Madrid (Reino de España), viernes 5 de abril de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La Justicia rechaza querella contra Sánchez por la amnistía criminal, los acuerdos traidores con sus socios de la antiEspaña. Además, rechaza investigar a los «cooperadores necesarios de los delitos denunciados», miembros del régimen sanchista y Partido Socialista porque para el Tribunal Supremo, se trata de «un acuerdo político» sobre la investidura del candidato sanchista Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia del sindicato Manos Limpias contra el líder del sanchismo y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, por el acuerdo criminal entre PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) y la posterior tramitación de la Ley corrupta de Amnistía criminal.
La Sala de lo Penal ha inadmitido a trámite la denuncia del sindicato, a la que se adhirieron dos asociaciones, por presuntos delitos de usurpación de funciones, prevaricación administrativa y cohecho.
Este sindicato Manos Limpias denunció además el posterior acuerdo entre PSOE y ERC y la tramitación de la proposición de ley corrupta de amnistía criminal.
- Cooperadores necesarios| La Justicia rechaza querella contra Sánchez por la amnistía
La denuncia también se dirigía contra la vicepresidente segunda del régimen sanchsita y líder de la coalición electoral de las extremas izquierdas RESTAR (Sumar), la comunista ultra Yolanda Díaz Pérez; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García; el ministro de Transportes y dirigente del PSOE, Óscar Puente Santiago; el secretario de organización del PSOE y negociador de la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Óscar Cerdán León; y miembro del PSOE y presidente de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez es una política española, como «cooperadores necesarios de los delitos denunciados».
En su auto, la Sala reitera que se trata de un «acuerdo político» y concluye que «los hechos denunciados no son constitutivos de delito a lo que habríamos de añadir que tampoco pueden merecer esa calificación las enmiendas que los diputados, en el ejercicio de su función legislativa, pueden proponer durante la tramitación de una proposición o proyecto de ley».
