
Madrid, sábado 21 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont Casamajó, ha asegurado en una entrevista concedida al diario El Mundo que su formación aprovechó la «ambición desmedida» de poder del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, «para derrotar a España» y «para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo» durante las negociaciones de la investidura de 2023. Las declaraciones, difundidas en dos entregas por el rotativo madrileño, detallan el alcance de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos independentistas, cuyas contrapartidas legislativas quedaron plasmadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y dieron origen a un prolongado pulso jurídico ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Las revelaciones de Puigdemont sobre la negociación con el PSOE
En la conversación con el jefe de investigación de El Mundo, Esteban Urreiztieta, Puigdemont sostiene que «jamás» ha mantenido un contacto directo, ni telefónico ni presencial, con Pedro Sánchez desde su salida de España en 2017, y afirma que fue el PSOE quien acudió a buscar los siete diputados de Junts para garantizar la investidura. Según su relato, trasladó a los negociadores socialistas que no se fiaban de ellos, pero que intentarían obtener concesiones que dirigentes como el propio Sánchez o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habían descartado públicamente con anterioridad.
El dirigente de Junts explica que planteó al PSOE «dos cestas» de negociación: una de carácter «coyuntural» —relativa a competencias, financiación, decretos, inversiones ferroviarias o ejecución presupuestaria— y otra «fundamental», centrada en la soberanía, el reconocimiento internacional, la lengua catalana y el reconocimiento nacional de Cataluña. Para iniciar esas conversaciones sin «la amenaza de tener que ir a la prisión, de ser extraditados o de tener una mano atada a la espalda», Puigdemont exigió como condición previa la aprobación de una amnistía, sobre la cual señala: «Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no».
Asimismo, Puigdemont confirma que el PSOE aceptó toda la «lista de la compra» presentada por su partido y califica al jefe del Ejecutivo de «una persona amoral y con una ambición desmedida». En la segunda entrega de la entrevista publicada por El Mundo, el expresidente catalán revela también que rechazó una propuesta socialista para hacerse una fotografía con Sánchez en el Parlamento Europeo («No me interesa la foto», afirma) porque reclamaba una reunión política discreta y prolongada. Sobre la posterior crisis entre ambos partidos, niega que el Gobierno llegara a aceptar entonces un concierto catalán o un referéndum de autodeterminación —pese a que, según explica el periodista entrevistador, la posibilidad de una consulta estuvo sobre la mesa en los contactos—, argumentando que Junts se negó a ampliar los acuerdos ante lo que considera incumplimientos previos del Ejecutivo: «No podíamos ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato».
Radiografía jurídica de la Ley de Amnistía: artículos clave y tramitación parlamentaria
El contraste con los diarios de sesiones de las Cortes Generales y el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado permite desglosar la arquitectura legal y el recorrido parlamentario de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (BOE número 141, de 11 de junio de 2024, referencia BOE-A-2024-11776, estructurada en 3 títulos, 16 artículos y 3 disposiciones finales, con entrada en vigor el mismo día de su publicación):
– Tramitación en el Congreso y el Senado: Registrada como proposición de ley orgánica por el Grupo Parlamentario Socialista en noviembre de 2023, la iniciativa superó una primera votación en el Pleno del Congreso el 30 de enero de 2024 en la que los diputados de Junts votaron en contra al exigir un blindaje mayor frente a los delitos de terrorismo y malversación, devolviendo el texto a la Comisión de Justicia. Tras incorporar nuevas enmiendas transaccionales pactadas entre el PSOE, Junts y ERC, la Cámara Baja aprobó el dictamen el 14 de marzo de 2024 (178 votos a favor y 172 en contra) y lo remitió al Senado. En la Cámara Alta, la mayoría absoluta del Partido Popular aprobó un veto el 14 de mayo de 2024, que fue levantado definitivamente por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor frente a 172 en contra.
– Ámbito objetivo y temporal (artículo 1): Extingue la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los actos ilícitos vinculados a la preparación, ejecución y consecuencias de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. El apartado 1.1 a) incluye expresamente la malversación de caudales públicos cuando no haya existido propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial, precisando en el artículo 1.4 que no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a la financiación de los actos del proceso independentista.
– Delitos excluidos y blindaje tras las enmiendas de Junts (artículo 2): El artículo 2 delimita las conductas excluidas de la amnistía. En su letra c), fruto de la negociación posterior al bloqueo de enero de 2024, únicamente deja fuera los actos tipificados como terrorismo según la Directiva (UE) 2017/541 «y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos» (conforme a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Asimismo, la letra e) excluye los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea y la letra f) limita la exclusión de los delitos de traición a aquellos en los que se haya producido «una amenaza efectiva y real y un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».
– Efectos inmediatos y levantamiento de órdenes de detención (artículos 3, 4, 7 y 8): Ordena la extinción de la responsabilidad criminal y civil derivada de los hechos amnistiados, el alzamiento inmediato de todas las medidas cautelares y el levantamiento de las órdenes nacionales, europeas e internacionales de busca y captura y de detención —incluso en caso de suspensión del procedimiento por recurso o cuestión prejudicial—, así como la cancelación de antecedentes penales.
– Reformas conexas en el Código Penal y el Tribunal de Cuentas (disposiciones finales primera y segunda): La disposición final primera modifica el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, para eximir de responsabilidad contable los actos amnistiados, mientras que la disposición final segunda reforma el artículo 130.1.4.º del Código Penal para reintroducir formalmente la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal en el ordenamiento español.
Las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la malversación
Pese al blindaje redactado en el articulado de la Ley Orgánica 1/2024, la aplicación efectiva de la amnistía al delito de malversación de caudales públicos chocó con la interpretación judicial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que dejó fuera de la medida de gracia a Carles Puigdemont y al resto de los principales condenados y procesados del proceso separatista de 2017:
– Doctrina del Tribunal Supremo sobre el «enriquecimiento personal» (autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024): Mediante auto de 1 de julio de 2024 (confirmado en súplica el 30 de septiembre de 2024) en la causa especial 20907/2017, tanto el magistrado instructor Pablo Llarena —respecto a los procesados declarados en rebeldía, entre ellos Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig— como la Sala de Enjuiciamiento presidida por Manuel Marchena —respecto a los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— declararon no amnistiable el delito de malversación y mantuvieron vigentes las órdenes nacionales de detención. El Alto Tribunal argumentó que la norma solo amnistía la malversación cuando no existe «propósito de enriquecimiento» y sostuvo que este requisito sí concurrió porque los responsables desviaron fondos públicos para financiar un proyecto político ilegal sin tener que costearlo con su propio patrimonio, además de apreciar un posible perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea (causa de exclusión prevista en el artículo 2.e).
– Desestimación de los incidentes de nulidad en el Supremo (auto de abril de 2025): La Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó los incidentes de nulidad promovidos por las defensas de los dirigentes separatistas contra la negativa a aplicarles la amnistía por malversación, ratificando que su interpretación se ajustaba al tenor literal de los artículos 1.4 y 2.e de la Ley Orgánica 1/2024 y agotando la vía ordinaria ante la jurisdicción penal antes de que los afectados acudieran en amparo al Tribunal Constitucional.
– Aval general del Tribunal Constitucional a la ley y los recursos de amparo sobre la malversación: Tras admitir a trámite en septiembre de 2024 la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo (que circunscribió sus dudas a los delitos de desórdenes públicos y desobediencia) y los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y dieciséis comunidades autónomas, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó en junio de 2025 sentencia avalando en lo sustancial la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024 —al entender que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía cuando responde a una finalidad legítima del legislador—, aunque estimó aspectos puntuales relativos a la igualdad y al alcance temporal. No obstante, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad general de la ley no anuló automáticamente las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la malversación, cuya revisión quedó supeditada a la tramitación específica de los recursos de amparo interpuestos individualmente por Puigdemont, Junqueras y el resto de implicados ante el tribunal de garantías.
Otras reformas del Código Penal y concesiones vinculadas a ERC y EH Bildu
El recorrido legislativo que desembocó en la Ley de Amnistía estuvo precedido y acompañado por otras normas aprobadas en las Cortes Generales con el respaldo de los socios parlamentarios del Ejecutivo:
– Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2022 y en vigor desde el 12 de enero de 2023): Pactada con ERC, suprimió el delito de sedición —reemplazándolo por un tipo agravado de desórdenes públicos en el artículo 557 del Código Penal— y reformó los artículos 432 a 435 para rebajar las penas de malversación cuando no existe ánimo de lucro personal y los fondos se destinan a un uso público distinto al previsto.
– Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre (publicada en el BOE el 19 de octubre de 2024 y en vigor desde el 8 de noviembre de 2024): Aprobada con los votos de EH Bildu, modifica el artículo 14 y deroga la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, permitiendo descontar las condenas cumplidas en otros Estados miembros —como Francia— del límite máximo de cumplimiento en España, una medida que reduce el tiempo efectivo de prisión de miembros de la banda terrorista ETA.
– Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (publicada en el BOE el 20 de octubre de 2022): Contó con el voto favorable de EH Bildu tras aceptar cinco enmiendas de esta formación, entre ellas la ampliación del periodo de aplicación de la norma hasta el 31 de diciembre de 1983 y la creación de una comisión técnica de estudio sobre vulneraciones de derechos humanos.
Reacciones en la campaña electoral
La difusión de la entrevista ha provocado un intercambio de reproches en plena recta final hacia las elecciones generales. Desde el Partido Socialista, el candidato por Barcelona, Jordi Hereu, ha calificado las declaraciones de Puigdemont de «irresponsabilidad» y «gran error estratégico», reprochándole haber concedido la entrevista a un diario al que vincula con informaciones sobre la denominada Operación Cataluña. Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado a la cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, por el medio elegido por su líder, mientras que el Partido Popular y Vox han utilizado las afirmaciones del expresidente catalán para cuestionar los pactos de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez.
