La ultraizquierda exige «anular el Concordato de 1953» con la Santa Sede y borrar la Iglesia Católica en España

0
717
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 27.09.2201. El portavoz de la ultraizquierda Podemos, Pablo Fernández, este lunes en rueda de prensa desde la sede nacional de la extrema izquierda, desde donde ha advertido al PSOE que no está garantizado el sí de la izquierda radical a los presupuestos de su propio Gobierno con el PSOE. Efe

Redacción.- Madrid (España), viernes 15 de octubre de 2021. El Grupo Parlamentario de la extrema izquierda Podemos e izquierda Unida (Unidas Podemos) en el Congreso de los Diputados del Reino de España ha registrado este viernes una proposición no de ley para su discusión en el Congreso de los Diputados por la que se insta a tomar medidas para garantizar la «aconfesionalidad del Estado y avanzar hacia su laicidad», como la supresión de la asignación «tributaria a la Iglesia católica y poner fin a la financiación pública y las exenciones fiscales a las confesiones religiosas».

Según explica la ultraizquierda en su PNL con fecha de registro 13 de octubre de 2021, que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso este viernes, el Concordato entre España y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, que rigió las relaciones entre España y la Iglesia, que la ultraizquierda tacha de «dictadura fundada en el nacionalcatolicismo» -subrayan desde la formación comunista Podemos- «no fue derogado por los acuerdos suscritos en el período 1976-1979, sino que sirvieron para apuntalarlo, y han llevado a que en la actualidad, la Iglesia reciba cada año del erario público unos 11.000 millones de euros».

«Ninguna confesión tendrá carácter estatal», alegan los ultras y añaden que «el artículo 16 de la Constitución española establece de forma muy clara el principio de aconfesionalidad del Estado».

Sin embargo, añaden, «la Iglesia católica sigue disfrutando de privilegios escandalosos que vulneran la Constitución española».

Dice la extrema izquierda, «la jerarquía católica recibe cada año 11 millones de euros de las arcas públicas». Sin embargo, «está exenta de pagar impuestos como el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI)».

Por lo que consideran desde el Grupo Parlamentario de la ultraizquierda que: «El paraíso de los obispos no está en los cielos». «Es un paraíso fiscal y está en España», dijo Javier Sánchez Serna, diputado de la izquierda radical (Unidas Podemos) y promotor de la iniciativa junto a la también diputada, Martina Velarde.

Para Unidas Podemos, la ciudadanía española «no entiende que en una España aconfesional la Iglesia sea sostenida por fondos públicos y conserve privilegios en los ámbitos jurídico, económico, educativo o cultural» y considera que existe un «amplio consenso social» para poner fin a la «anomalía democrática» que se da en España con la Iglesia Católica y «garantizar así la separación» de España y las «confesiones religiosas».

Además de acabar con los privilegios fiscales, la izquierda radical propone en su iniciativa «eliminar la enseñanza de la religión del sistema educativo, recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y normas posteriores hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio y promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica».

Insisten desde la ultraizquierda que: «La jerarquía católica es la única que goza de otro privilegio, como es el de imponer su religión en las escuelas. Es un trato de favor que atenta contra la igualdad de todos los españoles, los católicos, los creyentes de otras religiones y los que no creen», añadió Sánchez Serna.

«En Unidas Podemos creemos que ha llegado el momento de acabar con estas prebendas que fueron negociadas y acordadas bajo la bota de la dictadura franquista nacional católica. Por eso llevamos al Congreso una PNL para anular el Concordato con la Santa sede y eliminar todos los privilegios de la jerarquía eclesiástica», ha dicho Sánchez Serna.

Sentenció que «el artículo 16 de la Constitución española establece de forma muy clara el principio de aconfesionalidad de España». «Sin embargo, la Iglesia católica sigue disfrutando de privilegios escandalosos que vulneran la Constitución española».