La Justicia investiga a Alba Vergés Bosch por discriminatoria a Guardia Civil y Policía

Según el juez, la Generalitat inició la vacunación de los agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias el 12 de febrero de 2021 y hasta el 24 de marzo se habían suministrado dosis al 77 % de agentes de los Mossos d'Esquadra, al 68 % de policías locales, al 69 % de los Bomberos de la Generalitat, al 77 % de la Guardia Urbana de Barcelona, al 66 % de los Bomberos de Barcelona y solo a un 3,6 % de policías nacionales y a un 2,8 % de guardias civiles.

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 29.07.2022. La Justicia investiga a Alba Vergés Bosch por discriminatoria a Guardia Civil y Policía. La vicepresidente primera del Parlamento de Cataluña y dirigente de la ultraizquierda separatista ERC, Alba Vergés Bosch. Efe
FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 29.07.2022. La vicepresidente primera del Parlamento de Cataluña y dirigente de la ultraizquierda separatista ERC, Alba Vergés Bosch. Efe

Barcelona (Reino de España), de mayo de 2024 (Efe).- La Justicia investiga a Alba Vergés Bosch por discriminatoria a Guardia Civil y Policía. Según el juez, el 24 de marzo, la Generalitat acordó paralizar la vacunación de los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga a la exconsellera de Salud Alba Vergés por el retraso en la vacunación por el Covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, a la espera de si continúa como aforada en esta nueva legislatura.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el TSJC ha asumido la investigación a Vergés (ERC), de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona concluyese que participó en la decisión «discriminatoria» de suspender el proceso de vacunación a policías y guardias civiles por su «desprecio» hacia estos colectivos.

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La vicepresidente del Parlament de Catalunya, si bien en las elecciones del pasado 12 de mayo no iba en las listas de ERC y por lo tanto ya no es diputada, de forma que únicamente mantendría la condición de aforada si, en función de los pactos postelectorales, fuese nombrada consellera.

El TSJC asumió la causa de Vergés a mediados de abril pasado, según las fuentes consultadas por Efe, tras recibir la exposición razonada del juez de instrucción, que elevó el caso al alto tribunal catalán dada, entonces, la condición de aforada de la exconsellera de Salud.

En caso de que finalmente Vergés no siguiera como aforada, su causa volvería con toda probabilidad al citado juzgado, que mantiene como imputados a varios de sus excolaboradores en Salud.

Según el juzgado de instrucción, el retraso en la vacunación por la Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue «arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria y además también fue «irrazonable e inexplicable», por lo que «solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales».

Vergés compareció en enero pasado ante el juez de instrucción, en una declaración voluntaria como imputada -antes de que su caso se elevara al TSJC-, en la que alegó que el calendario de vacunación se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.

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La causa que finalmente ha comportado la imputación de Vergés se abrió a raíz de la querella de los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar solo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad.

El juez de instrucción acabó implicando a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación a raíz de unos Whatsapps que aportó el exresponsable de Salud Pública durante la pandemia y exconseller de Salud Josep Maria Argimon en el que daba instrucciones para detener el proceso para policías nacionales y guardias civiles: «La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo”.

La exconsellera alegó ante el juez, en su declaración voluntaria, que el mensaje de Whatsapp que la incrimina está descontextualizado y que con la expresión «no podemos argumentarlo» se refería a que no podía justificarse que vacunara a policías nacionales y guardias civiles por encima de otros colectivos esenciales y de la población de mayor edad y vulnerable.

Según Vergés, el calendario de vacunaciones en Cataluña se estableció siguiendo lo acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud, que en su reunión del 22 de marzo de 2021 decidió que se podía reanudar la administración de la vacuna AstraZeneca a las personas de entre 55 y 65 años en general, no exclusivamente de colectivos esenciales.

En la causa en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona se mantienen como investigados el exnúmero 2 de Vergés, Marc Ramentol, que era secretario general del departamento; Argimon, que era responsable de Salud Pública -y que meses después sustituyó a Vergés como conseller hasta que Junts abandonó el Govern-; el exdirector del Instituto Catalán de la Salud Adrià Comella; y el exdirector de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez.

Según el juez, la Generalitat inició la vacunación de los agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias el 12 de febrero de 2021 y hasta el 24 de marzo se habían suministrado dosis al 77 % de agentes de los Mossos d’Esquadra, al 68 % de policías locales, al 69 % de los Bomberos de la Generalitat, al 77 % de la Guardia Urbana de Barcelona, al 66 % de los Bomberos de Barcelona y solo a un 3,6 % de policías nacionales y a un 2,8 % de guardias civiles.

Además, según el juez, el 24 de marzo, la Generalitat acordó paralizar la vacunación de los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña con menos de 60 años -la gran mayoría-, y mantuvo esta suspensión hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un ultimátum a Salud el 27 de abril de 2021 para equiparar su inmunización a la de los agentes autonómicos y municipales en diez días.