Llega al Reino Unido el caso de tarjeta móvil de Dina Bousselham, la ex asesora de Podemos 

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), JUNIO DE 2020. La ex asesora de la extrema izquierda (Podemos), Dina Bousselham, a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid. Efe 

Efe – Las autoridades británicas han dado el visto bueno a la comisión rogatoria que cursó el juez del caso Villarejo para desplazarse a Gales para aclarar los daños en la tarjeta del móvil de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en la sede de la empresa en la que ella declaró que trató de recuperarla. Madrid (España), lunes 13 de julio de 2020. 

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el magistrado Manuel García Castellón podrá desplazarse a Gales «para averiguar qué actuaciones» realizó la empresa Recuperación Express con la tarjeta, tal y como exponía en el auto en el que acordó solicitar auxilio judicial a Reino Unido.

En esa resolución, el juez de la Audiencia Nacional argumentaba que «el resultado de esta diligencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión» de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal.

Su intención, explicaba en el auto, es averiguar el estado en que Recuperación Express recibió la tarjeta que le remitió el 29 de septiembre de 2017 la pareja de Bousselham -según la documentación que ella misma aportó-, y poder consultar los datos que guarde la empresa al respecto, «incluidas fotografías y descripción del estado en que se encontraba».

A través de esta comisión rogatoria, el juez pretende también conocer el estado de la tarjeta «en el momento de la devolución a su remitente», así como que se interrogue al técnico que la manipuló y al representante legal de la empresa «para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta».

En el auto, el juez destacaba el hecho de que tras recibir la tarjeta del móvil que fue remitida de forma anónima a la sede de Interviú, cuyo director le dio después una copia al excomisario José Villarejo, Iglesias no le dijo nada a Dina «pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular, y que además la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita».

El magistrado cree que la «omisión de Pablo Iglesias» tuvo influencia en la investigación de los hechos que su exasesora «pretendía esclarecer» cuando denunció el robo de su móvil.

Iglesias declaró al juez que cuando recibió la tarjeta del presidente del Grupo Zeta, a donde llegó de forma anónima, la tarjeta funcionaba, mientras que Dina señaló, por su parte, que ella no pudo acceder al contenido de la tarjeta, que según se ha comprobado está parcialmente quemada, deterioro que el juez trata ahora de dilucidar si fue realizado por la empresa.

Estas contradicciones llevaron al juez a retirar a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza del caso Villarejo, a la vez que rechazó «por precipitada» la propuesta de la Fiscalía de citar a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón por estos hechos.

La exasesora de Podemos, que ahora dirige un periódico digital próximo al partido, optó entonces por remitir una carta al juez exculpando a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguraba que cuando él se la entregó funcionaba, y que luego dejó de hacerlo.

El vicepresidente segundo y líder de Podemos ha recurrido su expulsión de la causa, alegando que, a la luz de las diligencias practicadas, «no se ha podido probar aún que el robo del móvil (…) fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima» para perjudicarle políticamente.