Lasvocesdelpueblo y Agencias – VOX, Acusación Popular, pide condenas de 24 a 72 años. La Fiscalía pide para los doce acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno de España del presidente Pedro Sánchez (PSOE), las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición y rechazar, sin explicación alguna, la rebelión que hasta su llegada al poder, tras una moción de censura contra el anterior gobierno de España del expresidente Mariano Rajoy, el presidente Sánchez sí que veía rebelión en Cataluña. Madrid (España), martes 12 de febrero de 2019.
En su primera aparición pública tras meses en prisión provisional, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva lucen en la solapa de su traje la insignia de la Generalitat que acostumbran a llevar los miembros de Consell Executiu.
Por su parte, la exconsellera Dolors Bassa, también en prisión preventiva, no lleva ningún símbolo político, al igual que el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
De los doce acusados, únicamente el exlíder de la ANC y diputado de JxCAT Jordi Sànchez luce pequeño un lazo amarillo, mientras los tres exconsellers que no están en prisión provisional -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs-, no llevan ningún símbolo político en su vestimenta.
Nervios
La Policía Nacional ha identificado a dos individuos por proyectar imágenes de las cargas policiales del referéndum ilegal del 1-O en la fachada del Tribunal Supremo durante la pasada noche.
Los identificados accedieron a la Plaza de la Villa de París donde se encuentra el Supremo y la Audiencia Nacional con un carrito en el que llevaban el material necesario para esta acción difundida horas después por diferentes plataformas independentistas.
El Tribunal Supremo ha iniciado ya el juicio del «procés», en el que están acusados doce líderes independentistas, incluido el exvicepresident Oriol Junqueras, por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI).
En torno a 20 minutos después de la hora prevista, el juicio ha comenzado con todos los acusados sentados en el banquillo, frente al tribunal.
Durante la primera vista se estudiarán las cuestiones previas planteadas por las defensas, con las que solicitarán previsiblemente la suspensión del proceso.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y dos de sus consellers, la de Justicia, Esther Capella, y el de Territorio, Damiá Calvet, presencian esta primera jornada desde el interior de la Sala de Plenos del Supremo, donde ya se está celebrando el juicio. También dos representantes del Parlamento catalán y dos del parlamento vasco.
VOX, Acusación Popular, pide condenas de 24 a 74 años.
La Fiscalía pide para los doce acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno de España del presidente Pedro Sánchez (PSOE), las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición y rechazar, sin explicación alguna, la rebelión que hasta su llegada al poder, tras una moción de censura contra el anterior gobierno de España del expresidente Mariano Rajoy, el presidente Sánchez sí que veía rebelión en Cataluña.
Arranca el Juico Procés
Arranca el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo con doce líderes independentistas sentados en el banquillo, por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.
La expectación es máxima para uno de los juicios más importantes de la historia de España en el que se juzga al exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y los exconsellers; y declararán como testigos, entre otros, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Importante:
La Sala anuncia un receso hasta las 13:45.
Aprovechamos para resumir el desarrollo del juicio hasta ahora:
– El juicio ha comenzado a las 10:15, con quince minutos de retraso.
– El presidente de la sala, Manuel Marchena, ha comenzado remitiéndose a la legislación europea sobre protección de derechos
– Los acusados se sientan todos en el banquillo, frente a la presidencia de la sala, y no junto a sus abogados.
– La primera de las defensas en hablar ha sido la de Oriol Junqueras y Raül Romeva, ejercida por Andreu Van den Eyden. Ha advertido de la posible falta de imparcialidad por la «campaña de criminalización pública constante», y que se han restringido los derechos políticos de sus defendidos. Ha terminado con el deseo de que los acusados queden en libertad provisional.
– Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, exconseller de Interior, ha lamentado que no todos los supuestos autores estén incluidos en la misma causa, y ha negado del delito de rebelión.
– Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, duda también de la imparcialidad del Tribunal y ha pedido la declaración, entre otros, de Carles Puigdemont y del rey, Felipe VI.
VOX
El líder de VOX, Santiago Abascal, considera que el hecho de «que el presidente de la Generalidad de Cataluña esté entre el público y no en el banquillo de los acusados» en el juicio «muestra que el golpe sigue vivo».
Vox ejerce una de las acusaciones en el juicio.
«Hoy nos vemos en la obligación todos los españoles de proteger a nuestro Tribunal Supremo de cualquier tipo de presión de instituciones gobernadas por los golpistas y cualquier presión gubernamental y por supuesto internacional. Seguiremos exigiendo un juicio justo con todas las garantías sin impunidad y sin indultos».
Aclaraciones sobre la participación de VOX, como acusación popular, en el juicio contra los golpistas
¿En qué consiste la acusación promovida por VOX?
VOX, como acusación popular, instó en febrero de 2017 a la investigación de unos hechos que creíamos podían ser constitutivos de delitos muy graves. Posteriormente se comprobó que estos delitos se venían preparando y cometiendo de manera continuada desde 2012, con especial incidencia en el intento de referéndum ilegal de 2014 (en el que iniciamos acciones judiciales por las que fue condenado Artur Mas). La comisión de esos delitos se hizo aún más evidente con el referéndum ilegal del 1 de octubre, y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
Los tres graves delitos de los que acusamos a los encausados son:
1.- Rebelión
La rebelión, el delito más grave que se puede cometer contra el orden constitucional, se describe en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 472 del Código Penal) como el hecho de alzarse violenta y públicamente para fines como el de derogar o suspender la Constitución, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En nuestra opinión es claro que se ha cometido este delito al menos dos veces:
– El 20 de septiembre de 2017, con el intento de toma de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, ante el registro judicial al que estaba siendo sometida, y
– El 1 de octubre de 2017, con la convocatoria ilegal de un referéndum de independencia y la posterior declaración de independencia del 27 de octubre.
La acusación popular pide la condena máxima de 25 años por cada uno de los dos delitos de rebelión cometidos por los acusados.
2.- Organización criminal
Para que una organización sea considerada criminal, nuestro ordenamiento jurídico prevé que concurran las siguientes circunstancias:
– Que exista una jerarquía.
– Que exista un reparto de funciones.
– Que exista un mismo fin delictivo.
Nos parece evidente que los acusados reúnen los tres requisitos. El fin delictivo es claramente la secesión ilegal, la ruptura de España, es decir, la rebelión más arriba descrita. En cuanto a la existencia de una jerarquía y un reparto de funciones, gracias al descubrimiento durante un registro de la llamada «Agenda Jové» y del documento «Enfocat» ha quedado acreditado que existía dicha trama y la estructura que tenía. Josep María Jové, mano derecha y según la Guardia Civil “cerebro” ejecutor de los planes de Oriol Junqueras, tenía documentada en su agenda la trama perfectamente jerarquizada según el siguiente reparto de funciones:
La trama ejecutiva. Esta estaba formada por el gobierno de la Generalidad de Cataluña, con especial incidencia en los siguientes casos:
– Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad y cerebro de la organización criminal.
– Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad, quien dispuso de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para financiar la rebelión.
– Raúl Romeva, responsable de exteriores, y urdidor de la trama escondida en el servicio Diplocat, que utilizaba las oficinas comerciales de Cataluña en el exterior para propagar la ideología del golpe, y regar con dinero público a medios de comunicación extranjeros para obtener su favor mediante inversiones publicitarias millonarias.
– Josep Forn, responsable de Interior, quien puso los Mossos, la fuerza del orden equivalente a la policía en Cataluña, al servicio de la rebelión.
– El resto de los miembros del ejecutivo, que colaboraron y lideraron la rebelión en sus respectivas áreas.
La trama legislativa. Estaba liderada por la Mesa del Parlamento de Cataluña y fue la encargada de crear la legislación que diera acogida formal al golpe de estado. Presidida por Carme Forcadell, produjo documentos tales como el Libro Blanco de transición a la República, o las leyes de transitoriedad, del referéndum, etc.
La trama civil. Regada con dinero público, las asociaciones como Omnium o la ANC lideradas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la AMI (Asociación de Municipios para la Independencia) o a las fuerzas de choque callejeras como los CDR.
La acusación popular pide la condena máxima de 12 años por el delito de organización criminal cometido por los acusados.
3.- Malversación de caudales públicos
Todo lo anterior fue posible gracias a la utilización de fondos y caudales públicos de los que disponía la organización criminal por ser cargos electos que manejaban presupuesto público a cargo de todos los contribuyentes españoles. Es por este delito por el que finalmente se unió a la causa la Abogacía del Estado, ya en febrero de 2018.
La acusación popular pide la condena máxima de 12 años por el delito de malversación de caudales públicos cometido por los acusados.
Conclusión
La iniciativa de VOX en febrero de 2017 como acusación popular fue la que permitió detener el intento de golpe de Estado contra España a cargo de unos políticos separatistas que cometieron graves delitos.
El papel de VOX fue determinante en el inicio de las acciones judiciales en respuesta a los delitos cometidos.
«Celebramos la incorporación al proceso judicial de la Fiscalía General del Estado desde octubre de 2017 y de la Abogacía del Estado en febrero de 2018. Se trata sin duda del proceso judicial más importante desde la promulgación de la Constitución Española de 1978», han dicho fuentes nacionales de VOX a Lasvocesdelpueblo.
Para dichas fuentes nacionales de VOX, «ninguno de los acusados ha sido traído ante la Justicia por sus ideas políticas. En España existe libertad política y en esa esfera cualquiera puede defender sus ideas. De hecho, VOX combate las ideas separatistas en la esfera política», apuntan.
Sin embargo, cuando los acusados -valiéndose de su condición de cargos públicos- «pasaron a cometer algunos de los delitos más graves que se pueden cometer sin derramamiento de sangre, es cuando se les ha dado la correspondiente respuesta judicial».
Por lo tanto, todos ellos «van a ser juzgados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial española, por los graves delitos que han cometido y no por sus ideas», agregan.
Para los acusados de «mayor responsabilidad en este caso, la acusación popular pide la condena máxima de 74 años de prisión por dos», sentencian.
El independentismo
Unos 200 estudiantes -120 según la Guardia Urbana- se han manifestado este mediodía, convocados por el Sindicat d’Estudiants (SE) por el centro de Barcelona contra el juicio del ‘procés’.
El portavoz del SE, Borja Latorre, ha afirmado antes de la marcha que «es un grave error no impulsar la movilización en las calles ante el juicio farsa del 1-O», que es «más propio de la dictadura franquista», porque «venceremos la represión en las calles».
Agentes de los Mossos d’Esquadra han retirado a las decenas de activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que cortaban desde las 12:00 horas la calle Pau Claris de Barcelona en un intento de bloqueo de la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña.
Los Mossos han ido retirando uno a uno -sin que haya habido detenidos- a los manifestantes que se han sentado en la calzada en actitud de resistencia pasiva y que han cortado el tráfico durante cerca de hora y media.
Podemos
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que la celebración del juicio a los dirigentes catalanes por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia «es el fracaso de la política» y ha pedido apostar por «una forma de diálogo honesta».
Abogados y familiares de los acusados salen durante el receso para comer en esta primera jornada del juicio que según lo previsto se retomará a las 16:00 horas, informa Sandra Castells.
La vulneración de derechos fundamentales y la denuncia de un «juicio político» han centrado, en las primeras horas del juicio del «procés», los alegatos de las defensas de parte de los líderes independentistas catalanes acusados de organizar el referéndum del 1-O.
Las referencias al juicio del procés llegan desde fuera de España también. Antes de empezar la vista, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, mostraba su preocupación y aseguraba que el futuro de Cataluña «debe decidirse en las urnas».
Preguntado por el juicio del procés, el expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado que hay que «respetar las reglas de juego democrático, también para cambiarlas» y ha abogado por «la moderación y el diálogo» para conseguir «respuestas sencilla, que no simples», recoge Efe.
González, quien ha hecho una metáfora futbolística de que «si los goles con la mano no valen en el fútbol, tampoco valen en política», ha pedido que no se inventen una democracia «más allá de las reglas de juego» porque, por mucho que se insistan, «una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad».
En cuanto al resto de acusados -todos ellos exconsellers- la intención del Govern -que tiene dos plazas asignadas para seguir el juicio- es que cada acusado esté acompañado por su homólogo actual en el Ejecutivo. La duda surge con Oriol Junqueras pues su sucesor en la vicepresidencia, Pere Aragonés, no podrá asistir a la comparecencia del líder de ERC al ostentar la condición de testigo en la causa, de manera que el Govern todavía no sabe quién vendrá ese día, según las mismas fuentes.
El president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, asistirá a las próximas declaraciones de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los Jordis, según han señalado fuentes del Govern a Efe. Los motivos son diferentes: en el caso de Sànchez, porque pertenecen a JxCat; irá en la declaración de Cuixart por su amistad y sus lazos con Ómnium Cultural -de la que fue presidente-; en el caso de Forcadell, por su antiguo cargo de presidenta de la cámara catalana.
Poco antes del receso, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha calificado la vista oral como «el juicio de la ignominia y el odio contra la disidencia política» y ha zanjado que, a su juicio, esto es «la España real», según recoge Efe. Artadi ha hecho estas declaraciones tras participar en una concentración en protesta por el juicio junto a Ada Colau.
Mientras, en Barcelona, agentes de los Mossos d’Esquadra han empezado a retirar, uno a uno, a las decenas de activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) que cortan desde alrededor de las 12:00 horas la calle Pau Claris de Barcelona, a la altura de la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, según Efe. Esta es una concentración sorpresa enmarcada dentro de las acciones que están desplegando los CDR el día en el que ha empezado el juicio del procés.
Según informa el CGPJ, el motivo de esas «incidencias» es «el envío de peticiones ‘maliciosas’ (más de 40 por segundo) que han llegado a saturar puntualmente la infraestructura». Es decir, que ha sufrido un ataque informático. «El problema ha quedado solucionado antes de las 11:00 horas y la transmisión se desarrolla desde ese momento con normalidad», señala el CGPJ.
El PP
Mientras, el PP ha señalado que va a estar «muy vigilante» durante el juicio porque no va a «tolerar ni una sola instrucción a ninguno de los actores» que van a participar en esta causa. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sugerido en rueda de prensa -recogida por Europa Press- un pacto con los independentistas para indultar a los dirigentes que se sientan en el banquillo de los acusados.
Para García Egea, el bloqueo por parte del PSOE en el Congreso de las iniciativas del Grupo Popular para evitar indultos a condenados por rebelión y la tipificación como delito de la convocatoria ilegal de un referéndum evidencian la «intenciones» de los socialistas al finalizar el juicio. «No se entiende que si el PSOE no estuviera pensando en indultar a los presos posiblemente condenados tras el juicio estuviese bloqueando estas iniciativas», ha enfatizado, según Europa Press.
Dolors Montserrat: «Es la hora de la Justicia, que nos hace iguales a todos. No debe haber ningún delito impune en España. Estos acusados tendrán todas las garantías, las que no tuvimos los catalanes el 1-O (…) Estoy convencida que no quedará impune un golpe al Estado».
Ciudadanos Cs
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido hoy «respeto» hacia el Tribunal Supremo y ha recordado que «van a ser los jueces los que determinen si hay o no delitos, no los políticos».
ERC
Fuentes policiales han informado a Servimedia de que el diputado de ERC Gabriel Rufián, acompañado de un grupo de simpatizantes, ha intentado superar a primera hora de la mañana el cordón de seguridad establecido en el perímetro de la Plaza de la Villa de París, situada frente a la sede del Supremo.
Los policías han impedido a Rufián superar este perímetro porque se comprobó que no estaba entre los acreditados para asistir al juicio.
En todo caso, las fuentes consultadas indican que el diputado de ERC podría haber franqueado este primer cordón si se hubiera identificado como parlamentario del Congreso, aunque, de haberlo hecho, tampoco podría haber entrado en el Supremo, ya que no se había acreditado para la sesión inaugural del juicio.
Observadores internacionales
Al menos dos observadores internacionales de una plataforma llamada International Trial Watch-Catalan Referendum Case (ITW) asistirán al juicio en el cupo reservado al público general.
El tribunal acordó dejar fuera del juicio a los observadores internacionales, que habían sido solicitados por gran parte de las defensas.
En el auto de admisión de prueba, el Supremo explicó que no reservará plazas para ellos en la sala donde se desarrollará la vista porque el juicio será televisado en directo y mediante streaming en la web del Poder Judicial.
Quim Torra
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, asegura en una entrevista que abre la edición digital del diario alemán Süddeutsche Zeitung que la meta del movimiento soberanista catalán sigue siendo crear una república independiente y el regreso del expresident Carles Puigdemont.
«Nuestro plan B es el plan A. España puede cambiar su Constitución.
La república independiente sigue siendo nuestra meta». «También queremos la libertad de los presos porque son inocentes y además el regreso al Gobierno de Carles Puigdemont, de quien me veo como representante mientras tenga que vivir en el exilio», asegura.
