Ofensiva de la ultraizquierda Podemos en una PNL contra los católicos e Iglesia para una República Española «laica»

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), AÑO 2019. La diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados Noelia Vera Ruiz-Herrera junto al portavoz del Grupo Parlamentario de la formación de ultraizquierda, Pablo Echenique Robba (i), durante una rueda de prensa en una sede del partido de la izquierda radical española. Efe

Redacción.- Madrid (España), viernes 15 de octubre de 2021. «A la Mesa del Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Común Podemos-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley (PNL) para su debate en el Pleno, relativa a la adopción de medidas para garantizar la aconfesionalidad de España y avanzar hacia su laicidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española de 1978, en su artículo 16.3, establece el principio de aconfesionalidad del Estado: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Sin embargo, transcurridas más de cuatro décadas desde la aprobación de la Constitución, la Iglesia católica sigue gozando de privilegios incompatibles con el principio constitucional de aconfesionalidad.

El Concordato entre España y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, que rigió las relaciones entre el España y la Iglesia en una dictadura fundada en el nacionalcatolicismo, no fue derogado por los acuerdos suscritos en el período 1976-1979, que sirvieron para apuntalarlo.

En concreto, el Acuerdo entre la Santa Sede y el España, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, clave de bóveda de los acuerdos posteriores, fue firmado antes de la aprobación de la Constitución e incluso cuatro meses antes de la Ley de Reforma Política.

Los acuerdos posteriores que regulan las relaciones del España con la Iglesia son los siguientes: el Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979; el Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979; el Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, y el Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.

Aunque estos concretos acuerdos fueron firmados con posterioridad a la Constitución de 1978 -solo un mes después-, lo cierto es que se negociaron con anterioridad y no se sostienen en la Constitución de 1978, sino en el Acuerdo de 1976 y el Concordato de 1953.

Los acuerdos de 1976-1979 han consagrado los privilegios de la Iglesia contemplados en el Concordato de 1953 en ámbitos como el de la fiscalidad o el de la enseñanza. Según una estimación de Europa Laica (2016), la Iglesia recibe cada año del erario español 11.000 millones de euros.

Por otro lado, es público y notorio que la sociedad española se ha modernizado y secularizado. De acuerdo con el último barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), España ha alcanzado un máximo histórico de personas que no creen en ninguna religión, un 38,7% de la población, y solo el 20% de las personas que se dicen creyentes se declaran practicantes. Además, la sociedad española es plural en cuanto a las creencias religiosas.

La ciudadanía española, incluidos amplios sectores sociales de la Iglesia católica, no entiende que en una España aconfesional la Iglesia sea sostenida por fondos públicos y conserve privilegios en los ámbitos jurídico, económico, educativo o cultural. Por tanto, asumiendo el respeto a las creencias religiosas, existe un amplio consenso social sobre la necesidad de poner fin a una anomalía democrática, garantizar la separación de España y las confesiones religiosas, materializar de una vez el principio de aconfesionalidad de España y avanzar hacia su laicidad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la aconfesionalidad de España y avanzar hacia su laicidad, entre otras, las siguientes:

1.- Impulsar la supresión de la asignación tributaria a la Iglesia católica y poner fin a la financiación pública y las exenciones fiscales a las confesiones religiosas.

2.- Eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión.

3.- Recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y normas posteriores hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio.

4.- Promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica.

5.- Denunciar el Concordato entre España y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, así como los siguientes acuerdos:

6.- Acuerdo entre la Santa Sede y el España, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976.

7.- Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.

8.- Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.

9.- Acuerdo entre el España y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.

10.- Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.

Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2021

Javier Sánchez Serna, Diputado   

Txema Guijarro García, Portavoz 

Martina Velarde Gómez, Diputada».