La Propuesta de VOX pide aplicar el Artículo 155 en Cataluña «una vez se constate el incumplimiento» de sentencia firme del 25% de español/castellano 

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 12.03.2021. plena de Constitución del Parlamento de Cataluña para la XII legislatura catalana con VOX como cuarta fuerza política en Cataluña. El presidente de VOX Santiago Abascal Conde arropa a los 11 diputados de VOX hasta las puertas del Parlamento regional, concretamente ante el Parque de la Ciutadella de Barcelona. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo).

Redacción.- Barcelona (España), lunes 29 de noviembre de 2021. Parlamento de Cataluña. Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña. Ref;250MAE25112100017. A la Mesa del Parlamento. Joan Garriga Domènech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari dé VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para instar al Gobierno de la Nación a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece la obligación de la Generalidad de Cataluña de garantizar que se imparta al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo catalán, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto:

Exposición de motivos

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha inadmitido mediante una providencia de 18 de noviembre de 2021 el recurso de la Generalidad de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo catalán.

La providencia dictada por el Tribunal Supremo supone la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siendo en consecuencia de obligado cumplimiento para el Departamento de Educación de la Generalidad y para las escuelas catalanas, tal y como dispone el art. 118 de la Constitución de forma tajante: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la, colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto»,

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evidenció la Í realidad, al considerar que el uso vehicular del castellano en el sistema de enseñanza catalán es «residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente.

Según ha transcendido, el consejero autonómico de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros educativos, en la que les insta a seguir trabajando como hasta ahora y a no hacer ningún cambio, a pesar del fallo judicial. Es evidente, por tanto, que la Generalidad de Cataluña no tiene ninguna intención de dar cumplimiento a la sentencia y confía en que el Gobierno de la Nación no actúe.

La flagrante desobediencia del Gobierno de la Generalidad a las resoluciones judiciales ha sido una constante durante los últimos 30 años, en gran medida por la falta de acción, dejación de funciones, y política de pactos de los Gobiernos de PP y PSOE con los partidos separatistas catalanes. La tónica de los Gobiernos de PP y PSOE ha sido el «tú me apoyas en Madrid, y yo te dejo hacer lo que quieras en Cataluña». Ello ha desembocado en que el español sea marginado y arrinconado en Cataluña, hasta el punto que tienen que ser los Tribunales de Justicia los que una y otra vez se pronuncien sobre la discriminación y vulneración de derechos lingüísticos en las escuelas de Cataluña.

El Gobierno de la Nación tiene la obligación de instar incidente de ejecución de la sentencia que obliga a la Generalidad de Cataluña a garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo catalán. En el supuesto de que a pesar de la ejecución de sentencia, el Gobierno de la Generalidad mantenga el incumplimiento a la resolución judicial, de inmediato el Gobierno de España debe aplicar el art. 155 de la Constitución Española, así como iniciar las acciones penales que puedan corresponder por posible delito de desobediencia del Consejero de Educación autonómico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:

Primero: Una vez se constante el incumplimiento por parte la Generalidad de Cataluña de la sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo catalán, instar incidente de ejecución de sentencia, al objeto de garantizar su cumplimiento forzoso.

Segundo: Aplicar el art. 155 de la Constitución Española, una vez se constate el incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalidad de la sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo. educativo catalán.

Tercero: Iniciar acciones penales por presunto delito de desobediencia contra el Consejero de Educación Autonómico, una vez se constate el incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalidad de la sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo catalán.

Cuarto: Iniciar los trámites legislativos que resulten menester para garantizar de forma efectiva y real que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña y en el resto del territorio nacional.

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2021

Joan Garriga Domènech Portavoz del GP VOX

Antonio Gallego Burgos, Portavoz adjunto del GP VOX

Manuel Jesús Acosta Elías, Diputado del GP VOX