estado mayor» que organizó el 1-O ante los indicios de que integraron la «estructura organizativa» de la célula «terrorista» del Procés, ‘Tsunami Democràtic’, una organización terrorista separatista afín a la ‘República Catalana’, desarticulada por la Guardia Civil y actualmente procesada por el delito de «terrorismo».

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso que presentaron las defensas contra la remisión de la causa a la Audiencia Nacional, al que se adhirió la Fiscalía por considerar que la decisión del juez carecía de la «más mínima motivación fáctica y jurídica».

En una causa que permanece secreta, la Audiencia Nacional investiga desde 2019 por indicios de «terrorismo» a la plataforma anónima separatista Tsunami Democràtic, que organizó las principales protestas contra la sentencia a la cúpula del «procés», entre ellas la ocupación del aeropuerto o el corte en la autopista AP-7.

El juez del caso Volhov, que indaga el supuesto desvío de fondos públicos al entorno del puchista huido de la Justicia expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, decidió el pasado mes de junio enviar a seis de los terroristas investigados a la Audiencia Nacional, al concluir que «formaron parte de la cúspide» de la célula terrorista del Procés, Tsunami Democràtic.

Se trata de tres empresarios miembros del «estat major» (estado mayor) que organizó el 1-O -el exconsejero de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí y Oriol Soler, próximo a ERC-, así como el historiador Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Puigdemont y hombre de confianza del expresidente, al que acompañaba cuando en marzo de 2018 fue arrestado en Alemania.

También figuran entre los investigados por Tsunami el informático de Waterloo Jaume Cabaní, a quien el juez vincula con transferencias de fondos a Puigdemont mediante criptomonedas, y la militante de ERC Marta Molina.

Para la Audiencia de Barcelona, del caso Volhov se desprenden «indicios bastantes» de que algunas personas investigadas «estarían integradas en la estructura organizativa de Tsunami Democràtic y participarían de manera principal en las actividades delictivas organizadas y encaminadas a la movilización de la masa social independentista, al servicio del propósito perseguido».

La sala, que descarta que se haya vulnerado el derecho de los imputados a un proceso con todas las garantías, recuerda que Tsunami está siendo investigado por «promover y realizar presuntamente múltiples episodios violentos y coactivos» y que, dadas las «dimensiones» de sus actividades, «requirió organización, planificación, jerarquía, uso de redes sociales y aplicaciones para dispositivos».

En ese sentido, subraya que «el delito de terrorismo», competencia de la Audiencia Nacional, engloba tanto a las personas integradas en bandas armadas para realizar actos delictivos, como los que «cooperen en ellos o provoquen la participación en los mismos».