Efe – Las defensas de los miembros de los Comités de defensa de la República Catalana (CDR), integrantes de la célula terrorista separatista de la República Catalana, desarticulada por la Guardia Civil el pasado lunes, 23 de septiembre de 2019, todos acusados de «terrorismo», han pedido al juez de la Audiencia Nacional que abra una investigación para averiguar si la Fiscalía o la Guardia Civil son los autores de una «filtración masiva» de información a los medios sobre la causa, pese a estar bajo secreto de sumario. Barcelona (España), miércoles 2 de octubre de 2019.
En uno de los escritos presentados, al que ha tenido acceso Efe, los abogados piden al juez Manuel García Castellón, que dirige la investigación contra los CDR, que abra una investigación para averiguar quién está detrás de las filtraciones, lo que a su parecer podría constituir un delito de revelación de secretos y otro contra la administración pública.
Las defensas apuntan directamente como responsables de las filtraciones a la Guardia Civil -en concreto, la Unidad Central Especial número 3 que lleva la investigación- y a la Fiscalía, puesto que, recuerdan, el ministerio público es la única parte de la causa que tuvo acceso a la totalidad del auto de prisión publicado en varios medios.
Según recuerdan los letrados, los autos del juez se han publicado de forma íntegra en la prensa, pese a que a las defensas se les notificaron con un fragmento eliminado, por estar la causa bajo secreto de sumario.
Los abogados critican que, mientras ellos «no tienen el más mínimo conocimiento de los hechos» y solo conocen la imputación provisional del tipo penal que se atribuye a los detenidos, los medios publican de forma «exhaustiva» los hechos investigados, lo que incluye hasta vídeos difundidos por la Guardia Civil sobre los registros practicados.
Por ese motivo, creen que es «absolutamente inadmisible» que las actuaciones judiciales de la llamada «operación Judas» sean públicas únicamente para los medios de comunicación «y, en cambio, para las defensas, la justicia se mantenga a puerta cerrada».
En opinión de los abogados, las filtraciones, que incluyen datos personales y familiares sobre los detenidos, están vulnerando el derecho de defensa de los acusados, sometidos a un «linchamiento mediático», y «dejando en saco roto el derecho a la presunción de inocencia que afecta a cualquier persona que se encuentra sometida a un proceso penal».
Los investigados, añaden los escritos, «son objeto de tertulias, artículos de prensa, conjeturas y comentarios, sin que puedan ejercitar ningún derecho a réplica, no solo porque están privados de libertad, sino porque no tienen acceso a las actuaciones».
Por todo ello, los abogados solicitan al juez que abra una pieza separada para averiguar la autoría de las filtraciones, como paso previo a determinar si sus responsables pueden haber incurrido en algún delito o merecen algún tipo de sanción.
Asimismo, piden al juez que obligue a los medios a retirar los enlaces correspondientes a las informaciones que debían permanecer secretas, «por afectar a la intimidad y seguridad de los investigados, el respeto debido a los mismos y a sus familias y a la presunción de inocencia de la que debieran gozar».
