Lasvocesdelpueblo y Agencias – La consejera de Justicia del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, Ester Capella, ha considerado «evidente» este viernes que las cárceles catalanas han actuado «conforme a la ley» al flexibilizar el régimen penitenciario de los políticos presos, porque ese supuesto está previsto en el derecho, aunque a la Fiscalía «no le gusta». «Las prisiones catalanas son del siglo XXI y los programas se deben adecuar a la realidad social del siglo XXI: hay cosas que son imposibles, y nosotros no nos dedicamos a solucionar imposibles», ha argumentado. Barcelona (España), viernes 28 de febrero de 2020.
En un acto en la cárcel Can Brians de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Capella ha reaccionado así ante los recursos presentados por el ministerio público contra la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a los presos golpistas separatistas, postura que ayer defendió ante el Parlamento de Cataluña el propio fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres.
Según Capella, los condenados por el «procés» solamente «tienen privada su libertad de movimiento, pero tienen sus otros derechos intactos».
Además, la consellera ha defendido la conveniencia de que los líderes golpistas salgan entre semana de la cárcel para trabajar y hacer voluntariado porque, en su opinión, «la prisión debe ser permeable al exterior» dado que forma parte de la «realidad social».
Capella se ha referido también al hecho de que el sistema penitenciario catalán no dispone de programas de rehabilitación adaptados al delito de sedición, por el que se condenó a los líderes del Procés, lo que la Fiscalía remarcaba en sus recursos contra los permisos.
«Las prisiones catalanas son del siglo XXI y los programas se deben adecuar a la realidad social del siglo XXI: hay cosas que son imposibles, y nosotros no nos dedicamos a solucionar imposibles», ha argumentado.
Respecto a si las visitas recibidas por los condenados por el Procés -2.300 antes del juicio-, están dentro de la «normalidad», Capella se ha limitado a señalar que entran en la «legalidad».
Según los datos facilitados por la separatista consejera del gobierno catalán, en las cárceles catalanas hay actualmente 8.400 personas reclusas -incluidos presos preventivos, que son el 19 %- y más de 400 pueden salir semanalmente a trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2.
