
Madrid, jueves 19 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La trama de la fontanería del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) conocida como Caso Leire suma un nuevo episodio de máxima gravedad tras la petición de protección policial extraordinaria presentada ante la Audiencia Nacional por Cintia Rocho, conocida como ‘la Celsa’ y presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho. La testigo, citada a declarar el próximo martes 24 de noviembre ante el magistrado Santiago Pedraz, sostiene que el exjuez imputado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella para indicarle que había que «eliminar» a Beatriz Biedma, la juez instructora que investigó y llevó a juicio al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Amenazas de muerte y escalada de tiroteos en Badajoz
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz, Rocho solicita una evaluación urgente de su riesgo y medidas extraordinarias de seguridad para comparecer el próximo martes 24 de noviembre. La testigo recuerda que lleva años sufriendo amenazas de muerte y subraya que tanto su marido como su padre murieron tiroteados en el año 2024.
Según expone su representación en el documento, el temor por su integridad física se ha incrementado tras el asesinato a tiros de un hombre de 69 años registrado el miércoles 18 de noviembre en Badajoz. Este crimen se enmarca en una escalada de violencia en la capital pacense, donde la Policía Nacional mantiene activos dispositivos especiales de vigilancia para contener los tiroteos e incendios de viviendas y vehículos vinculados a ajustes de cuentas entre clanes rivales.
No obstante, en el mismo escrito presentado ante el tribunal, la testigo precisa que no sostiene la existencia de una vinculación acreditada entre este último homicidio en Badajoz y las amenazas que asegura haber recibido, ni atribuye su autoría a ninguna de las personas investigadas en el Caso Leire.
Las medidas de seguridad reclamadas ante Santiago Pedraz
Dada la trascendencia pública del lugar y el momento de su citación en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid, Cintia Rocho reclama un dispositivo policial específico que garantice su integridad antes, durante y después de su testimonio. En concreto, exige disponer de escolta durante todo el desplazamiento hasta el tribunal, contar con una dependencia reservada y custodiada mientras espera para declarar y recibir protección tanto a la salida del edificio judicial como durante el traslado posterior a un lugar seguro.
Asimismo, la testigo ha solicitado comparecer asistida por un abogado para recibir asesoramiento jurídico durante la diligencia, después de que uno de los investigados en la causa anunciara públicamente su intención de emprender acciones judiciales contra ella. La Fiscalía deberá pronunciarse ahora sobre la procedencia de las medidas de protección reclamadas.
El encargo atribuido a la fontanería del PSOE y la investigación de la UCO
La comparecencia de Rocho resulta clave dentro de las pesquisas que dirige Santiago Pedraz sobre la presunta estructura organizada vinculada al entorno socialista para torpedear procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al entorno familiar de Pedro Sánchez. Según ha trascendido de la investigación y de las manifestaciones de la propia testigo, el exmagistrado investigado José Luis Sáenz de Tejada habría contactado con ella para trasladarle que había que «eliminar» a Beatriz Biedma, quien instruyó en Badajoz las diligencias por prevaricación en la contratación de David Sánchez en la Diputación pacense.
En los informes incorporados al sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó las maniobras de la trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para paralizar causas sensibles. Entre los indicios recogidos por los agentes figura una anotación manuscrita en las agendas de Leire Díez en la que se lee literalmente: «Badajoz. Cuatro jueces de instrucción. Paso 1: Destruir procedimiento». Según el análisis de la Guardia Civil, el grupo pretendía «producir una parálisis» en la causa abierta contra el hermano del jefe del Ejecutivo mediante diversas vías de presión, entre ellas la presentación de denuncias contra la instructora o maniobras para forzar su apartamiento.
Por su parte, en su declaración como investigado en octubre ante la Audiencia Nacional, el exjuez José Luis Sáenz de Tejada negó las acusaciones, sostuvo que no contactó con Rocho para pedirle atentar contra la magistrada y alegó que cualquier referencia a «eliminar» se circunscribía a «un proceso judicial evidentemente». Pese al recurso de Sáenz de Tejada para intentar frenar esta testifical, Santiago Pedraz ha mantenido la citación de Rocho al considerar que «podría poseer conocimiento» relevante sobre los hechos investigados, extremo respaldado por la propia representación de Beatriz Biedma al estimar la prueba pertinente para esclarecer las comunicaciones detectadas en los informes de la UCO.
Cronología del Caso Leire: del estallido de los audios a la personación de Beatriz Biedma
– Mayo de 2025 (Estallido de los audios de la fontanería del PSOE): Se difunden las primeras grabaciones de la exmilitante socialista y exalto cargo en empresas públicas (ENUSA y Correos) Leire Díez, en las que maniobra junto a empresarios y abogados para recabar información comprometedora contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de investigaciones como el caso Koldo y las causas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez. En una reunión celebrada en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, Díez llega a ofrecer acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de «un papelito» para desacreditar al mando de la Guardia Civil.
– 27 de mayo de 2026 (Primeras imputaciones en la Audiencia Nacional): Tras la apertura de diligencias y los primeros informes policiales sobre la red de interferencias judiciales, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acuerda la imputación de Leire Díez, del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, entre otros investigados.
– 29 de julio de 2026 (Ampliación de la investigación): El instructor Santiago Pedraz amplía el círculo de investigados e imputa en la causa al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos.
– 28 de septiembre de 2026 (Admisión de Beatriz Biedma como perjudicada): El juez Santiago Pedraz dicta resolución admitiendo la personación de la magistrada Beatriz Biedma como perjudicada y víctima dentro del procedimiento en la Audiencia Nacional, tras acreditarse en los informes de la UCO que su juzgado en Badajoz era uno de los objetivos prioritarios de la trama.
– 6 y 8 de octubre de 2026 (Nuevas imputaciones y declaración de Biedma): Pedraz imputa el 6 de octubre al exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Dos días después, el 8 de octubre, Beatriz Biedma comparece en la Audiencia Nacional, ratifica su denuncia y relata episodios de seguimiento y vigilancia en su entorno familiar y escolar mientras instruía la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.
– 13 al 28 de octubre de 2026 (Imputación de Sáenz de Tejada y petición de testifical): El 13 de octubre, tras conocerse un nuevo episodio de seguimiento en coche denunciado por Biedma a su regreso de declarar en Madrid y a raíz de los informes de la UCO sobre los contactos con un clan de narcotraficantes, Santiago Pedraz imputa al exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada. Ese mismo día, la defensa de Biedma solicita la declaración como testigo de Cintia Rocho. Sáenz de Tejada declara como investigado a finales de octubre negando los hechos.
– 13 al 19 de noviembre de 2026 (Respaldo judicial y solicitud de protección): La Audiencia Nacional admite también la personación de Foro Judicial Independiente en apoyo de Biedma, Pedraz confirma la citación de Cintia Rocho para el 24 de noviembre desestimando el recurso del exjuez imputado y la testigo presenta su escrito reclamando escolta policial extraordinaria ante el temor por su vida.
