Lasvocesdelpueblo y Agencias – El letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, José Luis Martín, y el exsecretario de Economía de la Consejería de Hacienda Juan Antonio Cortecero han coincidido este martes, 24 de julio de 2018, en que aunque las ayudas de los ERE falsos del Gobierno de Andalucía las pagara la agencia pública IDEA, exigían fiscalización previa en la Consejería de Empleo al darlas. Sevilla (España), miércoles 25 de julio de 2018. Fotografía: SEVILLA (ESPAÑA), 24.07.2018. E Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, José Luis Martín Moreno, durante su comparecencia como testigo en el juicio del caso de los ERE falsos del Gobierno de Andalucía. Efe
Ambos han testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
El letrado del Consultivo ha subrayado que «mucha gente piensa que no existía procedimiento» para dar las ayudas pero «sí existía y ese procedimiento es el que se omite» por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, sin que pagarlas a través de IDEA con fondos que le enviaba mediante transferencias de financiación «determine que exista un mayor o menor control» ni dispense de seguir el procedimiento legal.
Ese procedimiento legal lo fijan el Reglamento de Subvenciones de la Junta de noviembre de 2001 y el Decreto regulador de la Intervención de la Junta, que imponen que «todas las propuestas de concesión de subvención tenían que ser fiscalizadas» independientemente del control a posteriori en IDEA del pago.
Para Martín, «se omite el control desde la Dirección General de Trabajo que tuvo que someter esos expedientes a fiscalización previa y no lo hizo» y el hecho de usar transferencias de financiación para enviar fondos a IDEA para pagar las ayudas «no predetermina ni el procedimiento de concesión ni el control que haya de aplicar la Intervención a los actos administrativos» de concesión.
A preguntas del letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el testigo ha dicho no compartir la tesis del interventor general de que no cabía una doble fiscalización (de la concesión de la ayuda y de la transferencia de fondos).
El Consejo Consultivo revisó, tras estallar el caso ERE, 343 resoluciones de concesión de ayudas dictaminando que se había «prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Por su parte, el que fuera secretario general de Economía en la Consejería de Hacienda hasta 2002 y viceconsejero de Presidencia del 2002 al 2009, Juan Antonio Cortecero, también ha coincidido en que «la concesión de una subvención, en la medida en que comporta una obligación de gasto, tiene que estar sometida a control del interventor fuera cual fuera el modo de gestión» e independientemente de la herramienta financiera usada para pagar.
«Quien fuera el órgano gestor que concediera las ayudas está obligado a someterlas a fiscalización», ha incidido, y el uso de transferencias de financiación para allegar fondos a IDEA para pagarlas es «neutro» y no conlleva un posible delito de malversación en sí porque es distinto a la concesión de la subvención «que está sujeta a norma».
Igualmente ha coincidido con Martín en que «las transferencias de financiación tienen el destino que determina la Ley de Presupuestos, lo demás pueden ser opiniones doctrinales».
El juez Juan Antonio Calle le ha preguntado si al ser dos actos distintos la concesión de las ayudas y la trasferencia de fondos a IDEA para pagarlas debía haber dos fiscalizaciones y el testigo ha contestado que «hay dos operaciones distintas que las dos tienen que estar sometidas a fiscalización».
La anécdota de la sesión ha sido que en el descanso, el letrado mayor del Consultivo se ha ido creyendo que su interrogatorio había concluido cuando aún faltaban varias defensas por preguntarle y no se le ha localizado, por lo que en principio comparecerá mañana junto a los testigos a los que no ha dado tiempo este martes, entre ellos el exconsejero de Obras Públicas Luis García Garrido.
